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La convocatoria de una consulta popular que codificara en la Carta Magna las reivindicaciones ciudadanas que impulsaron al pueblo chileno a tomar las calles en 2019 es una de las grandes deudas del sistema sociopolítico del país austral. Autor: Getty Images Publicado: 19/12/2023 | 12:16 am
El triunfo del No en el plebiscito constitucional celebrado el domingo en Chile era esperado. Lo habían anunciado las encuestas, y los sindicatos y otros sectores quienes, tempranamente, se movilizaron para advertir que el proyecto dibujaba un país más retrógrado en sus postulados que el implantado por el dictador Augusto Pinochet en 1980, todavía vigente… Y lo seguirá, al menos por el momento.
El presidente Gabriel Boric ha dicho que con esto se cierra, durante este mandato, el proceso constitucional, y sugirió, como otras voces chilenas, una suerte de equidistancia, y centrarse en los problemas más urgentes hoy.
Muchos hablan de evitar el «enfrentamiento» y la polarización, pero es difícil hallar consensos cuando lo que está en juego son dos modelos opuestos.
Cierto que puede sentirse un vacío luego del rechazo de la propuesta, desaprobada por el 55,8 por ciento de los votantes, a solo un año y tres meses de que corriera igual suerte otro proyecto de nueva Constitución, que recibió el 62 por ciento de los sufragios en contra. Aquel fue tildado de muy progresista; este, fue refutado por reaccionario y ultraconservador.
Cualquiera podría preguntarse ahora a dónde han ido a parar los esfuerzos y la sangre de los miles de ciudadanos, la mayoría jóvenes, que en el año 2019 tomaron las calles en protestas iniciadas por el repudio al aumento del costo del pasaje, y a las que se sumaron otros movimientos sociales y grupos poblacionales con sus propios reclamos, hasta confluir todos en la exigencia de una nueva Carta Magna.
En el fragor de la lucha social, sin motores partidistas que los impulsasen, ellos arribaron a la convicción de que solo cambiando la ley de leyes —pues las constituciones consignan los principios que rigen la vida de una nación— el Estado, y no el Gobierno de turno, podría y, más que ello, tendría que poner oídos y acción a exigencias vitales para la ciudadanía, como el cese de tantas privatizaciones, para volver a ser dueños de sus principales recursos naturales; un mayor acceso y calidad de la educación y la salud, el reconocimiento del agua como un bien público, mejores pensiones, cierre de la enorme brecha social… En fin, despojar al país de las ataduras del modelo francamente neoliberal impuesto por la dictadura.
Aquellas jornadas abrieron el camino al proceso constituyente que, por segunda ocasión, se vuelve a cerrar, sin aprobación.
Por eso, no todos tienen en los labios el regusto amargo de una derrota. Detener la Carta Magna propuesta ha impedido el paso atrás que habría significado elevar a rango constitucional la privatización de la salud, de la educación y de la administración de los fondos de pensiones, que ha sido punto focal de reiteradas protestas en los últimos años.
Otras marcha atrás habrían sido santificadas en materia social, como las reformas laborales que perjudicarían a los trabajadores; o hacer retroceder conquistas recientes en la búsqueda de la paridad de género, tales como los derechos reproductivos o la participación igualitaria de las mujeres en la sociedad.
Una condición que no debe pasarse por alto es que el texto desaprobado lo redactó una denominada Convención Constitucional cuya membresía resultó de elecciones, pero quedó conformada, en su mayoría, por representantes de la ultraderecha representada en el Partido Republicano de José Antonio Kast.
Ellos fraguaron, con el apoyo final de los constitucionalistas de derecha, el proyecto que acaba de recibir un rotundo No.
Con ese resultado, la mayoría de la ciudadanía chilena proclama que no se ha derechizado, se salva de nuevas ataduras legales que entorpecen el buen vivir, y avisa a la ultraderecha con aspiraciones de llegar al poder ejecutivo, que no tiene el camino expedito hacia las elecciones previstas en 2025.
