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La Embajada de México en Bolivia ¿en la mirilla?

Muchos se preguntan si la persecución política se convertirá en violación de las normas diplomáticas y del Derecho Internacional en la nación andina

 

 

Autor:

Marina Menéndez Quintero

Sería un desatino que la saña del ejecutivo usurpador en Bolivia contra el Gobierno constitucional, reelecto y depuesto por su propio golpe, llevara a esos funcionarios a un acto todavía más violador de los derechos de las personas e incluso, de los derechos de otros Estados. ¿O es que el odio contra Evo, el MAS y sus dirigentes, se extenderá también a quienes, haciendo uso de la legalidad y los convenios internacionales, amparan a los amenazados de su feroz persecución?

Un asalto a la Embajada de México en La Paz sentaría un gravísimo precedente contra la convivencia armónica latinoamericana e, incluso, contra la ley internacional. Sin embargo, ello parece una posibilidad avizorada por quienes, en la capital boliviana, observan desde la misma entronización en el poder de los golpistas, un inusual e innecesario movimiento de vigilancia alrededor de esa legación incrementado en las últimas horas, y que ha provocado el justo pronunciamiento de «profunda preocupación» del Gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, por medio de su Cancillería.

El comunicado, que circuló este lunes, da cuenta de la «presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y seguridad bolivianos que vigilan tanto la Residencia como la Embajada de México ante el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el pasado 11 de noviembre».

Y llama a las partes que integran ese Estado a «respetar y cubrir cabalmente» las obligaciones que tiene, en virtud de la Convención de Viena, cuyo capítulo 22 estipula que los locales de una misión diplomática son inviolables y no se puede penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la misión, al tiempo que estipula la obligación de ese Estado de proteger dichos locales, que «no pueden ser objeto de registro, requisa, embargo o medida de ejecución, como tampoco sus medios de transporte o su mobiliario».

Pero ello podría ser letra muerta —como tanta otra letra que han matado— para el mentiroso «Gobierno transitorio» de Jeanine Añez, que está ejecutando un mandato «suplementario» tan rabiosamente represivo, intolerante y vengativo, así como «delicada» pretende ser la apariencia de un ejecutivo para cuya cabeza se ha escogido a una mujer joven y no ruda en su fisonomía, por cierto. Sin embargo, sus directrices van en sentido totalmente opuesto: más duro mientras más dulcemente se conduzca Añez.

No podía ser otra la actuación del cuerpo «gubernamental» del que se adivina fácilmente la misión de arrasar con todo lo que ha sido la refundación llevada a cabo por el MAS y Evo, tras el mismo móvil de tierra arrasada que solo podría animar a la actual administración republicana en Washington.

Los actos irrespetuosos y hasta amenazantes contra los médicos cubanos que prestaban colaboración en Bolivia apenas los golpistas se hicieron del poder, fueron un preámbulo del cariz de este mandato en materia exterior.

Sacaron al país de inmediato del ALBA, de Unasur, y ahora los protagonistas del Gobierno interventor acaban de anunciar la entrada al lamentable Grupo de Lima, al tiempo que dan cuenta de lo que podría ser el prólogo de la salida de Bolivia de la Celac, al argüir una supuesta actitud «inamistosa», precisamente, del Gobierno de México que —dice el texto de la Cancillería de Bolivia— «convocó a reuniones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) sin el conocimiento ni consentimiento previo de la actual Presidencia Pro Témpore de ese bloque que ocupa Bolivia».

Karen Longaric, quien funge como canciller, habló entonces de «injerencia en los asuntos internos de Bolivia», y adelantó que su país no asistirá a la ceremonia de traspaso de la presidencia de la Celac, el próximo 8 de enero, en Ciudad de México», y advirtió que «veremos en el futuro si continuamos en la Celac o nos apartamos de la Celac».

Persecución feroz

Los acontecimientos en torno a la embajada de México, sin embargo, vienen de otro lado. Hasta drones de vigilancia sobrevuelan en las últimas jornadas esa legación diplomática, denunció un despacho de la agencia PL que cita al sitio digital Primera Línea.

Según su reporte, el control es tan estrecho que molesta hasta el movimiento de los vecinos del inmueble. La denuncia también fue publicada por Primera Línea en su muro de la red social Facebook: «Un Grupo de policías de élite del Ministerio de Gobierno que dirige Arturo Murillo, compuesto de 150 hombres, uniformados y civiles, están prestos a ingresar a la Embajada de México, con el objetivo de detener a las personas que permanecen asiladas en dicha residencia».

Se trata, según ha trascendido, de exministros del gobierno de Evo Morales, a quienes solo se persigue por eso: pertenecer al ejecutivo de la refundación y del MAS, aunque ahora se les acuse mentirosamente de organizar actos de sedición.

Entre ellos se encuentran el exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, y Hugo Moldiz, quien ocupó el cargo de ministro de Gobierno durante un breve lapso del año 2015. A ninguno de los protegidos en esa legación, las autoridades de Bolivia acceden a concederles salvoconductos, mientras autoridades del ejecutivo de Añez han dicho, con sus letras, que los van a «cazar».

¿Llevará ese afán persecutor que algunos tildan de terrorismo de Estado, a violar la soberanía de otra nación atacando su legación diplomática? ¿Crecerá la relación de 36 muertos, 800 heridos de bala y cientos, o tal vez miles de bolivianos detenidos por los golpistas? ¿Seguirán yendo por los dirigentes del MAS, en efecto, como tras zorros en una cacería?

Longaric ha dicho que su «Gobierno» es respetuoso de la inmunidad diplomática. Muchos en el mundo darían su voto por eso.

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