Hace poco, en una indagación del periódico sobre los conflictos en la producción de alimentos, este reportero sostuvo un intercambio con investigadores de la Universidad de Ciego de Ávila. Allí surgió un símil interesante. Para ellos, la agricultura cubana se parecía a una larga cadena con múltiples eslabones oxidados y no siempre bien concatenados, incluso en sus partes mejor ajustadas.
Esa tesis vuelve a nosotros mientras tiene lugar cierta polémica en el país por el contenido y el espíritu del Decreto-Ley 259, una medida en el camino de superar las dificultades en la producción de alimentos.
Más allá de opiniones individuales, el intercambio trae a colación una vieja polémica sobre las formas más idóneas de propiedad y administración de la economía en el socialismo. Los criterios también ilustran los numerosos entuertos que se necesitan superar, entre ellos cierta visión anquilosada del marxismo, bajo la cual se cree que cambios en la estructura productiva conllevan a variaciones en la mentalidad social de manera automática y siempre lineal, de arriba hacia abajo, de la base material a la espiritual y nunca viceversa, ni siquiera por asomo.
Bajos esos juicios, en Cuba se respaldaron ciertos prejuicios hacia el trabajo individual, no importa si este se practicaba con honestidad. También ellos sirvieron para pensar que únicamente bajo formas estatales de propiedad pervivía el sentido de la colectividad, cuando a veces los hechos demuestran lo contrario.
Lo irónico y doloroso del problema es que esa visión dogmática ha entorpecido el camino para que determinadas formas productivas desarrollen sus potencialidades socialistas y se liberen del lastre que le impiden obtener mejores resultados. Un ejemplo es el de las cooperativas de producción agropecuarias (CPA), muchas de las cuales —y digo muchas para respetar alguna excepción— no pueden operar con la moneda convertible obtenida de sus producciones.
Ese dinero tiene que ser depositado en las cuentas de entidades estatales. En conversaciones con numerosos campesinos —e incluso en investigaciones publicadas en este periódico— ha relucido el vía crucis de sus verdaderos dueños para obtener su finanzas e invertirlas en la base productiva. Se dice que esa situación tiene su origen en que las CPA —al igual que muchas cooperativas de créditos y servicios (CCS)— no poseen una adecuada estructura contable.
Correcto, ¿y por qué no se crea o se autoriza en aquellas agrupaciones que poseen una contabilidad confiable y certificada? ¿Por qué una entidad eficiente debe depositar sus ingresos en moneda convertible en la cuenta de otra empresa, aun cuando esté en peligro de bancarrota? Ahí está uno de los eslabones oxidados de la agricultura cubana, pues se tapona el acceso a ingresos necesarios y se abre la puerta a situaciones en que una empresa puede medrar con una liquidez ajena, entre otros males.
En algo coincido con algunos polemistas. El estímulo a las pequeñas parcelas debe combinarse con acciones para proteger el medio ambiente. También que la solución del problema alimentario no encontrará su respuesta en una creciente agrupación de pequeños parcelarios. Ella estará en un conjunto de acciones integradas, con las cuales se eliminen las no pocas trabas que sufren las empresas estatales y que hoy entorpecen la aspiración de que ellas sean más eficaces, que es decir más socialistas.
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