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La Marina de México confiscó 8,4 toneladas de cargamento ilegal de drogas en octubre de 2024. Autor: Reuters Publicado: 22/02/2025 | 06:43 pm
La nueva designación adjudicada a nueve cárteles de la droga por Donald Trump, supone un énfasis preocupante en el proclamado enfrentamiento de su administración al crimen organizado: el teatro de operaciones tendrá que volver a trasladarse fuera del territorio de Estados Unidos, porque el Presidente ha acuñado a esos grupos como terroristas.
La nomenclatura entró en vigor desde el jueves y supondrá que Washington utilizará toda la parafernalia leguleya oficializada desde inicios de los 2000 por George W. Bush al calor de los atentados a las Torres Gemelas, y que constituyó escudo para instrumentar una virtual guerra contra el mundo en nombre del antiterrorismo.
Desde la Patriot Act (Ley Patriota), que en el ámbito nacional autorizó una acción de vigilancia desmedida con acceso hasta a la interceptación de las comunicaciones privadas, pasando por la Ley de Seguridad Nacional y la Reforma de la inteligencia y prevención del terrorismo, así como las autorizaciones conseguidas del Congreso para usar la fuerza militar fuera del país.
Incluso, se quiere revivir la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798 y permitió el encarcelamiento de miles de personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana durante la II Guerra Mundial.
Aunque esta última legislación está más relacionada con las deportaciones masivas ya emprendidas por Trump, todas esas medidas se entrecruzan y conforman lascas de una misma camada de medidas de emergencia que facultan la violación de los derechos civiles y el uso de la fuerza.
Los indocumentados ya han sido tachados como «criminales», y se aduce que muchos de ellos pertenecen a bandas delincuenciales ligadas al narcotráfico.
Quizá el «aporte» de Trump en la estrategia estadounidense contra el crimen sea, precisamente, este modo de enlazar la inmigración ilegal, el tráfico de estupefacientes y el terrorismo como piezas de un mismo fenómeno y, en su criterio, con una única salida: la represión.
El hecho de que los diez primeros inmigrantes capturados y confinados en la cárcel de la ilegal base naval de Guantánamo fueran identificados como miembros de la banda de origen venezolano El tren de Aragua, ilustra tempranamente también cómo funcionarán las cosas.
¿Dónde están las pruebas de que se trata, en efecto, de asesinos y delincuentes, si han sido trasladados y encerrados sin que medie proceso judicial? ¿Cómo confirmar que son miembros de las bandas?
Esa pandilla, junto a la Mara Salvatrucha 13, nacida entre salvadoreños, y otras siete originadas en México, son las primeras incluidas en la relación de nuevos «terroristas», presuntamente para impedir que a Estados Unidos siga entrando la droga conocida como fentanilo.
Y nada garantiza que el Pentágono no se «excederá» en la tarea de ir tras ellos; ni que habrá salvaguarda a la integridad de las fronteras de otras naciones y a la de sus ciudadanos cuando se les persiga.
Washington podrá excusarse en sus propias leyes extraterritoriales para violentar, otra vez, el Derecho Internacional, estiman expertos, luego de recordar que, para invadir Afganistán e Irak, W. Bush persuadió al legislativo de que eran necesarias esas guerras para «prevenir» ataques terroristas.
No es historia antigua
Contra el narcotráfico, a secas, la Casa Blanca instrumentó desde fines del siglo pasado una estrategia que tuvo fuerte ingrediente militar.
Combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y la producción de opioides fue, entonces, la excusa para ocupar decenas de bases militares en Latinoamérica —muchas de las cuales todavía existen—, que facilitaron una logística «a la mano» para sus intervenciones e invasiones en la región, y para enfrentar a la insurgencia.
Otra cruzada mucho más violenta fue instrumentada por Washington después, al socaire de los terribles atentados del año 2001 contra las Torres Gemelas.
