Pinochet fue encausado por algunos de los crímenes en Villa Grimaldi, visitada de nuevo por la presidenta Michelle Bachelet y su madre. Foto: AFP y REUTERS
La justicia y los ardides leguleyescos para detenerla otra vez harán una pulseada en Chile. Nuevamente el sujeto de la prueba de fuerzas es Augusto Pinochet, el hombre que con mayor conocimiento de causa pueda dar fe allí de lo que fue la dictadura y, más que eso, la Operación Cóndor: el enlace diabólico de los militares latinoamericanos para asesinar y reprimir, y sobre cuyos gestores y actuantes ofrecen cada vez más evidencias los documentos desclasificados donde no solo sabían sino, además, pensaban todo el entramado... Washington tuvo un aliado en Pinochet para mantener en un puño a América Latina.
Una treintena de años después, la demencia subcortical leve argüida por la defensa en otras ocasiones para librarlo del banquillo ha vuelto a ser desechada por el juez Alejando Solís, quien no consideró ese diagnóstico como invalidante para que el ex general declare, a pesar de que en la entrevista inicial este refirió al magistrado no conocer siquiera los nombres de sus víctimas...
Pinochet difícilmente podría recordar la identidad de los cuatro mil «casos a investigar» que, según el incompleto Informe Retting, dejó su régimen. Pero claro que es responsable supremo de todas las atrocidades cometidas bajo su batuta en Chile.
Un proceso judicial, sin embargo, requiere documentación, y he ahí que los desmanes de la dictadura que Pinochet comandó se desgranan en hechos puntuales sobre los que organismos defensores de los derechos humanos y los abogados querellantes indagan, y colectan pruebas. Se le ha encausado por los crímenes de la Calle Conferencia, la Operación Colombo, la Caravana de la Muerte y por la propia Operación Cóndor, sin contar los millones no declarados que se le hallaron en el Banco Riggs. Pero los esfuerzos de los acusadores por enjuiciarlo siempre tropiezan con el entramado oscuro tejido por la dictadura para propiciar la impunidad de los que la impusieron, o el poder oculto de quienes, evidentemente, siguen siendo una fuerza fiel a Pinochet.
Ahora, el supuesto deterioro de su salud mental volverá a ser aludido por los abogados del ex dictador en la nueva causa que se abre: Villa Grimaldi, un centro de detención clandestino ubicado al oriente de Santiago y por donde, aseguran distintas fuentes, pasaron unos cinco mil chilenos. Acerca de 226 de ellos no se ha vuelto a saber. Allí estuvieron «detenidas» también la actual presidente Michelle Bachelet, entonces una joven estudiante, y su madre...
Si algo descuella en esta nueva causa es que no solo se acusa a Pinochet de asesinar o desaparecer sino, por primera vez, por la aplicación de tormentos: 36 secuestros calificados y 23 delitos de tortura rezan en la causa.
Luego del obligado desafuero que exige la condición de senador vitalicio otorgada a Pinochet por las leyes que él dejó —algunas, finalmente, empiezan a revertirse—, el juez Solís ha solicitado el procesamiento y, con tal fin, la detención que, atendiendo a que se trata de un anciano, será domiciliaria.
El esfuerzo por enjuiciarlo puede resultar o no, pero sigue canalizando el saludable «esclarecimiento» de un pasado donde el terror impuesto entonces hace que muchos aún no quieran «ver».
Pero se trata también de evitar que hechos similares se repitan. En la vecina Argentina, donde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final ha posibilitado abrir juicios a unos 900 oficiales medios implicados en asesinatos y torturas, la nueva desaparición de Julio López hace un mes ha hecho retornar, de cierto modo, el pasado.
No pocos estiman que López, un «desaparecido» que salvó la vida y acaba de fungir como testigo principal en el proceso contra su secuestrador en los años 70, Miguel Etchecolatz, ha sido víctima de los mismos represores que dejaron en Argentina unas 30 000 víctimas.
Su caso, impensado cuando han pasado tres décadas de la declarada muerte de la dictadura militar, demuestra que en Argentina como en Chile ya no se trata solo de la verdad, ni siquiera de la justicia, sino de hacer valer una consigna añeja reivindicada por la desaparición de Julio López: «Nunca más».
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