Ciertas campañas públicas sugieren que este domingo los cubanos vamos a las urnas casi únicamente a un acto de reafirmación, a alguna especie de plebiscito en el que demostraremos nuestras posiciones políticas: ¿Revolución frente a contrarrevolución, independencia versus anexionismo?
A ello nos obliga como táctica la constante saña enemiga. No existe un tramo de la existencia de Cuba al que no hayan intentado agrietar, mandarria o zanahoria mediante.
Lo cierto es que la Revolución y su opción Socialista fueron escogidos en referéndum público desde 1976, y reafirmados de la misma forma en el año 2002, fecha en que una reforma constitucional —la segunda después de aprobada la Carta Magna—, estableció la irrevocabilidad del socialismo. Ello ocurrió a propuesta de las organizaciones de masas, y con el apoyo de más de ocho millones de ciudadanos, el 99,37 por ciento de la población con derecho al voto.
Así que no es eso solamente lo que está en juego este domingo. Hoy vamos a ejercer el derecho constitucional de elegir los poderes públicos del país en la base, como establece nuestra Constitución. Lo haremos en esa porción que tal vez sí necesita ser bien «refrendada», pues no siempre tuvo el peso necesario por nuestra tendencia al verticalismo.
La elección ocurre tras la circunstancia de un amplio debate nacional en el que se expresó la necesidad de horizontalizar la economía y otros aspectos de la vida nacional.
Buena parte de los cambios que requiere el país pasan por darle una dimensión mayor a las atribuciones y al desarrollo local, simiente imprescindible del equilibrio y la dinámica nacional, según se deduce de los análisis de los últimos años.
El acto cívico de este 25 de abril se desarrolla también en medio de la acentuación de la institucionalidad y la constitucionalidad revolucionaria, la cual busca que la estructura democrática y funcional del país cumpla los mandatos que determinaron su existencia.
Hace unos años argumenté en esta columna la impunidad con que algunos funcionarios pueden convertir en caricatura una aspiración esencial de nuestra sociedad, y al espíritu y la letra de la Constitución en repetitiva consigna: «El poder del pueblo, ese sí es poder».
Para ese momento, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Luis Toledo Santander, reconocía públicamente la deficiencia al ser interpelado por este diario sobre la efectividad en la tramitación de las quejas y planteamientos de los ciudadanos.
Santander y otros funcionarios han denunciado que la gestión deficiente de algunas administraciones entorpece la celeridad de la respuesta o solución de los problemas. No solo se dilatan las respuestas, sino además el encuentro en que las administraciones tienen que darles solución o explicación a los planteamientos ciudadanos. Por eso es que muchos delegados se lamentan de no encontrar en algunas administraciones el suficiente apoyo para su gestión.
Entonces, como ahora, en que está por estrenarse un nuevo mandato, es preciso recordar que los delegados están en pleno derecho y deber constitucional de pasar de las lamentaciones a las atribuciones, pues entre quejas y quejas se resintieron en algunos sitios las funciones, el carácter y hasta el respeto por el Poder Popular en la base.
Ello ocurre pese a las facultades constitucionales que tienen las asambleas municipales y sus miembros. Estas incluyen las de fiscalizar y controlar a las entidades de subordinación municipal, designar y sustituir a los miembros de su Consejo de Administración; designar y sustituir a los jefes de las direcciones administrativas y de empresas pertenecientes a la subordinación municipal; determinar la organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las actividades económicas, de producción y servicios, además de conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta de los electores que les presente su órgano de administración y adoptar las decisiones pertinentes sobre ellos, entre otras.
Si algo debe reafirmarse en esta jornada electoral es el consenso ciudadano de que nada debe quebrar los mágicos hilos con los que se tejió el Poder Popular en Cuba, única forma socialista admisible de ejercerlo.
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