Assange no ha dejado de decir la verdad

Fue una sombra apenas pero, por un momento, nubló la satisfacción. La noticia de la salida de Julian Assange de Belmarsh corrió por las redes sociales y los sitios web como pólvora: finalmente, terminaba el calvario judicial y humano del periodista australiano, un héroe perseguido de modo implacable por el valor de publicar decenas de miles de cables y documentos clasificados que denunciaban la impudicia con que la administración de George W. Bush masacraba inocentes en Afganistán e Irak tras la mampara de la falsa lucha contra el terror, entre otros crímenes y acciones faltas de pudor y ética.

Salvó vidas, se recuerda al evocar las pruebas documentales sustraídas por el entonces soldado y analista de inteligencia del Ejército, Chelsea Manning
—Bradley Edward en aquella época— y publicadas por Assange en 2010 como editor de Wikileaks, que revelaron bombardeos contra civiles así como las torturas infligidas a reos sin procesos judiciales en la cárcel de Abu Ghraib y en el campo de concentración ilegal en Guantánamo, y hasta la existencia de otras prisiones estadounidenses clandestinas en distintas naciones.

Su victoria judicial esta semana, propiciada por un equipo de la defensa incansable y del que ha sido parte importante su esposa y compañera de causa, Stella, era el deseo del mundo luego de los retruécanos con que se levantaron en 2010 los primeros cargos contra Assange, en Suecia, bajo la falsa acusación de acoso sexual; el obligado asilo por siete años en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar ser apresado cuando ya había una orden internacional de captura en su contra; la oprobiosa entrega que el Gobierno del traidor Lenín Moreno hizo de él, pese a que era un refugiado político y, finalmente, los cinco angustiosos años en la cárcel británica de máxima seguridad de Belmarsh, en una celda de dos por tres metros, bajo la amenaza de ser extraditado a Estados Unidos, donde le esperaban condenas que podían llegar a los 175 años.

Sin embargo, acaso la solidaridad que despertó su osadía no se expresara con fuerza equivalente durante la casi década y media de acoso, y pese a los cientos de activistas que, sobre todo en Europa, se manifestaron casi semanalmente para exigir su liberación; de los presidentes que le dieron apoyo, así como los funcionarios de la ONU y hasta el jefe del Estado Vaticano, el Papa Francisco, quienes igualmente le respaldaron.

Pero, ¿qué de los grandes medios occidentales que acordaron con Wikileaks la publicación de los materiales, revelaciones que tal vez no apreciaran tanto por el valor de la denuncia como por aumentar sus ventas? ¿Qué de las autoridades de su patria, Australia, distantes del caso hasta la llegada al Gobierno del actual primer ministro laborista, Anthony Albanese, en mayo de 2022…?

Desde el punto de vista moral, el periodista había hecho una contribución al mundo. Y, supuestamente, estaba «resguardado» legal y jurídicamente en Estados Unidos, un país del cual no es ciudadano y que, no obstante, lo ha acusado, perseguido y juzgado, mientras blasona de adalid de la libertad de expresión y de prensa, derechos que están recogidos por la Primera Enmienda de su Constitución.

Por ponerlos en práctica Assange ha sido su víctima aunque la culpa final aceptada por él y mantenida por la Fiscalía estadounidense fuera la violación de la Ley de Espionaje de aquel país lo que, supuestamente, ponía en riesgo la seguridad nacional.

Al comparecer el miércoles ante el Tribunal de las Islas Marianas del Norte que le otorgó la libertad, Assange tendría que declararse culpable de uno de los 17 cargos presentados, como responsable del delito de conspiración para obtener información de defensa, una acusación asentada en los preceptos de aquella legislación, que data de 1917, aunque actualizada por resoluciones posteriores.

Washington bajo la lupa

Era apenas un solo cargo y, no obstante, dolía lo que pareció una falta a la verdad —mínima, en comparación con sus revelaciones—, a la que Assange fue virtualmente obligado para no seguir siendo condenado por ella: por esa verdad que casi paga con un encierro de por vida. No solo debía ser libre incondicionalmente desde muchos años atrás. Assange nunca tuvo que estar tras las rejas.

Junto a ese sentimiento, cohabitaba la aparentemente rara aceptación por Washington de desistir de la extradición a territorio continental, y retirar el resto de las acusaciones.

