El latifundio que conforman las áreas infectadas de marabú perdió terreno en Cuba luego de la aplicación del Decreto-Ley 259, aprobado desde 2008 para poner en producción las llamadas tierras ociosas.
La primera y segunda leyes de Reforma Agraria, en los primeros años del triunfo de la Revolución, pusieron fin al latifundio de los terratenientes que encabezaban empresas azucareras norteamericanas y acólitos representantes de una peculiar burguesía cubana.
Ese fue un mal que acompañó al período colonial y a la seudorrepública, y llevó al campesino al camino real o a vivir un régimen semifeudal, recibiendo míseros salarios o entregando gran parte de la cosecha al dueño de la tierra.
Se podrían enumerar miles de ejemplos, sintetizados en libros y filmes, de los cuales Realengo 18 es para mí el mejor relato. También hay testimonios y expedientes en archivos que confirman cómo muchos grandes latifundios fueron creados mediante el robo de tierras a campesinos, incluso a través de maniobras en los juzgados, o por la adquisición de una caballería (equivalente a 13,43 hectáreas) ¡por un peso cubano!
Cuando, a partir de la década de 1970 el Estado comenzó a poseer más del 90 por ciento de las tierras, un mal manejo del movimiento de la masa ganadera y la violación de elementales reglas —como la cuarentena de la pecuaria que se trasladaba a otros potreros— hizo proliferar el marabú, arbusto espinoso de origen africano muy resistente a la sequía y útil para hacer carbón, como actualmente se realiza incluso con fines exportables.
El ganado se encargó de sembrar y abonar, a través de su estiércol, las semillas de marabú que comía. Ya en los años 80 constituía un peligro del que pocos tomaron conciencia; y diez años más tarde, durante el llamado período especial, esa maligna planta y otras también indeseables llegaron a cubrir extensiones tan abarcadoras que, de conocerse con precisión, podrían provocar en la mente de muchos cubanos el mismo efecto de un terremoto.
De acuerdo con reportes publicados a inicios de este año del Centro Nacional de Control de la Tierra, con la implementación del Decreto-Ley 259 se habían entregado 1 387 936 hectáreas de tierras ociosas, de las cuales el 80 por ciento ya estaban en producción. La medida había beneficiado a más de 150 000 usufructuarios, los cuales forman parte de los 360 000 cubanos que ejercen el trabajo por cuenta propia en unos 200 oficios.
¿Existirá una fórmula más eficiente para darle el tiro de gracia al latifundio del marabú? Tal vez, pero la aplicada está dando buen resultado hasta hoy. Al final, necesitamos que esa tierra produzca más alimentos, y ese es un desafío pendiente.
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