La paz: un alumbramiento que zozobra

EL clamor ha sonado alto y claro, pero no hay evidencia de que se le atenderá: miles de colombianos se movilizaron o declararon en paro el jueves, para pedir garantías a la paz que deberían traducirse, en primera instancia, en oportunidad a la vida para todos.

La acción fue convocada por organizaciones indígenas, estudiantiles y gremiales en rechazo a las políticas de Iván Duque y, especialmente, contra sus objeciones al funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) —mecanismo angular para que se cumplan los Acuerdos suscritos con las extintas FARC-EP en La Habana, en 2016— y, en primera instancia, para que se salvaguarde la integridad de los líderes sociales, víctimas tangenciales de una violencia que persiste, y quienes siguen siendo asesinados en Colombia a un ritmo atroz.

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En un período que debía estar marcado por la implementación plena de la paz en todos los sentidos —y no entendida solo como el silencio de las armas—, entidades defensoras de los derechos humanos cifran el número de activistas muertos de modo violento en los últimos años en más de 600.

Sin embargo, lo más preocupante es que la saña contra ellos no decrece. Según el más reciente informe del programa Somos Defensores, 155 fueron asesinados durante 2018, período que calificaron como «el año más violento».

Por eso las acciones prosiguen este domingo con una iniciativa estremecedora: la simbólica instalación en Bogotá de un «refugio humanitario temporal» que permanecerá vigente hasta el 2 de mayo, y al que se espera acudan unos 3 000 hombres y mujeres de todo el país que son líderes en sus comunidades y han recibido amenazas; o son «estigmatizados y señalados», como adelantó hace unos días a la sección 2020 del diario web El Espectador, el director de la organización Redepaz, Luis Emil Sanabria.

«(…) Líderes que no encuentran respaldo por parte del Estado ni garantías para el ejercicio de sus acciones sociales y políticas», señaló.

La medida, que pretende visibilizar la situación, será seguida por una audiencia pública en el Congreso con el apoyo de legisladores promotores de la paz. Los auspiciadores intentarán «conversar con el Gobierno para buscar, en conjunto, salidas a esta grave crisis humanitaria; garantías reales de participación social y política, y, por supuesto, todo lo concerniente a la protección de líderes».

El propósito final es acceder también a representantes de la comunidad internacional y «construir una ruta, acciones integrales y estratégicas para garantizar la autoprotección y el cuidado de los líderes y lideresas».

Pero las acciones toman igualmente en cuenta la no declarada persecución contra los guerrilleros de las FARC-EP que confiaron en la negociación, sobre todo, como un pacto de caballeros, y entregaron sus armas y se acogieron a los mal implementados planes de reinserción a la vida civil, aceptando su reclutamiento en las llamadas zonas veredales.

Ciento veintiocho de esos excombatientes han sido asesinados desde su desmovilización. Por ellos también se instala el «refugio humanitario» de Bogotá este domingo.

Desconfianza

Se sabía que sería difícil el pleno establecimiento de la paz, una aspiración que junto al cese del conflicto armado entraña la instrumentación de políticas que hagan cesar la violencia social, basada en la injusticia.

Pero los acontecimientos que se denuncian tienen otros males de trasfondo. Básicamente, el pretendido desconocimiento del presidente Duque a lo pactado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y plasmado en los Acuerdos. Incluso, su desentendimiento con las bases sentadas por su antecesor con vista a hacer avanzar el diálogo con el ELN, el otro movimiento guerrillero colombiano.

Para Duque aquellos compromisos no fueron «de Estado» sino «de Gobierno», razón por la cual no solo se desentiende de ellos, sino que, además, aspira a cambiarlos.

En ese contexto tiene lugar ese otro lento exterminio tan lamentable como el de los líderes sociales, pero con lectura a futuro más peligrosa, pues los asesinatos de exguerrilleros pisotean flagrantemente los Acuerdos de 2016, y se burlan de quienes pusieron sus vidas en manos del pacto. Cualquier otro intento de negociación se abriría con ese mal precedente.

El más reciente suceso fue el que terminó con la vida, esta semana, del exinsurgente Dimar Torres en la localidad de Convención, en la región del Catatumbo, al norte de Santander, quien halló la muerte baleado cuando iba en busca de aperos para su nueva existencia rural.

La comunidad campesina ha denunciado que su muerte es obra de los mismos efectivos del ejército encomendados de cuidarlos, según los vecinos de Dimar que salieron a buscarlo tras escuchar una ráfaga de disparos, y percatarse de su ausencia.

