El fin del pasado año y el prólogo de este vino para Villa Clara con una resonancia amarga más allá de sus límites geográficos. Accidentes en las parrandas y de tránsito que, a pesar de ser más recurrentes, siempre causan lamentaciones, en especial, cuando la muerte se lleva a destiempo a la vida.
Hubo uno en diciembre, primero en Remedios —el de mayor magnitud—, después otro en Zulueta, y ahora en Camajuaní, percances en las tradicionales fiestas que por desacostumbrados originan, si cabe, un impacto mayor y desatan los mil y un comentarios de todo tipo.
Que haya accidentes de tránsito está dentro de los cálculos de las posibilidades reales por diversos factores, empezando por la altísima circulación de vehículos diariamente, el irrespeto de los conductores al derecho de vía, manejar después de haber ingerido bebidas alcohólicas, exceso de velocidad, desperfectos técnicos... sin obviar los causados por animales sueltos en las carreteras o el mal estado de estas.
La gente, aunque lamentan sin reparos estas desgracias, por su alta frecuencia, están más habituadas a convivir con esos hechos. Incluso no es usual ni reportar accidentes del tránsito en los que solo hayan ocurrido heridos.
Otra cuestión bien diferente resulta un siniestro, de súbito, en unas parrandas o en cualquiera fiesta a la que concurren cientos de personas. Este hecho crispa y desencadena el enjuiciamiento público que atina solo a admitir, entre las tinieblas por develar, un razonamiento: irresponsabilidad.
A la larga predomina siempre esta razón porque de los descuidos suele cebarse la tragedia, como ocurrió en las parrandas de Remedios. Allí hubo negligencia, según una información publicada en exclusiva en el periódico villaclareño Vanguardia, cuyo texto afirma que en la investigación, ejecutada por un equipo multidisciplinario del Ministerio del Interior en la provincia, en coordinación con un grupo de expertos en el manejo de artefactos pirotécnicos, arrojó que el hecho se produjo al ocurrir dos explosiones en el perímetro delimitado para el lanzamiento de los fuegos artificiales.
De acuerdo con la indagación, el accidente se produjo como consecuencia de numerosas infracciones a la seguridad cometidas por los encargados de la actividad de los respectivos barrios parranderos, quienes violaron el Decreto Ley 225 de 2001 —que norma el empleo de explosivos industriales, medios de iniciación, sus precursores químicos y productos tóxicos—, amén de otras irresponsabilidades que involucran también a las autoridades competentes que debían garantizar el buen desarrollo del hecho cultural.
Luego del incidente remediano, que confirmó la incongruencia en el lanzamiento de los fuegos artificiales, se aplicaron medidas organizativas con el fin de lograr una mayor seguridad. Pero tampoco se pudo evitar un accidente en las parrandas de Zulueta ni en las de Camajuaní, aunque, por suerte, de menores consecuencias.
Tres siniestros en raya han puesto en jaque a uno de los elementos de la fiesta más atrayentes, amparados en juicios justificados sobre lo imprescindible de comprobar que estén en buen estado los fuegos, que sean manipulados por verdaderos especialistas en el tema, que se reduzca la tiradera y que se separe al público de los lugares donde se disparan.
Bienvenido sea todo lo implementado para eludir los incidentes que empañan una de las fiestas más genuinas, sin olvidar que los artefactos pirotécnicos, por sí solos, nunca resultan los culpables, sino los que están detrás de estos.
Sin ánimo de justificar o tirar una toalla, sí debemos reconocer que los otros batacazos, posteriores a Remedios, resultaron inferiores debido a que la alerta inicial se tuvo muy en cuenta. Y seamos objetivos, donde hay fuego, un dilema inherente a las parrandas, siempre estará presente el riesgo de la detonación inesperada, pero quitarles ese sello distintivo sería admitir la ineptitud o la torpeza. Así de sencillo, así de lógico.
20
