Muy confuso e indefenso anda este mundo si la Organización de Naciones Unidas, que debería defender la soberanía, apuntala la intervención extranjera en los Estados y certifica como democrático el reconocimiento a «autoridades» que ni están avaladas por un demostrado respaldo mayoritario de su pueblo, ni han podido proclamarse todavía, plenamente, como vencedoras de la guerra civil insuflada por otros en su tierra.
Eso es lo que ha hecho la Asamblea General de la ONU esta semana cuando, en una muy lamentable y dividida decisión (114 miembros estuvieron a favor, 17 votaron en contra y 15 se abstuvieron), otorgó el asiento de Libia a los representantes del denominado Consejo Nacional de Transición (CNT), una entidad que no ha emergido exactamente del dictamen popular, y que justo mientras recibía la legitimación del plenario en el Palacio de Cristal de Nueva York, pujaba todavía por hacerse del control en tres localidades donde no ha podido imponer su mando: Sirte, Bani Walid y Sebha.
Así, la instancia más amplia y representativa del planeta ponía el sello de «garantía» a un «conflicto» desatado al amparo del propio Consejo de Seguridad, con la primera decisión improcedente: la Resolución 1973 de marzo pasado, que autorizó tomar las medidas necesarias para, presuntamente, ayudar a los civiles que estaban siendo «víctimas» del régimen de Muammar al-Gaddafi. Una acción «humanitaria» que no significaría la potestad de desplegar tropas sobre el terreno.
Jugando cabeza a postulados de interpretación tan abierta (al parecer algunos no se cuestionaron entonces hasta dónde podían llegar las «medidas» y la «necesidad»), Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña desataron la sui géneris intervención que después dejaron en manos de la OTAN, y que el mundo no veía en ese estilo desde los ataques aéreos de 1999 que trajeron como resultado el desmembramiento de Yugoslavia. Bombardeos que acabasen con la infraestructura y la defensa local y que, en el caso libio, permitieran el avance de esa oposición armada, de la que el CNT se ha erigido como representante civil.
Una operación que no necesitaría convertirse en la clásica y ya burda intervención foránea, pues no depositaría ni un solo soldado en tierra. Operando desde el aire, Washington y la Alianza Atlántica han logrado mantener la asepsia, aunque ello no evitara que, de todos modos, tuvieran que mancharse las manos de sangre. El costo en vidas, que según algunos cálculos asciende a alrededor de 50 000 civiles, demuestra que hace tiempo perdieron la castidad.
Más allá de los avatares que en medio de una guerra no concluida seguirán sufriendo ocupados y ocupantes (aunque las potencias no han realizado despliegue terrestre, algunas ya han negociado contratos que les aseguren el acceso al petróleo libio), lo más alarmante es que la propia ONU se haya dispuesto a santificar un atraco así. Ello podría entenderse como un cheque en blanco para agredir a cualquier otra nación que resulte molesta o que, como Libia, tenga para las potencias tanta importancia geoestratégica.
Vista la diligencia con que la mayoría en la Asamblea General de la ONU ha acogido a un CNT vástago de la agresión extranjera, esos «oscuros rincones del mundo» —como los denominó W. Bush—, bajo permanente amenaza, podrían estarse preguntando ahora: y si la mirada cae sobre nosotros mañana… ¿a quién recurrir?
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