Honduras, las elecciones y las rémoras del golpe

Parecía una reacción lógica de Salvador Nasralla cesar el reclamo de una victoria electoral cuyo robo, según él, ya se consumó. Pero su propalada e intempestiva salida de la Alianza de Oposición contra la Dictadura también apuntaba a un deseo de Estados Unidos que podía haber sido concedido, tal vez, bajo presión.

Sin embargo, el anuncio por Nasralla de nuevos actos de protesta a nombre de la Alianza en las últimas horas, y las fotos que lo muestran junto al expresidente Manuel Zelaya, coordinador de la coalición, desdijeron pronto la ruptura propagada por medios de prensa en los que se adivinaba el regusto por el supuesto rompimiento.

Salvador Nasralla, el candidato que presentó la oposición a la Dictadura. Foto: La Prensa

Mantenerse juntos ha sido una decisión sabia por parte de ambas figuras. Ninguna base mejor para conformar el nuevo frente político convocado en los días recientes por Nasralla —un periodista convertido en líder popular gracias, sobre todo, a los no bien aclarados entresijos de estas elecciones— que la coalición donde se unieron tres cuerpos políticos con los que buena parte del pueblo se identifica, como lo demostró el respaldo a la Alianza durante los días tensos que siguieron a las cuestionadas elecciones del 26 de noviembre en medio de las denuncias de fraude, el toque de queda, y la represión desafiada por esas mismas bases.

Manuel Zelaya, expresidente y coordinador de la Alianza. Foto: Telesur

La unión coyuntural fraguada de cara a los comicios por el partido Libertad y Refundación (Libre, coordinado por Zelaya), el Partido Anticorrupción (PAC, fundado por Nasralla) y el Innovación y Unidad (PINU), constituye un buen punto de partida para el propósito anunciado por el excandidato de «seguir luchando». Probablemente sea también el único saldo positivo que dejaran estos comicios para quienes aspiran a una Honduras desapegada de la vieja política.

Por eso tampoco debe extrañar que haya presiones de Washington más allá de su reconocimiento al triunfo del presidente reelecto, Juan Orlando Hernández: una actitud que, para algunos, pretendía silenciar de una vez los reclamos no satisfechos por un Tribunal Supremo Electoral cuestionado.

En su mensaje de reconocimiento del día 23, el Departamento de Estado de EE. UU. había dejado claro que la situación subrayaba la necesidad de un diálogo nacional en Honduras y llamaba a los ciudadanos o los partidos políticos a usar «los caminos provistos por la ley».

A buen entendedor, con pocas palabras bastaba. Sobre todo, cuando existe como precedente la carta pública dada a conocer el día 9 de este mes por Zelaya, donde este denunciaba que personeros de la OEA habían recomendado a Nasralla desvincularse completamente de él, pues el expresidente era considerado como «chavista y defensor del socialismo democrático», según revelaba la misiva.

¿A qué poderes si no a los de Washington podían estar sirviendo de voceros, una vez más, aquellos representantes de la OEA?

Un artículo publicado por el medio alternativo The Intercept el pasado día 22, y que firmaba Allan Nairn, revelaba que a pesar de los llamados de la Embajada de Estados Unidos a principios de mes instando a un conteo de votos transparente, imparcial y creíble, Washington «ha estado trabajando tras bambalinas durante semanas, instando a la oposición hondureña a cerrar las protestas».

Sin cesar en sus críticas a un gobierno que según ha denunciado «no fue electo por la mayoría del pueblo sino impuesto por la voluntad de Estados Unidos», Nasralla ha anunciado que concluyó su etapa «como candidato de la oposición». «Pero hay que seguir luchando ahora como una fuerza nacional», aseveró.

Según Nairn, el propio Nasralla, sin embargo, le confesó el 7 de diciembre luego de hablar telefónicamente con la Embajadora estadounidense, HeideFulton, y con el subsecretario de Estado adjunto, John Creamer, que ellos querían que pararan las protestas. «(Quieren) Que tranquilicemos a la gente», narró.

HILOS VIEJOS

Claro que para cualquier análisis de lo que acontece en Honduras hay que mirar el trasfondo de la sociedad. Y ella se encuentra marcada por el golpe que sacó del poder a Manuel Zelaya en junio del año 2009.

La asonada, que terminó catapultando al exmandatario como dirigente opositor, lo matiza todo.

Buena parte de la fuerza popular que ha tomado las calles se forjó como cuerpo social al calor de las manifestaciones contra el gorilazo que lo demovió. De allí, precisamente, surgió el denominado Frente Nacional de Resistencia Popular que más tarde fundó Libre como su brazo político.

