Nuestro pueblo tiene en sus manos una nueva vía legal que busca desterrar el abuso y atropello que no pocos pillos ejercen para con sus semejantes en desiguales compraventas de por medio. Y es que los listados de los precios topados en varios productos y servicios se convierten en santa palabra en estos tiempos.
No se trata de que protagonicemos una guerra violenta, sino que exijamos nuestros derechos, muchas veces apabullados por quienes ponen las ganancias a su favor. El Estado dio el primer paso: frenar la tendencia de elevar precios de manera desenfrenada por los trabajadores por cuenta propia, sobre todo tras el incremento salarial en el sector presupuestado. Ahora le toca controlar y a los consumidores respaldarlos para que no sea una medida ocasional.
Si bien es cierto que las Direcciones Integrales de Supervisión cuentan con inspectores que, junto a la Policía Nacional Revolucionaria, impiden que las fechorías en mostradores se esparzan como hierba mala, no hay en toda Cuba tantos como para que eviten ese tipo de violación. Por eso la participación ciudadana en este proceso que implica tiempo, control y constancia, sobre todo para cambiar subjetividades y costumbres, resulta vital.
Además de exigir con el conocimiento de hasta cuánto está establecido expender determinado producto para que no se adulteren en tablillas o costos «reales», esos que proponen bajito cuando se pregunta el precio de las tantas libras pesadas, están otras muchas vías de denuncia: teléfonos estatales, oficinas y centros de trabajo, los portales del ciudadano, medios de comunicación… cuanta mediación se encuentre para fortalecer la medida con olor a estreno.
Algunos servicios ya se han negado a continuar porque al sacar cuentas consideran que lo establecido les genera pérdidas o risibles ganancias. Una resistencia propia cuando algo nuevo toca a las puertas. No obstante, sí se deben mirar a capítulo algunos precios de productos estatales, sobre todo por la ausencia de un mercado mayorista, para así lograr un equilibrio, si es que es posible.
Al final nuestro Estado siempre ha apostado por desterrar cualquier tipo de expresión de desigualdad y ha apoyado e impulsado todo lo que signifique salir adelante con justicia social.
La idea ha sido clara: el tope de los precios de varios productos y servicios no es sinónimo de freno para los cuentapropistas, sector significativo para la economía del país, sino para aligerar los bolsillos de la población que aún con el aumento salarial no encuentra la fórmula exacta para acomodar en igualdad de condiciones necesidades, gustos y placeres.
Por tanto, llegó el momento que obliga a la suma sin equívocos entre el control estatal y popular para enfrentar cualquier ganancia desmedida, arbitraria y desigual de los pillos que conviven en esta sociedad.
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