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Licenciadas del Laboratorio de la Guardia Nacional realizan pruebas de orientación para la detección de drogas utilizando reactivos fabricados en Venezuela. Foto: Otmaro Rodríguez, enviado especial CARACAS.— La vieja y muy desacreditada cruzada de Estados Unidos contra el narcotráfico ha recibido un ramalazo de Venezuela: desde que la DEA no «colabora» con este país en el enfrentamiento al flagelo, las autoridades locales casi han duplicado las incautaciones de una cocaína que encuentra ruta indeseada por esta nación en su larga travesía hacia el Norte, donde están los mayores consumidores.
La realidad dice que de las 27 TM que se reportaban como promedio entre 2002 y 2004 bajo la batuta de la Drug Enforcement Admnistration (DEA) de Estados Unidos, los alijos interceptados por Venezuela aumentaron a una media de ¡43,5 TM! en el lapso 2005-2007, sin la sacrosanta agencia.
Puede que los índices, dados a conocer el lunes por el vicepresidente Ramón Carrizales, a esta hora ya no sean exactamente una noticia; digo, si es que encontraron oídos receptivos en una prensa más preocupada porque al denominado zar antidrogas, John Walters, nadie lo ha invitado a venir desde que Caracas se zafó de sus imposiciones...
Sin embargo, lo que impacta ahora en verdad es la demostración de eficacia que está dando Caracas, a pesar de las tendenciosas afirmaciones formuladas la semana pasada por el propio Walters y por el embajador estadounidense aquí, Patrick Duddy, quien aseveró que «hay indicaciones muy preocupantes» de que el tráfico de drogas entre ambos países «se ha incrementado», lo que provocó la correspondiente respuesta de la Cancillería venezolana...
Si aún a esta hora los datos ofrecidos por Carrizales siguen calientes es, precisamente, porque nos vuelven a conducir a una conclusión implícita en la imposición por Washington de medidas tan egoístas como las devastadoras fumigaciones masivas, la erradicación forzosa, las entregas controladas, y «ayudas» a cambio de las cuales se amarra a las naciones andinas a compromisos que lesionan su soberanía. Desde los 90, tales prácticas demostraron que la declarada guerra de EE.UU. al narcotráfico es solo un componente más de su política hegemónica e injerencista.
Algunos años después, la persistencia de un mal que no se puede combatir persiguiendo solo la producción de la materia prima (en este caso, la también benéfica hoja de coca), ha demostrado la inoperancia de esfuerzos que —¡claro!—, no estaban tan dirigidos a combatir el mal, como a usarlo para meterse en nuestras vidas.
Los propósitos mal escondidos de esa política hicieron aún más notoria su hipocresía, cuando los vuelos de detección y el despliegue de los militares estadounidenses evidenciaron que lo que interesa al Pentágono es mantenernos vigilados y tener otra pinza a mano para atenazar a la región.
¿Qué cosa, si no otro modo de juzgar al mundo, es la certificación con la que Washington determinará el 15 de septiembre, otra vez, qué países lucharon de «forma eficiente» contra el narcotráfico, y qué países no?
La certificación ha sido manipulada de forma aún más ladina por Estados Unidos contra Venezuela: si bien no se la descalifica, tampoco se la aprueba. Más bien, el asunto aparece de forma recurrente cada vez que la Casa Blanca entiende que es el momento de dar otra vuelta de tuerca y controlar «la influencia» del presidente Hugo Chávez.
Desprovistos de argumentos, la tendencia reciente de los halcones apunta a señalar que Venezuela no colabora «lo suficiente»: un término medio que pretende mantener al Gobierno bolivariano «en remojo».
Sin embargo, las pruebas de eficacia poco difundidas que brindó Carrizales a la prensa el lunes, en la sede de los laboratorios de la Guardia Nacional, bastarían para convencer al más escéptico y ganarle a Caracas más de una certificación.
Reactivos para la detección de drogas y sustancias sicotrópicas han sido elaborados aquí porque la DEA no solo dejó de enviarlos sino que, además, obstaculiza su adquisición desde que Caracas le quitó los parabienes. Los resultados exhiben también la destrucción de 190 pistas clandestinas usadas para el tráfico ilícito, enfrentamiento a los capos, detención de ciudadanos involucrados, y operativos de destrucción de campos de amapola y marihuana de forma manual, para prescindir de los contaminantes y destructivos defoliantes.
Según la ONU, Venezuela es el cuarto país en todo el mundo que más incautaciones realiza.
¿Por qué, entonces, la mentirosa DEA y la administración Bush podrían acusar a su gobierno? Sencillo: porque la «guerra contra el narcotráfico» de Estados Unidos es una mampara para la injerencia y otro modo de presión.
Venezuela ha dicho que colabora. Pero aceptar imposiciones: no.
