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En julio de 2006, miembros de la Coordinadora Antifacista de Madrid retiraron una placa con un lema franquista de una conocida plaza de la capital, donde aún quedan varios signos del pasado dictatorial. En julio de 2006, miembros de la Coordinadora Antifascista de Madrid retiraron una placa con un lema franquista de una conocida plaza de la capital, donde aún quedan varios signos del pasado dictatorial.
El militar golpista, encabritado, había proferido un grito: «¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!». A lo que el ilustre Miguel de Unamuno, ante la audiencia reunida en el Paraninfo de su querida Universidad de Salamanca, replicó dignamente: «Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir, necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha».
Las armas, en efecto, hablaron. Durante la sublevación el general Francisco Franco, los fascistas asesinaron a medio millón de personas. Una vez establecida la dictadura, fusilaron a otras 200 000, y apresaron a más de un millón. Y al atorado reaccionario que había dado vivas a la muerte —sutil manera de ilustrar qué tanto le importaba España— se le coronó su fidelidad al «Caudillo» con la denominación de una calle en Madrid con su nombre: Millán Astray.
Ahora bien, 32 años después de la muerte de Franco y el inicio de la Transición española, ¿a qué viene mencionar a este sujeto? Pues a que, según una investigación de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y la Coordinadora Antifascista de Madrid, aún quedan en la capital española nada menos que ¡167 calles con nombres de aquellos secuaces del dictador!, incluido Millán Astray.
Así, una plaza mantiene el título de Arriba España, uno de los lemas franquistas; una avenida, por capricho del alcalde, se sigue llamando «del Generalísimo», y otras siguen mostrando nombres como el de «General Yagüe», un militar que fusiló a «4 000 rojos» tras la toma de la localidad extremeña de Badajoz.
Acabar con esa anomalía es uno de los objetivos del proyecto de Ley de Memoria Histórica, impulsada por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, en colaboración con otras fuerzas del Congreso, con el objetivo de obtener «reparación y reconocimiento para las víctimas de la Guerra Civil y de una dictadura de 40 años».
Se le oponen, por razones bien distintas, Esquerra Republicana de Catalunya y el derechista Partido Popular. Es así que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha calificado la iniciativa de «síntoma de totalitarismo, como pocos se han visto jamás». ¡Vaya si es curioso que una figura tan notable del PP vea más totalitarismo en este proyecto de ley que en el largo sufrimiento de España bajo una ultraderecha tutelada por Hitler y Mussolini!
Alharacas aparte, el texto recoge una denuncia contra «las graves violaciones de derechos humanos» cometidas «por el régimen político establecido tras la Guerra Civil». Además declara «ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa» durante la dictadura contra quienes «pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España», y ordena a las administraciones públicas tomar «las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura».
Pregunto entonces: si en teoría hay «consenso» —al que no escapa el PP— en que la denominada Transición a la democracia fue provechosa para España, ¿por qué algunos estornudan nada más ver que se rozan con un pétalo los vestigios del franquismo? ¿Nostalgia acaso?
Los del PP, que por estos días se han metido en una cruzada «por el Rey y por la bandera», alardeando de que son más españoles que nadie y politizando con oportunismo los símbolos nacionales, están jugando nuevamente a «la España y la anti-España», los buenos y los malos.
A ellos les toca responder.
