¿Qué opinas del Código de las Familias?, pregunto. Muecas, esbozo de sonrisas y ceños fruncidos son las primeras respuestas que recibo de los rostros de algunas personas que acudieron a la consulta popular del texto a la que asistí. Otras pocas personas sí quisieron hablarme con fundamento y varias prefirieron seguir su camino dándose por no enterados de mi interrogante.
Las personas adeptas a la nueva normativa se mostraron tal cual, convencidas de que «este Código es necesario; le hace falta al país algo así, amplio y profundo, con beneficios para todos». Aquellas que también parecían apoyarlo insistieron en dejar bien claro que «todo esto del Código está muy bien para los niños, para los cuidadores, para los ancianos, pero eso del matrimonio entre personas del mismo sexo y que también puedan adoptar, no lo veo bien».
Algunos de los de las muecas y el ceño fruncido afirmaron no estar de acuerdo con la futura legislación, pero al ser interrogados por asuntos específicos planteados en sus artículos fue evidente que no lo habían leído, por lo que su rechazo al Código se reduce a no saber y, sin embargo, oponerse «porque aunque no lo haya leído, he visto videos y posts en redes sociales de personas que saben y que advierten que no es bueno».
Unos pocos minutos de intercambio de puntos de vista con estas personas me deja ver que, además de lamentable, es peligroso que nuestra población desconozca de qué se trata el Código y no aproveche la oportunidad de presentar sus criterios por el bien colectivo.
Recuerdo, entonces, la intervención de la Doctora en Ciencias Jurídicas Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, durante el panel organizado por la Editorial Nuevo Milenio a propósito del Día Internacional de la Mujer.
La miembro de la comisión redactora del Código de las Familias aseveraba que «una cosa es opinar y otra, muy distinta, es pretender limitar el derecho de otras personas a construir su vida y ser protegidos por el derecho, solo porque no comparto la misma idea». He ahí la esencia de lo que nos proponemos.
Los principales conflictos que ha generado el nuevo Código, comentó la especialista, se asocian a la aceptación del matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo, así como al empleo del término responsabilidad parental en vez de patria potestad, basados en diversas formas de ver la vida, que evidencian la fuerza de un modelo patriarcal de nuestra sociedad que cercena, irremediablemente, la comprensión de los objetivos de un texto que desarrolla principios de igualdad y no discriminación.
«Puedo tener una opinión diferente sobre un modelo familiar determinado y por supuesto no practicarlo, pero eso no quiere decir que no apoye que quienes lo desean tener, lo tengan. Aquí se habla de derechos humanos, de protección y garantía y no puedo quitarles esas posibilidades a otras personas».
Coincido con González Ferrer cuando expresó que es este el momento ideal, desde el punto de vista jurídico, para la promoción de la igualdad y la no discriminación en nuestra sociedad. Ello viene refrendado desde la aprobación, hace tres años, de nuestra Carta Magna y todavía es preciso sensibilizar y capacitar a los profesionales, juristas y de otras áreas y, sobre todo, a la población, «para que no preste oído a criterios e interpretaciones de terceras personas que, por ignorancia en algunos casos o por malas intenciones, manipulan los contenidos».
En definitiva, abogamos por mayor cultura jurídica, por una cultura de derechos para todos. Y como exhorta la experta, debemos comprender los límites entre una opinión y una posición discriminatoria.
23
