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CARACAS.— El llamado parlamentarismo de calle debate y desgrana ya las nuevas leyes en vigor para enfrentar a los grandes medios —-grandes distorsionadores de la verdad-—, tras los cuales sigue parapetándose una oposición fragmentada, pero dispuesta a todo para arrebatar gobernaturas, alcaldías y curules de legisladores locales en las elecciones regionales de noviembre.
En esta capital se realizaron los primeros debates convocados en cada estado y localidad por los diputados de la Asamblea Nacional, con el apoyo de ese elemento fundamental de la geometría del poder bolivariano que son los consejos comunales.
Aunque la situación dista bastante de 2001, cuando otra Ley Habilitante facultó al presidente Chávez para plasmar legislaciones que demostraron a la derecha y a la oligarquía que el proceso en marcha era, en toda la extensión de la palabra, una Revolución, aquella prensa con similar alevosía vuelve a manipular el sentido de los 26 decretos-ley promulgados ahora por el líder bolivariano, al amparo de la misma figura constitucional que lo habilita para hacerlo.
La cruzada arrancó hace poco más de una semana, apenas cuando las legislaciones adquirieron carácter oficial con su publicación en la Gaceta. Vocingleros, los plumíferos y las descotadas presentadoras televisivas la emprendieron contra las legislaciones: que si «nadie sabe lo que dicen», que si «son cascarones vacíos» para colocarles luego adentro lo que se antoje, que si «fue un madrugonazo»... Tan vehemente era el discursillo sin sustento de una de aquellas locutoras enardecidas, que varias veces se le rajó la voz mientras la ahogaba, pertinaz, la tos; pero el coordinador de la emisión noticiosa de Globovisión —ya se ve porqué algunos califican aquí a la televisora como «otro partido» — no dispuso siquiera un comercial que le permitiera recuperar el aliento...
Pocas horas después de que a pura palabrería aquellos desataran el vendaval, ni la publicación íntegra y la distribución en las calles de los textos —tal y como rezan en la Gaceta—, ni los convincentes argumentos de Chávez y muchos de sus ministros, detenían a los empedernidos especuladores de una realidad que se empeñan en enturbiar: la promulgación de los decretos se ha hecho con total apego a la constitucionalidad, han sido refrendados por el gabinete, y muchos fueron reclamados por los distintos sectores sociales que serán beneficiados.
En 2001, leyes como las referidas a la tierra, el petróleo y la pesca despojaron a trasnacionales y grandes empresarios locales de sus poderes omnímodos, avisando a esos favorecidos de siempre que iba en firme el propósito de dotar a Venezuela de desarrollo con justicia social. Fue el paso crucial que antecedió al golpe de abril de 2002. Ahora, las nuevas regulaciones buscan complementar a aquellas, y profundizar un proceso que hace rato proclamó su derrotero al socialismo. Basta revisar algunas de ellas: normas legales que facilitarán a los productores agrícolas el pago de sus deudas con los bancos, que defienden el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios y perfeccionan el seguro social, buscan promover a la pequeña y mediana industria, el desarrollo sustentable, exigen el mantenimiento de las vías de navegación...
La maquinación desestabilizadora se suma a otras emprendidas en los últimos días, cuando la carrera hacia los comicios acaba de largar con la inscripción de candidatos, y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con el apoyo de la Alianza Patriótica de la que forma parte, prometen golpearles duro. La nominación de Aristóbulo Istúriz para la llamada Alcaldía Mayor de Caracas, acompañado del ex vicepresidente Jorge Rodríguez en su combativo municipio Libertador, y la inscripción del ex titular de Información Jesse Chacón disputando la alcaldía de Sucre en Miranda —estado donde Diosdado Cabello aspira a la reelección como gobernador—, opacó a los escuálidos el fin de semana, y les anunció golpes contundentes en esas plazas fuertes. Esto puede preverse después de las magníficas demostraciones de apoyo que les dieron las masas en los nutridos y coloridos actos de presentación del domingo. Así ocurrió también en Guárico al anunciarse la candidatura de William Lara, en Portuguesa con Wilmar Castro, y en Anzoátegui, estado donde promete repetir Tarek William.
Algunas de las maniobras recientes de quienes adversan a la Revolución se fueron rápido a pique, como la que quisieron montar alrededor de la legítima intención de compra por el Estado del Banco de Venezuela, acción inteligente que recuperará la institución y dejará en casa la seguridad de los ahorristas venezolanos.
Pero a otros amagos todavía les insuflan aire. Así ocurre con el escándalo que se empeñan en montar alrededor de descartados aspirantes a gobernaturas y alcaldías a quienes la ley inhabilitó, impidiéndoles postularse por constar en su hoja de vida, hechos de corrupción.
A los escuálidos camancoleros no parecen importar ni su derrota del 13 de abril de 2002, ni la maduración de un proceso fortalecido, precisamente, por el verdadero madrugonazo que significó el secuestro de Chávez, y la abolición de la Constitución y de la institucionalidad por Pedro Carmona, El Breve. Para muchos políticos y analistas experimentados, ellos usan ahora la misma matriz de desestabilización.
Sin preocupación ni recato a pesar de que el intento incendiario ya ha sido denunciado, Miguel Henrique Otero, editor del diario El Nacional y coordinador del denominado Movimiento 2D, virtualmente llamó el último viernes a un levantamiento, al afirmar en rueda de prensa que los decretos «violan la Constitución», «constituyen una dictadura» y «un golpe Estado», e «ingenuamente» preguntó: «¿qué nos toca hacer: salir a las calles?, ¿marchar en contra de las leyes y las inhabilitaciones?»...
La llama parece empezar a arder. Pero serán los propios piromaníacos los que se quemen.
