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José Antonio Choy López, arquitecto cubano en el VIII Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Autor: Roberto Suárez Publicado: 21/09/2017 | 05:47 pm
A estudiar desde un enfoque multidisciplinario el impacto que el deterioro de la arquitectura y el espacio urbano generan en el plano psicosocial, exhortaron los miembros de la comisión Ciudad, Arquitectura y Patrimonio, durante la sesión plenaria del VIII congreso de la Uneac.
De igual modo abordaron el efecto de la marginalidad ambiental en el deterioro de los valores espirituales y de las conductas sociales.
Especial atención otorgaron a ese punto los delegados en el cónclave, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer las políticas encaminadas a preservar nuestras ciudades y rescatar la calidad que durante épocas anteriores caracterizó a la arquitectura cubana.
«No es posible resolver los problemas identificados en las ciudades cubanas solamente a partir del deterioro urbano. Se precisa que las entidades e instituciones encargadas de la educación ciudadana y ética se involucren en esos proyectos», apuntaron.
En el informe de trabajo de esa comisión se demandó igualmente que se fortalezca la autoridad de la Uneac como representante de los intelectuales y artistas, de modo que esta pueda influir en la toma de conciencia de las autoridades y de decisiones en los temas de la ciudad, la arquitectura y el patrimonio.
Se reconoció el resultado de la gestión de la Red de Centros Históricos, dirigida por Eusebio Leal desde el Centro Histórico de La Habana.
Entre las problemáticas planteadas sobresalió el fenómeno del flujo migratorio de jóvenes profesionales. «La política cultural del país debe considerar la creación de una plataforma que ofrezca oportunidades de desarrollo a jóvenes creadores, como los arquitectos, para el emprendimiento de sus proyectos», señalaron los participantes en el encuentro.
También se sugirió que se evalúe que el Instituto Nacional de la Vivienda no esté subordinado, como una entidad más, al Ministerio de la Construcción, a fin de evitar que el mismo organismo rector de las construcciones en el país establezca las políticas de la vivienda y el hábitat.
