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¿Por qué no cerrar el campo de concentración y la mismísima Base? A punto de iniciar vacaciones de verano el próximo lunes, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se lanzaron presurosos este jueves a decidir sobre algunos asuntos sustanciosos, puestos a su consideración hace ya un tiempito, pero para los que se habían otorgado un paso lento, amparados en la necesidad de la reflexión.
El corre-corre de ahora no melló la sabiduría del fallo: no hay autoridad para hacerles juicios militares a los encarcelados en la Base Naval de Guantánamo, esos tribunales violan las leyes de Estados Unidos y las leyes internacionales, especialmente la Convención de Ginebra.
De inmediato, Bush y los republicanos del Congreso pusieron manos a la obra en busca de una nueva estrategia que les permita hacer «juicios especiales» a los cientos de supuestos miembros de al Qaeda y talibanes que sufren prisión indefinida desde principios del año 2002 en el territorio del sur cubano, también ilegalmente usurpado por Estados Unidos.
Solo diez de los 460 detenidos que aún permanecen en Camp Delta y sus secciones de máxima seguridad, han sido llevados a esos tribunales que ahora la Corte Suprema declara ilegales en votación de 5 a 3, negándole un cheque en blanco a Bush. Pero tres jueces de posición bien conservadora, Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito, apoyaron fuertemente la política del W. con idénticos argumentos a los empleados por el mandatario para justificar su constante agresión a los derechos civiles de su ciudadanía: obstruirá la autoridad y la habilidad del presidente para enfrentar «un nuevo y mortal enemigo».
En una lectura más amplia del fallo judicial, puede considerarse que la decisión impactará también sobre todas las justificaciones «legales» utilizadas por la administración republicana en lo que ahora llaman «lucha global contra el terrorismo» y que le ha llevado a las detenciones indefinidas de extranjeros en Estados Unidos, la vigilancia de llamadas telefónicas y correspondencia electrónica de los ciudadanos estadounidenses con foráneos sin autorización de las cortes, el control y espionaje sobre cuentas bancarias en el exterior, los vuelos y las cárceles secretas de la CIA en otros países, y la aplicación de torturas y métodos extremos de interrogatorios en sus cárceles en Guantánamo, Abu Ghraib, otros puntos de Iraq y en Afganistán.
La mayoría de los magistrados consideraron que el mandatario no tiene autoridad para crear un tipo especial de tribunales militares, ni razones válidas para establecer un sistema que no provee la más mínima protección legal garantizadas por las leyes internacionales. Recordemos que a esos detenidos se les niega la condición de prisioneros de guerra y les llaman «combatientes enemigos».
Sin embargo, aunque loable y digna, la decisión de la Corte Suprema se queda corta en lo esencial: el centro de detención de la Base Naval de Guantánamo —repudiado y denunciado por la comunidad internacional, incluidas instituciones de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, organizaciones defensoras de los derechos humanos, y últimamente hasta por sus aliados europeos—, debe ser clausurado.
En puridad, los cubanos añadimos que la Corte Suprema de Estados Unidos debiera también promover el cierre de la Base Naval de Guantánamo y la devolución de ese territorio robado a Cuba.
