En las colas, ese inevitable apéndice del día a día del cubano, piden el último con asiduidad el oportunismo y la indisciplina. Acompañan a coleros y revendedores en sus búsquedas para acaparar cuanta mercancía surten y luego, a la vista de todos, expenderla con precios de espanto.
Justo entre esos grupos, fácilmente identificados y de los que se ha hablado bastante, en Sancti Spíritus pululan no pocos con un carné que los identifica como personas con alguna discapacidad, quienes desvirtúan los beneficios de la Carta Circular No. 11/2000 del Ministerio del Comercio Interior (Mincin), por la que se les prioriza en el acceso a los establecimientos vitales para la cobertura de sus necesidades; un derecho justo que no debiera ser
empleado para avivar un mal extendido como verdolaga.
Por eso irrita ver reiterarse algunos rostros en las afueras de los centros expendedores; personas que, enviadas por familiares sin ningún tipo de problemas o por el afán de ganar unos «quilos de más», abusan de su derecho para monopolizar los escasos productos a la venta.
Para coartar el fenómeno estamos todos, desde quienes departimos con estas personas en los espacios públicos y los vecinos que conocemos sus «hojas de ruta», hasta las administraciones, dependientes y organismos facultados para aplicar cuanto decreto se ha aprobado con el objetivo de detener esas conductas. La máxima dirección del país, tras reconocer con transparencia en más de una ocasión la tensa situación económica por el asfixiante bloqueo y las secuelas pandémicas, también ha llamado a enfrentar a «pillos».
Por supuesto que enfrentarlos no
significa negarles la entrada, como ha ocurrido también en más de una ocasión bajo el pretexto de que forman parte de grupos vulnerables. Se trata de controlar, organizar y hacer cumplir la ley a quienes obstaculizan la adquisición de productos a un mayor número de personas.
Resulta trascendental, entonces, que en el afán de evitar erradas interpretaciones y sortear las excusas prendidas del déficit de productos y el derecho que concede el carné «abre caminos», se sea consecuente en la evaluación de los núcleos familiares y replantear su inclusión en medidas aplatanadas a cada contexto.
Los trabajadores sociales deben desempeñar un rol más proactivo en los análisis para conocer con pelos y señales la situación económica de cada una de esas personas y velar por acercarles alimentos e insumos a quienes realmente lo necesiten por vivir solos o con enfermos.
Del mismo modo, la Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores (Aclifim), la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI) y la de Sordos de Cuba (Ansoc), y los delegados de circunscripción del Poder Popular, deberían recordarles a los familiares obligados la necesidad de intensificar la atención de esas personas, a fin de que no se expongan al mortal virus. Esa sería una real muestra de protección a grupos vulnerables, parte de la sabiduría y humanismo que sostienen a nuestro proyecto de país.
No es secreto, porque lo han dicho dirigentes, expertos y cuanto egresado de la universidad de la calle encontramos: demora el regreso de un escenario económico holgado. Mas dicha realidad no puede seguir permitiendo que además de la escasez generadora de incertidumbre y ansiedad, haya quienes «marquen» con malos fines aprovechándose de un derecho que es conquista social.
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