En menos de una semana, la provincia británica de Irlanda del Norte —otrora fuente de noticias sobre asesinatos y atentados, y sobre represión de unionistas pro-británicos contra independentistas irlandeses— tendrá en sus manos el control de la policía local y la administración de la justicia.
Era lo que faltaba después de la firma, en 1998, de los Acuerdos de Viernes Santo, con los que se inició el proceso de pacificación. Cuando las tropas de Londres se marcharon de Irlanda en 1921 —tuvo que correr mucha sangre, por cierto, para que el poderoso vecino accediera a largarse—, su presencia permaneció en seis condados norteños en los que eran mayoría los descendientes de los colonos escoceses e ingleses protestantes llegados desde el siglo XVI.
La minoría católica, partidaria del independentismo y de la natural unión con la República de Irlanda, sufrió mucha discriminación durante décadas, y algunos grupos tomaron las armas —el Ejército Republicano Irlandés, IRA, fue el más conocido—, mientras del lado pro-británico brotaron bandas paramilitares que hacían de las urbes norirlandesas verdaderos nidos del terror.
El clima de entendimiento que sobrevino después de 1998 —con ácidos choques de vez en cuando, hay que decirlo, sobre todo en la política—, derivó en la formación de una Asamblea de poderes compartidos entre ambas comunidades, y en varios compromisos, entre ellos el de transferir a la provincia las potestades sobre Justicia e Interior. Si Escocia —país que, junto a Inglaterra y Gales, conforma el Reino Unido de Gran Bretaña— las detenta, como parte de su régimen autonómico, ¿por qué no habría de detentarlas Irlanda del Norte?
Para la población pro-independentista y católica (44 por ciento, frente a un 53 por ciento de protestantes), el asunto es vital. El partido Sinn Fein, que lidera este sector, había obtenido en 2007 la anuencia de sus militantes para apoyar al Servicio Policial de Irlanda del Norte (PSNI) a cambio de la futura transferencia de esos poderes al territorio.
Que Justicia e Interior ya no estén más bajo el control de Londres, supone mayor confianza y colaboración para remover las heridas del pasado, cuando el antecesor del PSNI, el Royal Ulster Constabulary (RUC) discriminaba a los independentistas y colaboraba astutamente con terroristas pro-británicos en la represión de las actividades de aquellos.
Cabe decir, además, que el traspaso tendrá lugar porque tanto el Sinn Fein como su antiguo enemigo jurado, el Partido Democrático Unionista (DUP, partidario de seguir como súbditos de Su Majestad británica), votaron a favor del acuerdo. Ambas formaciones comparten el gobierno de la provincia, y es positivo que ello ocurra. En estos años de cohabitación no les han faltado motivos para irse a los puños, pero en vez de ello han optado por el diálogo, y todos han salido ganando, en un territorio donde tiempo atrás los disturbios alejaban a los inversionistas y dividían irreconciliables a barrios enteros. Más de 3 600 muertos dan fe de que allí no solía florecer la armonía.
Afortunadamente, los aires son otros. Y si el diálogo continúa siendo el modo de dirimir diferencias y escalar peldaños, vendrá el día, ciertamente, en que, como avala el Acuerdo de Viernes Santo, los norirlandeses se decidirán en las urnas por una Irlanda definitivamente unida.
Enhorabuena.
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