El célebre filósofo y político inglés Francis Bacon aseguraba que «el que no aplique nuevos remedios debe esperar nuevos males, porque el tiempo es el máximo innovador». La expresión se ajusta perfectamente a las decisiones anunciadas el pasado 10 de julio y publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria No.35, acerca de las nuevas normas que implementan la política para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia y su sistema de control.
No pocas incógnitas emergieron tras conocerse estas disposiciones: ¿por qué seguir esperando para dar rienda suelta al cuentapropismo, si hace casi un año fueron congeladas 27 licencias? ¿Cómo lograr rectificar las deficiencias y las desviaciones detectadas durante este período? ¿Cómo facilitar el desempeño de los cuentapropistas a partir de un mayor dominio de cómo ejercer su actividad dentro de la frontera de lo lícito?
Ante esas interrogantes, las autoridades vinculadas con el proceso han reiterado que se trata de una etapa para asimilar cabalmente las nuevas normas jurídicas, pues sería imprudente que los trabajadores por cuenta propia no sean capacitados en los beneficios, derechos y deberes que ahora se incluyen en los 20 documentos jurídicos.
Como han explicado los especialistas, no se eliminan actividades, pero sí hay modificaciones sustanciales en el alcance de algunas licencias, en la forma de prestar los servicios, los horarios y el lugar donde ubicarlos, así como se estipula que 9 000 trabajadores de todo el país (el 50 por ciento de ellos en La Habana y el nueve por ciento en Matanzas), tendrán que quedarse con una sola licencia.
A partir de la entrada en vigor de las medidas existen nuevas actividades que requerirán licencias sanitarias y se establece la apertura de cuentas bancarias para otras; también se elimina la prohibición de arrendar a personas jurídicas las viviendas, habitaciones y espacios, lo cual podrá hacerse incluso en CUC, y para colocar un signo distintivo de la actividad habrá que inscribir el cartel en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.
Igualmente, en el caso de la capital, se aprobó realizar un experimento para los porteadores privados que ofertan servicios en yipis, autos, paneles y microbuses con capacidad de entre cuatro y 14 plazas, y hasta se fija la obligación de un consumo mínimo anual de combustible. Otra ventaja adicional es que ahora solo existe un cuerpo legal regulatorio de las infracciones, lo cual puede favorecer mayor control.
Como puede verse, no son pocos los cambios y especificidades. Por ello, como decía recientemente un funcionario cubano, hay que ofrecer un margen para «digerir» lo establecido. Y más cuando hay normas que no son solo para los cuentapropistas, sino para todas las personas jurídicas, como las modificaciones relacionadas con la licencia de operación del transporte y el dictamen de seguridad que se aplicará para los equipos de recreación.
Ante lo dispuesto, es entendible que surjan otras preguntas: ¿estarán nuestros bancos preparados para asimilar con eficacia esta nueva responsabilidad? ¿Habrá suficientes tarjetas magnéticas disponibles para las operaciones que se realizarán? ¿Podrá la gerencia de Fincimex garantizar el combustible disponible para las operaciones que necesitarían los cuentapropistas? ¿Serán lo suficientemente eficientes los servicentros en su gestión para cumplir la parte que les corresponde? Es previsible que los cinco meses previos a la entrada en vigor de lo regulado ayude a evitar cualquier posible incoherencia.
De lo que se trata es de dar renovado y justo impulso a una forma de gestión que ha traído no pocos beneficios, entre estos el de crear cientos de empleos, incrementar la oferta de bienes y servicios con calidad aceptable, incluido al turismo internacional en algunas áreas, así como la extensión de los servicios de restaurantes y de hospedaje.
Lo lógico y previsible debería ser que luego de este período, los funcionarios públicos que velarán por la concreción del paquete de medidas no incurran en la burocratización de los trámites administrativos, los cuales se redujeron sustancialmente, expliquen con objetividad el perfil de las autorizaciones, abandonen la lamentable práctica de las inspecciones en masa o la aplicación desproporcionada de contravenciones ajenas a lo estipulado.
También sería muy sanador que entre los casi 600 000 trabajadores vinculados con esta forma de gestión se abandonen prácticas como la utilización de materias primas y materiales de procedencia ilícita —para lo cual se demanda un mercado mayorista abastecedor potente—, el incumplimiento de las obligaciones tributarias o la subdeclaración de ingresos.
Calibrando todo lo anterior se puede entender mejor el sentido de esta prórroga. Como dice un viejo refrán: «El que esperar puede, alcanza lo que quiere». Se trata de un plazo para conocer en profundidad, para explicar, meditar y que no existan malinterpretaciones o errores… y para asegurar lo que ha dicho el Primer Secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, sobre que «no vamos a retroceder ni a detenernos, ni tampoco permitir estigmas y prejuicios hacia el sector no estatal, pero es imprescindible respetar las leyes, consolidar lo avanzado, generalizar los aspectos positivos, que no son pocos, y enfrentar resueltamente las ilegalidades y otras desviaciones que se apartan de la política establecida».
Miradas desde esta perspectiva, estas disposiciones son los «nuevos remedios», por lo menos ahora, para recomenzar el ascenso sólido de esta forma de gestión no estatal que desde su ampliación en 2010 ha ofrecido esperanzas y empleo digno a casi 600 000 personas. Dejemos entonces que el tiempo haga su papel de máximo innovador.
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