Hallaron su cadáver luego de encontrar, en un hueco, unas herramientas y un sombrero. «Nosotros nos desesperamos y creímos que lo mataron. Luego, caminamos más allá y encontramos el cuerpo de él, asesinado por esta gente que envía el Gobierno a protegernos», dijo un vocero de la organización comunal.

La Fiscalía dice ahora que investiga el hecho; pero desde ya empieza a justificar. Según el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ante el Congreso, una fiscal especial está indagando los sucesos y recolecta las pruebas para demostrar la dudosa «verdad» de un cabo de la Fuerza Armada.

Según el oficial, le trataron de arrebatar su fusil y en el forcejeo «se escapó» el disparo que dio muerte a Dimar. Los campesinos que acusan a los efectivos recuerdan, ante esa versión, que el balazo que mató a su compañero se le infligió en la cabeza.

Lo más preocupante es que los hechos ocurrieron en un lugar que debía ser «sagrado». Se trata de uno de los 22 sitios conocidos como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR): las antiguas zonas veredales donde los otrora guerrilleros deben recibir ahora preparación para su vida civil, a tenor con lo firmado.

Al dar cuenta del incremento de los crímenes contra los activistas sociales, el programa Somos Defensores opina que uno de los resortes para el incremento de esa violencia es el reordenamiento de grupos armados en los territorios que antes ocupaba la guerrilla, mientras se les resta importancia a «instrumentos legales e instancias políticas que se iniciaron en el anterior Gobierno, y que planteaban intervenir la violencia de manera estructural».

En su opinión, debe haber un «esclarecimiento histórico» en las investigaciones sobre los crímenes».

Rosario de incumplimientos

Sin embargo, el presidente Duque pretende entrampar el trabajo de la Jurisdicción Especial de Paz que debe aclarar, al menos, los hechos sangrientos más notorios de décadas de enfrentamientos con las FARC-EP.

Por el momento, la Cámara de Representantes del Congreso rechazó sus objeciones a la ley estatuaria de la JEP. Mas el debate está pendiente en el Senado, donde la bancada oficialista retarda la votación. Según analistas, se quiere facilitar la búsqueda de votos a favor de los cambios que quiere Duque.

El debate llegó al Consejo de Seguridad de la ONU. A favor de que se complete rápido la JEP se pronunciaron, en días recientes, los representantes de los países miembros del Consejo contando al embajador de EE. UU., Jonathan Cohen.

Sin embargo, es distinta la actitud que asume Washington sobre el terreno. Según ha trascendido, diputados que rechazaron el intento de reformar la ley estatuaria por parte de Iván Duque, han dicho que el embajador de EE. UU., Kevin Withaker, los presionó para que depusieran su posición.

Por su parte, el propio jefe de la misión de la ONU que da seguimiento a la implementación de los acuerdos, Carlos Ruiz Massieu, se pronunció en la cita del Consejo de Seguridad en contra de que se reabran puntos de los Acuerdos de paz.

Reabrir lo acordado incrementaría la incertidumbre en un país donde todavía no se ha hecho justicia a las víctimas, y una de las partes está siendo virtualmente masacrada.

Lo que se ha avanzado hasta hoy es precario, como se esperaba que ocurriría bajo un Gobierno tan ligado a los haceres y decires del expresidente ultraderechista Álvaro Uribe, el más encarnizado enemigo que tuvo el proceso de paz con las FARC-EP.

Según el Instituto Kroc, que verifica la implementación, solo un 23 por ciento de lo pactado se ha cumplido y, de esa cifra, apenas un 35 por ciento de los compromisos han alcanzado niveles avanzados de materialización. Por la otra punta, el 31 por ciento del total de los compromisos no ha empezado siquiera a implementarse.

Ausencia de leyes u otras normas que no terminan de ser aprobadas, dificultan que se den pasos significativos como los que deben dar vía a la reforma rural, tan necesaria en un país donde buena parte de la población vive en el campo.

Amenazando el futuro

Pero el suceso que más ha estremecido al país es el asesinato del pequeño Samuel, de apenas siete meses de edad, quien resultó herido de muerte luego de que desconocidos tirotearan la cabaña donde el bebé dormía con sus padres: dos jóvenes exguerrilleros que resultaron heridos.

No estaban en su vivienda habitual, sino en casa de una abuela. Quizá lo más preocupante sea precisamente eso. Los papás de Samuelito viven en un ETCR, donde se calcula que los bebitos suman ya unos 800, y que hay más de 250 «en camino», según el sitio web El Colombiano.

Sus padres creyeron en la paz, e imaginaron para ellos un futuro distinto.

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana