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Una de las tiendas saqueadas durante los disturbios en Perú. Autor: El Comercio Publicado: 06/04/2022 | 10:04 pm
LIMA, abril 6.— Las protestas contra el alza en los precios de los combustibles y los alimentos continuaban este miércoles en algunas localidades, dijo el diario La República, algunas horas después de que el Gobierno revocase el toque de queda que había decretado en la capital y El Callao, y pasados tres días de la adopción de medidas paliativas contra la inflación generada por el estado del comercio internacional.
Las manifestaciones con bloqueos de carreteras se iniciaron hace diez días y llegaron a alcanzar a 11 de los 24 departamentos, dijeron fuentes noticiosas, pero todo indica que las conversaciones sostenidas con algunos gremios regionales, las medidas moderadoras adoptadas por el Ejecutivo y la derogación de la emergencia, calmaron los ánimos.
Este miércoles los reportes de distintos medios hablaban indistintamente de uno o de cuatro muertos y de una decena de heridos como resultado de los enfrentamientos.
La vicepresidenta y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte, señaló en esta jornada que se debía priorizar el diálogo y llamar a la calma a la población, y denunció que «hay algunas filtraciones de personas que están generando actos delincuenciales que hay que diferenciar […] Afectar la propiedad privada o la propiedad del Estado rompe con el derecho a la protesta», apuntó.
Los mismos llamados a la calma han sido reiterados por el presidente Pedro Castillo, de quien todos los observadores remarcan su difícil situación, tomando en cuenta que apenas la semana pasada derrotó, con el voto mayoritario del Congreso, la maniobra de endilgarle los cargos de incapacidad moral para deponerlo en el legislativo mediante la vacancia presidencial.
La también Vicepresidenta de la República indicó que desde el Gobierno ya se está trabajando en medidas a favor de la población frente al alza de precios, como el aumento del apoyo económico que se entrega en programas sociales, exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la pronta aprobación de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a productos de primera necesidad, medidas anunciadas por el mandatario desde el día 3 de este mes.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo decretó un aumento del sueldo mínimo mensual, de 930 a 1 025 soles, ante una ola alcista que, sumada con las huelgas de transportistas y agricultores, desató las fuertes protestas, sobre todo, en la ciudad centroandina de Huancayo.
La exoneración tributaria fue proclamada allí por un equipo de ministros en una accidentada negociación, —dijo Pl—, y en medio de disturbios que dejaron un saldo de 15 civiles y policías lesionados, por el intento de los manifestantes de ingresar a un coliseo deportivo escenario de las conversaciones, dijo la fuente.
El presidente Castillo estimó entonces que la exoneración tributaria a los combustibles no solo atenderá la demanda de los transportistas en huelga desde el lunes de la semana anterior, sino que evitará el aumento de precios de los alimentos y otros productos básicos.
La comisión de ministros que ayer obtuvo a duras penas una tregua de cinco días, tras fuertes discusiones con los dirigentes transportistas y agrarios, también ofreció eliminar el impuesto general a las ventas de pollo, arroz, harina de trigo y fideos.
El Jefe de Estado ha explicado que el alza de los combustibles no es culpa del Gobierno y que se debe a factores externos, y ha asegurado que la política económica vigente le impide controlar los precios.
«Pido a los hermanos transportistas y agricultores trabajar juntos por el desarrollo del país en beneficio de todos», dijo, y recordó que el Gobierno siempre estaría al lado del pueblo, en aras de la paz social y el bienestar general.
Precisamente, Vladimir Cerrón, el líder del partido Perú Libre que postuló a Castillo y quien se mantiene alejado de la función ejecutiva, ha responsabilizado al modelo neoliberal por la situación, mediante diversos mensajes en la red social Twitter, y ha puntualizado que no pueden atenderse cabalmente los reclamos populares sobre la base de la vieja Constitución, razón por la cual ha insistido en la necesidad de una Asamblea Constituyente.
Según Cerrón, «la única institución obstruccionista ha sido el Congreso de la República, que tiene paralizado el país, censurando ministros, intentando vacancias, presentando mociones improductivas, lo que genera inestabilidad y repercute negativamente en el porvenir del pueblo».
Un proyecto de ley que pretende satisfacer algunos de los reclamos fue presentado por el Ejecutivo ante el Congreso, pero los diputados de Perú Libre y Renovación Nacional, los mismos que han encabezado las componendas contra Castillo, han intentado sabotear la discusión con su ausencia.
