Sin desmovilizarse por completo las denominadas organizaciones rurales argentinas. El gobierno se niega a discutir el tema de las retenciones
Ni siquiera el Plan de Reactivación Social que el Gobierno anunció como destino de los aumentados impuestos móviles a la exportación de soya, ha desmovilizado por completo a las denominadas organizaciones rurales argentinas.
El bloqueo de caminos ha sido sustituido por un paro de transportistas. Todavía los gremios ligados al agro —que reúnen y movilizan, básicamente, a los grandes terratenientes y exportadores— no se acaban de pronunciar, y anunciaron una toma de posición definitiva este viernes, a pesar de que el gobierno ha sido tajante. «Seguimos abiertos al diálogo, pero lo que no se discute más es el tema de las retenciones», advirtió el ministro del Interior, Florencio Radazzo, en lo que pareció un punto final en lo relativo al alza de las retenciones impositivas a los granos que se exportan, decretada en marzo. «No podemos seguir perdiendo tiempo en esto», reiteró.
A esas alturas, dos paros y bloqueos parecen haber sido suficientes para mostrar la explosividad de la medida, y a pesar de lo cual no transige el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en su defensa de que el Estado controle y use las entradas extras que está dejando a los grandes productores e industriales una exportación que crece, y deja más ganancias en tanto se profundiza la terrible crisis alimentaria mundial: alimentos como la soya —principal y casi único renglón productivo del campo argentino— se encarecen...
En un primer momento, las huelgas provocaron alza en los precios de los alimentos dentro del país y hasta desabastecimiento, al punto de sacar a las calles con cacerolas y cubiertos, como en diciembre de 2001, a las amas de casa de la clase media. Luego de un impasse, la protesta buscó quitarse de encima las críticas que les ganaron tantos sinsabores en buena parte de la sociedad y cambiaron el sentido de los bloqueos, obstaculizando la venta de granos para enviar afuera.
Ello, sin embargo, ha añadido un nuevo sujeto a la protesta: los transportistas, quienes, disgustados con una acción de los productores que los tiene a ellos sin cobrar, bloquearon desde el martes varias rutas importantes en seis departamentos del país, mientras los autores de la medida se tomaban un tiempo para pensar.
«Autoconvocados», según calificó el diario Clarín, los camioneros de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Córdoba y Santa Fe, resolvieron continuar por su cuenta con los cortes de ruta en un centenar de puntos, hasta que «se resuelva el conflicto», dijeron.
Paralelamente, la decisión de la Corte Suprema de aceptar su competencia ante el reclamo de que esa instancia reconozca como «inconstitucional» el decreto de aumento de las retenciones, ha llevado el diferendo ante la mismísima justicia.
Grosso modo, ese es el panorama de una puja que mantiene en vilo y divide, de algún modo, a la sociedad argentina: muchos rechazan la medida de plano, pero piden del Gobierno acciones profundas en el campo que cambien el esquema productivo y acaben con la inequidad. Y no faltan quienes juzguen los paros a destiempo, y consideren que la derecha se está aprovechando para golpear a un ejecutivo que, mal que bien, ha sacado a Argentina del hueco profundo de la crisis provocada por las privatizadoras y entreguistas medidas de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Para ellos, los poderosos de siempre se están aprovechando para retornar el modelo neoliberal.
Centro del debate, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiso cortar la discusión el lunes al anunciar que el dinero obtenido del alza impositiva a las exportaciones se utilizará en la construcción de hospitales, viviendas, y caminos rurales...
Mañana sabremos si ello ha logrado convencer al pequeño productor que se haya unido a la protesta porque tiene hambre pero, sobre todo, si disuade al empresario agrícola rico, al que solo le importa seguir engordando su caja de caudales.