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BOGOTÁ, noviembre 20.— Una comisión integrada por representantes del ejecutivo y distintos ministerios será encargada de proteger a los líderes sociales colombianos, anunció el presidente Iván Duque, luego de numerosas denuncias por el creciente número de asesinatos, que fueron hechos notar al cumplir el mandatario sus primeros cien días de mandato.
La Presidencia y los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, así como el comandante de Fuerzas Militares, los directores de la Policía y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Alto Comisionado para la Paz, la Fiscalía, la Procuraduría, entre otras instituciones del Estado, integrarán esa instancia según lo dicho por Duque y divulgado por el diario El Tiempo.
La instalación de dicha comisión está contenida en un decreto ejecutivo que busca aumentar la protección y la defensa de los líderes sociales, dijo el rotativo. «Todos los organismos de control entienden que esto es una prioridad nacional», aseveró el mandatario.
El decreto establece el protocolo para la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, y por medio de este se crea el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO) para dichas personas, expuestas a amenazas en sus comunidades por parte de grupos al margen de la ley, reconoció el diario.
Según los registros de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), más de 295 defensores han sido asesinados en Colombia desde 2016, y se cuentan en 69 los que perecieron desde que Duque llegó al Gobierno,
Lo que busca el PAO, explicó El Tiempo, es realizar acciones articuladas por parte de todas las fuerzas del Estado para prevenir y dar respuesta a las situaciones de violencia contra defensores de los derechos de la ciudadanía.
«Este es un proceso que se ha construido con las entidades, pero básicamente lo que busca es coordinar y armonizar las acciones del Estado», puntualizó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien dijo que esa labor comienza el mes entrante.
Es la primera ocasión en que un mandatario colombiano adopta medidas de esta naturaleza ante la violencia contra los líderes y activistas populares, a pesar de las múltiples denuncias sobre la agresión de que son objeto.
El decreto de Duque coincide con encuestas que señalan una merma en su aceptación. Un estudio de la firma Guarumo-Ecoanalítica arrojó que su imagen tiene un 48,5 por ciento de aceptación, y 40,4 por ciento en contra.
La entidad de defensa de los derechos humanos Somos Defensores señaló que, en lo que va de 2018, han sido asesinados 77, lo que significa un incremento del 34 por ciento de casos con respecto a 2017, en medio de una larga impunidad demostrada por el hecho de que el 91,4 por ciento de los crímenes ocurridos entre 2009 y 2017 quedaron sin esclarecimiento y mucho menos castigo.
Por su parte, Indepaz sostiene que durante el presente año han sido asesinados 219 líderes sociales.
