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Niños con discapacidad denuncian la decisión de Macri. Autor: Página 12 Publicado: 13/02/2018 | 10:07 pm
SI a estas alturas todavía alguien dudara del bajo perfil que el bienestar de las personas adquiere bajo la égida neoliberal, basta con que mire a Brasil o, si lo hace hoy, mejor a Argentina.
Allí, el Gobierno acaba de decretar la revisión de las pensiones otorgadas a los niños con discapacidad, en tanto cierra de cuajo la posibilidad de que nuevos menores puedan ser beneficiarios de ella. Con tal medida, las familias de 20 000 de esos menores tendrán que esperar a que sean reanalizados sus expedientes, a ver si pasan…
Una foto publicada por el diario Página 12 al dar la noticia, conmueve: dos pequeños en sus sillas de ruedas exhiben carteles donde exigen: «No a la quita de pensiones por discapacidad».
El argumento con que se adopta la medida estremece por su inconsecuencia: ellos «no tienen incapacidad laboral». Tal afirmación pretende explicar por qué el ejecutivo vuelve a la carga sobre las pensiones por invalidez, luego de que hace casi un año el sistema judicial detuviera el recorte con que Mauricio Macri pretendía quitar esos subsidios al total de 170 000 personas con esa discapacidad que son beneficiarias del mismo.
Ahora, el pase de cuentas afectará a menos cantidad. Como dice Página 12, solo «a los más chicos». Total, alega el Gobierno, a ellos no hay que subsidiarlos porque su discapacidad no les impide trabajar. ¡Obvio: ellos no están en edad laboral!
Habría que mirar detrás de esa fariseica verdad de Perogrullo. Entonces una se toparía con ese desempleo en alza que tiene en picada la capacidad de compra en Argentina en virtud, precisamente, del paquete con que el ejecutivo de Cambiemos quiere reducir el déficit fiscal, y que ha hecho mella ya sobre los jubilados y las familias con hijos, según lo dictado por la reforma previsional, aprobada finalmente en diciembre, mientras, como es de esperar, vuelve a crecer la pobreza.
Siempre va a parar sobre los más débiles el llamado «achique» de los gastos de seguridad social en función de disminuir los gastos públicos, y que la macroeconomía goce de buena salud y crezca.
Así se procura cada vez menos «carga» para el Estado, en una nación donde la atención de salud a los niños no es gratuita como tampoco a los enfermos de cáncer y VIH, y a quienes, en función de la misma decisión que atañe a los menores discapacitados, se les exigirán ahora más requisitos para otorgarles sus pensiones.
Algunos estiman que las asignaciones eliminadas sumarán miles y que el Gobierno las quitará con guante quirúrgico, en tanto otros, preocupados, aseveran que el cuadro que se dibuja en Argentina con los recortes, el desempleo, el alza en el costo de la vida, ya lo vieron, y alertan que el desenlace puede ser igual...
El de tales aseveraciones es Raúl Zaffaroni, antiguo juez de la Corte Suprema de Justicia quien, al criticar la política social y económica de Macri, ha asegurado que los argentinos «nos encontramos frente a una grave emergencia o la inminencia de una grave emergencia (….).
«No quiero un 2001, evitemos un desastre de esa naturaleza», agregó en alusión a las protestas que terminaron con el Gobierno de Fernando de la Rúa, heredero y continuador aventajado de las políticas neoliberales de Carlos Menem, y a quien lo depuso la espontánea insubordinación popular con aquel «Que se vayan todos»: una frase expresiva del hartazgo del pueblo de los malos políticos, y que muchos en Argentina —y en otros países de Latinoamérica—, ¡parecen haber olvidado tan pronto…!
