Parecía que ya todo estaba inventado en materia de agresiones contra los más vulnerables, y no hablo ya de las intervenciones armadas, su expresión más brutal; tampoco de las solapadas tras la injerencia política y los condicionamientos derivados de la dependencia que da la pobreza… ni siquiera me refiero a los muy novedosos y en otros momentos impensados «golpes suaves», como han dado en llamar a las deposiciones supuestamente «constitucionales» que por vía de artimañas diz que legales, han sacado del poder a presidentes cuya limpia elección en las urnas era garantía de la muy bien aquilatada democracia burguesa a usanza hoy.
Lo que presenciamos ahora constituye una nueva forma de extorsión con rémoras, desde luego, de un pasado reciente, que por eso mismo tiene que ser superado. El default técnico, parcial o selectivo, como se ha catalogado eufemísticamente a la impuesta e injusta cesación de pagos decretada por un tribunal estadounidense a Argentina, rebasa los ámbitos financieros y constituye, querámoslo o no, una encrucijada política.
Para entenderlo es imprescindible comprender la sinrazón del dictamen emitido por el juez neoyorquino Thomas Griesa al impedir el stay solicitado por ese país para pagar a los acreedores que participaron en la renegociación de la deuda, aun sin resolverse el dilema con los muy bien calificados como fondos «buitre» (como sabemos, una tenebrosa ave de rapiña). De ahí emerge la inédita y escandalosa situación de ese default que no obedece en ningún modo a insolvencia financiera de Buenos Aires, sino a la decisión del magistrado que congela y detiene la posibilidad de pago de la nación conosureña. Quinientos treinta y nueve millones de dólares depositados por este país en bancos de EE.UU. para pagar a los acreedores que accedieron a la renegociación de la deuda conseguida en los años 2005 y 2010, están en un limbo: ni se les deja a esos tenedores de bonos cobrar, ni se les devuelve el dinero a sus dueños soberanos. Otros 600 millones fueron pagados al Club de París.
Se trata de una medida que buscó inútilmente presionar al Gobierno de Cristina Fernández hasta que, faltando apenas horas para que venciera este jueves el plazo dado a la «negociación» en favor de los fondos buitre, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, se mantuvo en sus trece y ratificó que su país no accedería a un acuerdo que lastimara a su ciudadanía por no ser justo, ni equitativo, ni sostenible.
Lo que los fondos buitre pretenden es el pago contante y sonante, de manera inmediata, de los 1 330 millones de dólares a que equivale ahora la parte de la deuda comprada por apenas el siete por ciento de los acreedores que no accedieron a la renegociación: una friolera de dinero en la que, en virtud de la especulación, se convirtieron los bonos que ellos adquirieron en su momento por el devaluadísimo precio equivalente a unos 20 centavos por cada dólar. Bueno, como se sabe, las aves de rapiña comen carroña.
Argentina, por tanto, no solo está defendiendo no volver a endeudar al país; también está haciendo valer su soberanía. Acceder al reclamo de los carroñeros no solo significaría una erogación injustificada y desangradora; además, pondría en vigor automáticamente la denominada cláusula RUFO, adoptada por la nación durante los canjes de deuda, que establece pagar a todos los acreedores por igual. ¿O acaso le pasaría por encima a sus propias leyes?
Pero hay más para pensar que la decisión de Griesa tiene todas las pintas de una jugada tramada para que sus fichas dieran jaque mate y decapitaran al rey. De otro modo, no habrían sido desestimadas las propuestas llevadas a la mesa por Kicillof para llegar a un acuerdo plausible: negociar en condiciones similares al resto de los acreedores, lo que significaría para los poseedores de fondos buitre, ganancias de hasta 300 por ciento.
Otros trascendidos a tenor de los acontecimientos resultan aun más inquietantes, como las reflexiones publicadas en el diario británico The Guardian por el analista Mark Weisbrot, quien sugiere preguntarse, entre otras interrogantes, por qué si hasta el FMI estuvo en contra, en primera instancia, del falaz pedido de los tenedores de fondos carroñeros, la institución después no ha actuado para impedir el atraco. O por qué no ha intervenido la Corte Suprema de Estados Unidos.
No resultan sorprendentes ni carecen de base las especulaciones formuladas al respecto por Weisbrot quien, como se persigue a un asesino en una novela de Agatha Christie, confiesa, busca la punta del hilo en el American Task, una agrupación conocida como Grupo de Tareas Estadounidense para Argentina, liderada por ex funcionarios de la administración Clinton que, revela, gastó el año pasado más de un millón de dólares en este caso.
Y también están, dice textualmente, «los sospechosos habituales en el Congreso», mayormente neoconservadores, «y la delegación de la Florida»: individuos con aliados dentro del ejecutivo de Estados Unidos en busca de castigo a un Gobierno «de izquierda». Ellos, asevera, también habrían hecho cambiar de parecer a la administración que, pensando en un principio en los mercados financieros antes que en réditos políticos, había decidido primero interceder ante la Corte de Nueva York en contra de la medida de Griesa.
¿De qué estamos hablando entonces? Obviamente, Argentina está enfrentando lo que parece una torcedura de brazo por parte de los más recalcitrantes y derechistas grupos de poder y, como estos se resisten a la América Latina nueva, mañana podrían tratar de dar otro tirón de orejas a cualquier vecino del continente. ¡Claro!, si la región los deja, lo cual, a esas alturas, es difícil de suponer. Argentina está ahora a la vanguardia en esa resistencia.
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