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Parecía que todo iría marcha atrás, en medio de la tormenta provocada por las limitantes que la Corte Constitucional de Colombia impuso, hace unos días, al fast-track: la vía rápida que esa misma instancia había aprobado en diciembre para que pasaran por el Congreso, sin escollos, los proyectos de ley que permitirán la materialización de los acuerdos de paz.
Ciertamente, el golpe fue duro, y el proceso establecido por el Gobierno y las FARC-EP se lo va a estar sintiendo. En su dictamen, la instancia reglamentó que las leyes a debate ya no tendrán que estar avaladas por el Gobierno antes de presentarse (como se había establecido) y, aún más, se les quitó el blindaje que prohibía a los congresistas modificar dichos proyectos una vez que el ejecutivo les hubiese dado visto bueno.
Eso no significa, directamente, que los miembros del legislativo puedan modificar los acuerdos suscritos por las partes en La Habana. Pero, obviamente, si se cambia el espíritu y la letra de las normativas que deben legalizar lo pactado podría estarse impidiendo, en quién sabe cuántos casos, su cumplimiento. Y ello podría poner en riesgo la misma letra de los acuerdos.
No fue lo único «tocado». Además, la Corte Constitucional derogó la normativa que establecía la votación en bloques. Ahora el debate podrá desgranarse entre las opiniones de uno y otro legislador, línea por línea del texto, y extenderse de manera interminable…
Una fórmula hallada luego por los seguidores de los acuerdos en el Congreso para contrarrestar, autoriza que se aprueben como un todo los proyectos de ley acerca de los cuales no haya nuevas propuestas… mas es difícil que ello acontezca.
Pero he ahí que la coyuntura sacó a flote las mejores artes de Santos, quien dio muestras de esa apuesta a la paz, que constituye, además, un rédito político que llevará consigo.
Aprovechó las pocas horas de vida que le quedaba a su autorización para implementar leyes por decreto (una posibilidad aprobada y vencida junto con el tiempo de vida del fast-track: seis meses), y trabajó arduo todo un fin de semana para dejar instaurados 15 o 20 decretos de un golpe, sumados a otros 15, con los que dio vida a una parte de los acuerdos.
Algunos, trascendentales, pues la paz no se sustenta, como quizá pretendan algunos, en el silencio de las armas, sino en la transformación de las causas que dieron lugar a que esas armas sonaran. De lo contrario, la paz verdadera nunca será realidad.
Por eso era tan necesario dar curso legal a la implementación de la Reforma Rural Integral, corta en comparación con las aspiraciones de la guerrilla y de los campesinos liderados por Manuel Marulanda cuando se levantaron por la tierra y, masacrados y aislados en 1964, no tuvieron de otra para defenderse que tomar las armas. Ellos conformaron el embrión de lo que serían las FARC-EP.
No obstante, lo pautado es un paso adelante. El ya aprobado Fondo Nacional de Tierras estará conformado por tres millones de hectáreas de las que serán beneficiarios los campesinos, trabajadores rurales y asociaciones de productores.
Otros decretos firmados comprenden la creación del programa de Reincorporación Económica y Social, que brindará a los desmovilizados las prestaciones económicas y sociales necesarias para enrumbar su vida cuando, como aclara el periódico colombiano El Tiempo, culmine el proceso de dejación de armas y se suspendan todas las órdenes de captura en su contra.
No menos relevante es el que establece el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, que debe facilitar lo relacionado con las garantías para la tolerancia y la no estigmatización.
Educación, vivienda, empleo, electrificación, también se encuentran entre los temas de las leyes expedidas, así como la responsabilidad estatal en la sustitución de los llamados cultivos ilícitos, cuya comercialización ha servido de sustento a muchos campesinos, a falta de ayuda para otras cosechas.
No obstante, aguardan aspectos relevantes a los que deberá entrar con la manga al codo el ejecutivo, pues es a quien compete velar por la implementación de esta parte. Las FARC-EP han respetado lo establecido para ellos en este lapso: léase su acantonamiento, cualesquiera hayan sido las condiciones halladas —y no siempre han sido las mejores— en las denominadas zonas veredales y puntos establecidos para su entrega de las armas.
Entre lo pendiente está la controvertida Jurisdicción Especial de Paz (JEP), cuya instauración ya está encaminada, pero a la que falta definir los detalles de su funcionamiento, cardinal para la tranquilidad de la ciudadanía.
Dicha instancia definirá la gravedad de los delitos cometidos durante el conflicto, priorizará los casos, recopilará la información que le aporte la Fiscalía, buscará evidencias… Solo en su Unidad de Investigación laborarán 16 fiscales, según fuentes periodísticas colombianas.
Quizá se pueda decir entonces que la implementación en la ley de los acuerdos está… ¿a un tercio de camino?
Urge recorrerlo pronto, y no únicamente por la seguridad de los que hoy vuelven a la vida civil.
Además, apremia la cercanía de las elecciones presidenciales, previstas para mayo del año que viene; no solo porque concitarán la atención de los congresistas y de la sociedad toda, sino porque desde hace rato el proceso de paz se ha convertido en tema de una temprana campaña proselitista que siempre puede hacer daño a lo acordado.
Ello, sin contar quién ocupará la primera magistratura en 2018, pues ya sabemos que la paz tiene enemigos encabezados por el exmandatario Álvaro Uribe.
Esperemos que la aprobación en carretilla de las leyes que acuñó el presidente Santos esta semana haya resultado un segundo aire al proceso, porque falta tramo todavía.