Un fuerte despliegue policial enfrentó las protestas contra el fraude electoral. Foto: AFP

Tampoco se pude soslayar que el entorno político hondureño es exactamente el mismo que fraguó y dejó la intervención de las fuerzas militares en el acontecer nacional en junio de 2009. Es más, la asonada se produjo, justamente, para mantener el estatus quo de un país donde se concentra en muy pocas manos el poder económico que lleva al poder político.

A ese entorno remiten las declaraciones que Augusto Aguilar, extitular del TSE hondureño y actual miembro del Consejo de Expertos Electorales de América Latina (Ceela), brindó en Venezuela a propósito del marasmo en que cayeron los más recientes comicios hondureños, en vista del criticado y dilatado dictamen del ente.

En medio de la puja de la oposición que reclamaba el triunfo, Aguilar afirmó que el sistema electoral hondureño no está preparado para actuar en un terreno como el de hoy, con la emergencia de nuevas fuerzas políticas, y aseveró que necesitaba transformaciones profundas.

Dichas valoraciones podrían dar la razón a quienes hablan de la falta de independencia del TSE hondureño, más allá de sus limitaciones técnicas.

Tampoco debe olvidarse que el golpe militar mediante el cual se depuso a Zelaya tuvo como detonante visible su intención de colocar una cuarta urna en aquellas elecciones generales frustradas por las bayonetas de los golpistas.

Con la apertura de esa urna se pretendía consultar a la población si quería un referendo para convocar a una Asamblea Constituyente. Y los sectores de poder, léase la oligarquía hondureña coludida con los altos oficiales de un cuerpo militar que respondía (o responde) a ella, querían mantenerlo todo igual. Sin contar, desde luego, los intereses de ciertos grupos de poder en Estados Unidos preocupados también de que nada se moviera, y que tienen fuertes motivaciones para ello en la base militar de Palmerola.

Ello permitiría entender por qué a Zelaya, aun proviniendo del desde entonces dividido y tradicional Partido Liberal —uno de los dos grupos políticos que se ha alternado el poder en Honduras— y sin ser un hombre de izquierda, se le sacó y se le quiere seguir manteniendo fuera del juego político en Honduras.

Y por qué asusta la gente en las calles, luego de las masivas movilizaciones que reclamaron su vuelta durante largas semanas después del golpe.

La actividad de los movimientos sociales y populares en Hondureas ha sido una constante durante los últimos años. Foto: Redes sociales

Otro ámbito donde han podido apreciarse bien las rémoras de ese hecho, impensado a esas alturas en América Latina, es el de la represión contra un activismo social que, en casos como este, se acerca bastante al activismo político, toda vez que las reivindicaciones de los movimientos populares y sociales son vistos como una amenaza para los intereses económicos y políticos de las clases pudientes.

A la treintena de muertos que dejó la represión militar y policial durante los días postelectorales se suman en las últimas horas otros dos muertos.

Pero este saldo no puede verse como algo separado de los miles de asesinatos cometidos en el país durante los últimos años, expresión del delito y la violencia común, mas también de la persecución contra los dirigentes sociales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que Honduras es «uno de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos» y que allí son habituales amenazas, ataques y asesinatos que tienen como víctimas también a periodistas y abogados.

En la otra cara de la medalla está la existencia de los cuerpos armados que protagonizan muchos de esos hechos, ahora más capacitados gracias a la ayuda estadounidense, que ha fluido a Honduras en los últimos años bajo la premisa de combatir el delito común y el narcotráfico.

En estos días, aseveraron Lee Dang y Danielle Marie Mackey en otro material de The Intercept, esas fuerzas «están reprimiendo la democracia».

Según la publicación, tanto la policía hondureña como sus cuerpos élite son beneficiarios de una generosa asistencia financiera de EE. UU. que, a tenor con el Security Assistance Monitor, suma casi 114 millones de dólares en apoyo de seguridad desde 2009, además de otras donaciones y cursos.

El texto recuerda que existen denuncias de que uno de esos cuerpos élite, Tigres, habría participado en el asesinato de la dirigente comunal Berta Cáceres el 17 de marzo de 2016, crimen que todavía está impune.

Analistas estadounidenses estiman que «los actores ocultos durante la crisis provocada por el golpe de 2009 inclinaron a Honduras hacia el caos y marcaron el comienzo de una nueva era de militarización que ha dejado un rastro de violencia y represión a su paso».

¿Es eso lo que estamos contemplando todavía ahora?