Sin embargo, y como se colige cuando se cotejan las informaciones publicadas en el último año, los trámites con la Fiscalía de EE. UU. se adelantaban hace meses, empujados seguramente no por un repentino deseo de justicia de ese Departamento, sino por el contexto político.

Poner en duda el derecho de libertad de prensa cacareado por la Casa Blanca, habría resultado un desatino en un panorama electoral no exactamente favorable para la administración Biden y su deseo de seguir en la presidencia.

Eso fue visible desde mediados de 2023, cuando nuevos e ingentes esfuerzos de la defensa de Assange por evitar la deportación coincidieron con las primeras gestiones reportadas de diputados australianos en Washington, la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, sostenía un encuentro acerca del tema con su colega estadounidense, Antony Blinken, al tiempo que la embajadora de la Casa Blanca en Canberra, Caroline Kennedy, afirmaba al diario Morning Herald que podría haber una «resolución» para la detención de Assange.

En declaraciones concedidas por esos días a Sky News y reproducidas por el sitio alternativo y experto en periodismo de investigación The Intercept, Gabriel Shipton, medio hermano de Assange, estimó en torno a lo dicho por la Embajadora: «Esta es una señal de que no quieren que esto se desarrolle en los tribunales estadounidenses, particularmente durante un ciclo electoral (…) por lo que la administración de los EE. UU. realmente está buscando una rampa de salida aquí para lo que es un extremadamente, extremadamente controvertido enjuiciamiento de la libertad de prensa».

¿Peligroso precedente?

En efecto, la salida «honorable» que ha significado para la narrativa del Gobierno de Estados Unidos «remendar» el hostigamiento de 14 años a
Assange, no alcanza a deshacer la preocupación que deja el «benévolo» juicio de Islas Marianas ante eventuales develaciones, tan trascendentes como las que él realizó, que puedan hacer otros periodistas en el futuro.

El aspirante presidencial independiente Robert Kennedy Jr, quien ha defendido la causa de Assange y considerado su persecución como «un capítulo vergonzoso», comentó tras el cierre del caso, luego de calificarlo como «un héroe generacional»: «Estoy muy feliz (…). La mala noticia es que tuvo que declararse culpable de conspiración para obtener y revelar información de defensa nacional (…). El Estado de seguridad estadounidense logró criminalizar el periodismo y extender su jurisdicción globalmente a los no ciudadanos (…). El Estado de seguridad ha impuesto un precedente horrendo y ha asestado un duro golpe a la libertad de prensa», insistió.

Stella Assange, quien pidió tiempo para que su esposo se «acostumbre a la libertad» y se recupere de los severos daños sicológicos sufridos, habló por él en la conferencia de prensa que siguió a la llegada de Julian a Canberra, donde le esperaron defensores de su causa, jubilosos.

Ella también tuvo la valentía que mostraron otros miembros de la defensa cuando reiteró, luego del agradecimiento a todos: «Creo que esto ha puesto de manifiesto la incómoda posición de EE. UU., porque este caso es un ataque contra el derecho de la ciudadanía a saber (…)».

Pero las propias declaraciones de Assange durante la vista cuestionaron las leyes de EE. UU., y demostraron que no había plegado sus principios al acuerdo,incluso respetándolo.

La transcripción de sus declaraciones ante la jueza Ramona Manglona, publicadas de manera bastante completa por el sitio Consortium News, así lo corrobora.

Cuando la magistrada le preguntó qué había hecho para violar la ley, él respondió que había animado a su fuente (Manning) «a proporcionar información que “se decía” que era clasificada. Creí que la Primera Enmienda protegía esa actividad, pero acepto que fue una violación del estatuto de Espionaje».

Y luego, remarcó, muy particularmente: «La Primera Enmienda “estaba en contradicción” con la Ley de Espionaje; pero acepto que sería difícil ganar un caso así, dadas todas estas circunstancias».

No fueron las palabras de un hombre rendido.

También lo reivindicó su equipo de Wikileaks mediante mensaje publicado en X: «Assange no se declaró culpable de ningún crimen atroz, sino de actividades que los periodistas realizan todos los días, y que necesitamos absolutamente que realicen. Hasta que Julian Assange sea indultado, la libertad de prensa seguirá en riesgo».

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana