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«En la actualidad, no es solo una cuestión de justicia en sí, es la propia idea de la justicia la que está bajo ataque». Las palabras son de Arundhati Roy, escritora y activista india, pero podrían ser las de cualquiera que intentara esbozar un balance general de la primera década de Gitmo, como ha llegado a conocerse el campo de concentración que EE.UU. mantiene en la (ilegal) base naval de Guantánamo.
El Centro por los Derechos Constitucionales (CDC) fue la primera organización en percibir el peligro que el legado cultural de Gitmo entrañaba para la idea de la justicia y de asumir una serie de casos en nombre de los detenidos. Gradualmente, otras organizaciones por los derechos humanos y muchos miembros del stablishment legal se unieron a un intento colectivo de poner freno a la oleada de injusticia, por lo que en un determinado momento el CDC se encontró coordinando el trabajo legal de más de 500 «abogados de Gitmo» que colaboraban gratuitamente.
Las dos victorias más importantes se produjeron en dos casos presentados ante el Tribunal Supremo: Rasul (2004) y Boumedienne (2008). El primero sirvió para anular dos ficciones perniciosas: que, puesto que Gitmo estaba situado en territorio cubano, las leyes estadounidenses no podían aplicarse allí, y que los «combatientes enemigos» no tenían derecho al habeas corpus. El Congreso trató de enmendar Rasul a través de la legislación, pero el Tribunal Supremo lo ratificó en Boumedienne, afirmando que «mantener que una rama política puede ratificar o anular la Constitución a voluntad llevaría a un régimen en el cual sus miembros, y no este tribunal, sean quienes determinen “qué es la ley”».
Desarrollos posteriores dieron a estas victorias un carácter pírrico. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, adonde se han llevado todos los casos de habeas corpus de Gitmo, ha rechazado ordenar la liberación de los detenidos, incluso de aquellos que han ganado sus casos en tribunales inferiores. Y hay otras diversas maneras en las que se ha estado atacando la idea de justicia en la primera década de Gitmo.
Los porcentajes de detenidos que nunca tuvieron relación alguna con el terrorismo oscilan entre el 70 y el 90 por ciento. Ninguno de los más de 700 presos que han disfrutado de la «hospitalidad» de Gitmo ha podido obtener indemnización alguna por haber estado detenido, a menudo en confinamiento en solitario y algunos hasta diez años, antes de ser liberados sin siquiera haberlos acusado de nada.
Se ha liberado a 600 detenidos, a los que se ha enviado a sus países de origen o a otros que han estado dispuestos a aceptarlos, como consecuencia, parcialmente, de la labor de los fiscales del CDC que han rastreado el mundo en tal empeño. Pero quedan aún varias docenas de presos de los que ni siquiera se ha declarado que constituyan un riesgo para la seguridad pero que no tienen adónde ir, o que habiéndoseles declarado como riesgo para la seguridad, se alega que no se les puede juzgar por no sé qué razón y, por tanto, se enfrentan a una detención indefinida. El Acta de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2012 incluye una disposición que permite la detención indefinida sin juicio de ciudadanos no estadounidenses.
Otro desarrollo preocupante es el mandato del Congreso de 2009 que relega a los detenidos de Gitmo a un nuevo sistema, que aún no se ha llevado a la práctica, de comisiones militares, a pesar del hecho de que hay 150 acusados de terrorismo en relación con el 11 de septiembre, que fueron condenados en tribunales civiles.
El dictamen del otrora vicepresidente Richard Cheney de que, en momentos de emergencia, los gobiernos pueden tener que acudir «al lado oscuro», gravita sobre toda esta historia reciente. Arundhati Roy diría que una vez que admites que la justicia puede tener un lado oscuro, estás admitiendo también que has abandonado la idea de la justicia. (Tomado de Rebelión)
*Vicepresidente del Centro por los Derechos Constitucionales de EE.UU.
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