España se va de vacaciones en estos días de vapor. Y también el gobernante socialista José Luis Rodríguez Zapatero, sobre quien ha caído bastante aceite hirviendo en la actual crisis económica, que él demoró en llamar con todas sus letras. En su retiro estival, al menos encuentra un abanico con que echarse algo de aire al rostro...
Es la nueva financiación autonómica, el esquema de reparto de recursos entre 15 de las 17 comunidades y dos ciudades autónomas integrantes de España (se exceptúan Navarra y el País Vasco, con sistema propio), que con seguridad aprobará muy pronto el Congreso de los Diputados. Según el gabinete, ahora se dispondrá de 11 000 millones de euros adicionales para beneficiar a las regiones, y la mayoría de estas (especialmente Cataluña, tercera en peso económico y con una demografía en ascenso) salen particularmente contentas.
La página web de la Presidencia del Gobierno se encarga de mostrar el zapatico impecable: bajo el nuevo modelo (que toma en cuenta aspectos como el número de habitantes, los mayores de 65 años, la población escolar y la singularidad geográfica), las comunidades tendrán más autonomía al disponer de un mayor porcentaje de impuestos cedidos por el poder central, dinero que se dedicará a «garantizar igual financiación para los servicios públicos» y a favorecer la convergencia entre comunidades, o sea, a disminuir diferencias entre las más ricas (Cataluña y Madrid, por ejemplo) y las que lo son menos (como Galicia y Extremadura).
Así pues, como en tiempos de vacas flacas se agradecen 11 000 millones de euros suplementarios para repartir, es lógico que todo el mundo levante la mano. ¡Pues no, señor! El Partido Popular, cuya oposición ha sido, por regla, hacerles la vida un yogurt a los socialistas, se abstuvo en la votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esa era la voluntad del líder derechista, Mariano Rajoy, y aun así, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, amenazaba con el NO. Otra muestra de la «inmasticabilidad» que se profesan algunos dentro del PP.
Pero bien, el gobierno obtuvo luz verde para su modelo, una fraternal aspirina en estos tiempos de malas nuevas. Y no fue la única: el desempleo (del 18,7 por ciento, el mayor de la Unión Europea), bajó modestamente en mayo y junio, y Zapatero anunció que ya se ha tocado suelo y que empieza la recuperación, aunque pidió «prudencia».
Hasta aquí las noticias agradables antes de partir a la playa. Ahora la mala: el fracaso del diálogo social entre el gobierno, la patronal y los sindicatos. La calabaza de la discordia (es grande el desacuerdo para ser solo manzana) estribó, fundamentalmente, en los aportes a la Seguridad Social. Bajo el sistema actual, las empresas entregan el 23,6 por ciento al fondo de contingencias comunes (pensiones y enfermedades) y el 5,5 por ciento al de desempleo, mientras que los trabajadores contribuyen con un 4,70 y un 1,55 por ciento, respectivamente.
El gobierno quería hacerles «más llevadera» la vida a los empresarios, reduciéndoles un punto y medio sus contribuciones. ¿Reacción de los ingratos? Insistir en recortes del cinco por ciento (algo que haría entrar en déficit la Seguridad Social) y en facilitar el despido. Ello soliviantó a Zapatero, quien criticó ácidamente a la patronal y anunció que en agosto aprobará ayudas mensuales (420 euros) para los que hayan agotado su cobertura por desempleo: más de un millón entre tres millones y medio de desocupados.
Consultado por JR sobre el reclamo obrero de dejar intacto el sistema de cotizaciones, Manuel García, trabajador de la cadena Sol-Meliá y encargado de Formación en la Federación Estatal de Comercio y Hostelería, explicó que «desde 1996, la masa salarial en el conjunto de la renta nacional se ha reducido en favor de las rentas empresariales».
En la tormenta presente, cuando en el país ibérico se pierden más empleos que en otros sitios (la actividad ha descansado mayormente en la construcción, muy especulativa, y hoy en caída libre), Manuel refiere las iniciativas sindicales de aumentar impuestos sobre la riqueza y el patrimonio, para que el Estado tenga recursos con que enfrentar la crisis; incrementar la protección a los trabajadores, y cambiar el modelo productivo mediante la inversión en energías renovables y un mayor peso de la industria. «El objetivo —añade— es que la norma sea el empleo estable, digno y con derechos, y no la precariedad actual».
Por ahí van los sindicatos. Y el gobierno, a punto de sentarse en la arena a tomar el sol, logrado el refrescante coctel de la financiación autonómica, deberá coger por los cuernos esos otros toros en algún momento. España, después de agosto, aún tendrá motivos para estar caliente.
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