Para evitar que por el desuso se lleguen hasta a malograr las disposiciones legales, nada más saludable que el repaso de cómo se asume su acatamiento, en especial en el mismísimo escenario en que su aplicación significa más justeza y bienestar.
Resulta un modo de evitar que siga saltando hoy el ayer, ese que sobrevive muchas veces amparado en la falta del control sistemático por parte de los encargados en la base y los niveles intermedios. Los dedicados a sacar provecho a esas reacciones ya acuñaron la frase «Hay que esperar a que se les pase el impulso».
En la actualidad, todo indica que desde hace un buen rato ya ese impulso se ha ido transformando para mantener el hacer eficiente en la cotidianidad. ¿Habrá alguien en este mundo, o más allá, donde la vista se pierde en el infinito azul del cielo, que no sepa que sin el debido orden se entorpece el desarrollo? ¡No lo creo!
Está claro que el golpe más contundente para atajar la pifia corresponde al control primario se da el mismísimo escenario en que surge, para cortar de raíz esa estela de sinsabores para unos y ganancias netas para otros.
Consecuentemente, en las visitas de trabajo y de análisis que efectúan las máximas autoridades a los diferentes sectores, en los intercambios con los trabajadores y directivos se comprueba siempre, de una manera u otra, el acatamiento de lo legislado que directamente tiene que ver con su bregar.
Ese proceder deviene atinado debido al innegable hecho de que en ocasiones confirman el incumplimiento en la entrega de un recurso al destino convenido. O funciona el trapicheo a costa del recurso estatal. O se transgreden normativas sobre derechos y deberes.
Sobre este último aspecto saltó al ruedo un ejemplo claro durante la visita a Villa Clara que acaba de realizar Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República.
En el intercambio con directivos en la Unidad Empresarial de Base Granja de Alevinaje de la Presa Minerva, ante la inquietud sobre el salario de los trabajadores se valoró que, de acuerdo con sus resultados podrían ser mayores los ingresos personales.
Frente a esa preocupación le informaron que la Empresa Pesquera de Villa Clara fijaba la distribución de las utilidades. De inmediato les aclaró que está aprobado por ley que las direcciones de las unidades empresariales de base que cumplen los requisitos establecidos tienen facultad para decidir el monto de las retribuciones, y fue tajante al sentenciar que a veces las empresas utilizan las ganancias hasta para intentar tapar otras deficiencias.
Ese ¡está aprobado! dicho con énfasis, refleja que nadie debe intentar ponerle un parabán al pago por resultados, porque lo peor es que limita la productividad y hasta desalienta.
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