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ANKARA, octubre 12.— Turquía pidió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) activar los radares antimisiles de la base de Kurecek y apuntarlos hacia Siria, informó este viernes el diario Sabah, en medio de una creciente tensión entre la nación otomana y Damasco.
La medida se enmarca en la decisión turca de potenciar su propio dispositivo militar en la frontera en caso de conflicto, según el periódico.
Según el diario Hurriyet, en los últimos días el Gobierno turco redobló el número de carros armados —hasta 250— presentes en la frontera y tiene 70 cazas en las bases aéreas cercanas al límite con Siria, en Diyarbakir y Malatya, citó ANSA.
La activación de los radares de Kurucek, cercano a Malatya, que forman parte del «escudo antimisiles» de la OTAN, debe permitir individualizar rápidamente un hipotético ataque con misiles sirio y tomar medidas, según Sabah.
De acuerdo con el diario Turkiye, las fuerzas turcas a lo largo de la frontera están en estado de alerta tras una semana de intercambios de disparos de morteros entre ambos países.
En tanto, dos cazabombarderos turcos F-16 intimidaron este viernes a un helicóptero del Ejército sirio que disparaba contra posiciones de las bandas armadas antigubernamentales en el pueblo de Azmarin, en la frontera entre los dos países, informó la cadena CNNT rk.
En los últimos meses, la aviación turca efectuó varias operaciones de este tipo contra helicópteros del ejército sirio que se habían acercado a la frontera común, de unos 900 kilómetros.
Las relaciones entre estas dos naciones empeoraron tras la caída en territorio turco de obuses presuntamente disparados por el Ejército sirio y que mataron a cinco personas el pasado 3 de octubre.
Sin embargo, investigaciones independientes dadas a conocer en Occidente, sugieren que los obuses disparados desde territorio sirio contra esa localidad procedían de arsenales de la OTAN entregados en Turquía a las bandas armadas.
La tensión escaló aun más después que aviones turcos interceptaran el miércoles un avión civil que iba de Moscú a Damasco y le obligaran a aterrizar en Ankara para inspeccionar su cargamento, con el pretexto de que la carga era bélica.
Las autoridades sirias emplazan este viernes a Turquía para que demuestre la validez de sus acusaciones sobre el transporte de armas y pertrechos bélicos en el Airbus A320.
Según el Ministerio de Información de Siria, la nave obligada por los aviones de guerra turcos a tomar pista en Ankara, no transportaba ni municiones ni equipos militares, lo cual obliga a ese país a presentar pruebas que justifiquen su proceder, calificado por muchos de acción de piratería aérea, reseñó PL.
Las autoridades locales citan la declaración de primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, en la que aseguraba que el aparato llevaba municiones y no era legal su carga, algo que ahora pone al funcionario en una delicada posición.
Rusia continuaba este viernes a la espera de información solicitada a Turquía en relación con el contenido del avión civil sirio.
Moscú no ha recibido de Ankara evidencias sobre la carga ocupada, ni explicaciones sobre las circunstancias de dicha ocupación, dijeron fuentes diplomáticas, citadas por la agencia rusa Interfax.
En opinión del portavoz de la cancillería, Alexander Lukashevich, las Fuerzas Aéreas turcas no tenían derecho de perseguir al avión civil.
Incluso, dijo, que en caso de trasladarse una carga para Siria, este país no es objeto de sanciones internacionales, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. No existe un fundamento legal y Rusia va a insistir en ello, subrayó Lukashevich.
El diplomático deploró la actitud de Turquía de involucrarse de manera profunda en los asuntos internos de Siria y agravar con ello el conflicto, y al mismo tiempo las tensiones en las relaciones ruso-turcas, aseveró la fuente.
De acuerdo con una nota de protesta de la Cancillería rusa, esta situación de contingencia, puso bajo amenaza la vida y seguridad de 17 connacionales que viajaban a bordo del avión.
En Ankara, funcionarios de la Embajada de Rusia no tuvieron acceso durante ocho horas a los ciudadanos de la Federación, lo que fue interpretado como una flagrante violación de la Convención internacional de Viena sobre Relaciones Consulares.