Aquella campaña, y las leyes aprobadas a su tenor, resultaron mampara para las invasiones que, bajo el argumento de desarticular los movimientos terroristas en Afganistán e Irak, defenestraron gobiernos e impusieron regímenes afines a Occidente, excediendo así el anunciado afán de acabar con organizaciones como Al Qaeda y su líder, Osama bin Laden, acusados de los atentados de 2001 en Nueva York.
En Afganistán, los primeros saldos políticos se registraron con la rápida caída del régimen talibán —un movimiento no exterminado y a la larga gobierna nuevamente en ese país— y la imposición entonces como presidente de Hamid Karzai, hombre dócil a Washington.
La ocupación del territorio afgano por EE. UU. y sus aliados se prolongó durante 20 largos años hasta la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, y su orden de retirar de sus militares.
Más de 46 000 civiles asesinados forman parte de los «daños colaterales» de la invasión, según los estimados, sin que tampoco pudiera afirmarse que la cruzada organizada por W. Bush terminara con los grupos árabes bautizados como terroristas. Hoy, las campañas contra el movimiento libanés Hezbolá y el palestino Hamás, se erigen sobre similares pretextos.
Otro tanto ocurrió en 2003 en Irak, cuyo líder, Saddam Hussein, era objetivo primordial para la Casa Blanca, y fue apresado y ejecutado luego de su democión, bajo acusación de poseer armas nucleares que luego fue desmentida. La operación estadounidense destruyó al país y dejó decenas de miles de civiles iraquíes muertos, así como otras miles de víctimas fatales entre los soldados estadounidenses y de los países aliados.
Peligroso afán protector
La nota del Departamento de Estado que acaba de oficializar la denominación de «terrorista» sobre nueve cárteles de la droga de origen latinoamericano, recuerda el «compromiso» de EE. UU. «de proteger a nuestra nación, al pueblo estadounidense… y a nuestro hemisferio». Resulta una advertencia lo suficientemente explícita para entender que se extenderán hacia el centro y el sur americanos.
Según el mensaje, la imposición de esa categoría «expone y aísla a las entidades y personas así identificadas, al negarles acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos que necesitan». Además, posibilita que «todos los bienes e intereses en bienes» de los sujetos bajo esa condición y que se encuentren en Estados Unidos «o que estén en posesión o bajo el control de una persona estadounidense» quedan bloqueados, y prohíbe a sus ciudadanos realizar transacciones con las entidades y personas señaladas.
En último plano, como si fuera una decisión trivial, el comunicado expone la advertencia más relevante: ser designado como terrorista puede ayudar a las acciones «policiales» de otras agencias de Estados Unidos y de otros Gobiernos.
Se sabe que a Washington no le bastará —nunca le ha bastado—, con la intervención de las fuerzas del orden para combatir el narcotráfico. Mucho menos para enfrentar a bandas que ahora han sido encasilladas como protagonistas del terror.
El recientemente denunciado vuelo de drones no tripulados sobre territorio mexicano, es una evidencia del derroche de tecnología militar que va a contemplarse.
Puede ser solo la punta del iceberg. De hecho, ya deben haber sido enviados a la frontera con México los 1 500 marines anunciados por Trump, que se suman a 2 500 ya existentes.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado que la vigilancia por medio de drones no resulta algo nuevo como parte de la cooperación bilateral, su país ha tomado recaudos frente a eventuales violaciones del espacio nacional que a lo mejor son consideradas desde Washington como «colaterales».
Dos leyes aprobadas esta semana por el Congreso mexicano, una de ellas con carácter constitucional, enfatizan que la soberanía nacional es inviolable. Ha sido, apenas, un recordatorio; un alerta.
Las advertencias del vecino del Norte, no obstante, no anuncian cosas buenas. En declaraciones de hace algunas semanas, el titular de la Defensa, Pete Hegseth, no descartó la posibilidad de que su país lance ataques militares contra los cárteles mexicanos dentro de esa nación.
«Si nos enfrentamos a lo que se considera organizaciones terroristas extranjeras que atacan específicamente a los estadounidenses en nuestra frontera, dijo, todas las opciones estarán sobre la mesa».
