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Se imponen medidas más enérgicas para evitar los delitos contra el ganado en Cuba. Autor: Roberto Suárez Publicado: 03/11/2022 | 06:38 pm
Aunque a inicios de este año los delitos asociados a la masa ganadera mantuvieron —en la mayoría de las provincias— una tendencia a la disminución, en los últimos meses estos resultados no se consolidan ni puede hablarse de una tendencia a su reducción.
Así se informó en la más reciente reunión del Grupo de Trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales, donde se reiteró que el delito contra este flagelo «tiene un origen y desarrollo multicausal» y que «solo la integración verdadera y en el terreno de todos los factores» lo alejará de los potreros.
Desde el Palacio de la Revolución, y a través de videoconferencia con autoridades del país, Darío Delgado Cura, jefe del Departamento de enfrentamiento al delito e ilegalidades del Consejo de Ministros, compartió los resultados de un recorrido del Grupo de Trabajo que evaluó los problemas y causas que inciden negativamente en los hechos de hurto y sacrificio de ganado mayor.
Además, detalló que se visitaron las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Villa Clara y Mayabeque, donde se intercambió con 917 personas, de ellos 422 campesinos de todas las formas productivas. Igualmente, participaron cuadros del Partido, del Gobierno, el Ministerio de la Agricultura, de la Fiscalía General de la República, de los Tribunales, del Ministerio del Interior, así como de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.
«El enfrentamiento a este delito, como a los demás, se produce en un complejo contexto económico, político y social, en el que no hay rechazo por la ciudadanía y, por tanto, no se denuncia, lo que impacta en el esclarecimiento, el cual es bajo», apuntó.
No obstante, detalló Delgado Cura, se aprecia rigor en la aplicación de la política penal, con mayor imposición de la medida cautelar de prisión provisional. «Las sanciones que solicita la Fiscalía en su mayoría son de internamiento y los tribunales imponen esa sanción a más del 90 % de los acusados», explicó.
Según el informe, los campesinos consideran que existe impunidad y manifiestan insatisfacción, inseguridad y dolor cuando les sacrifican o hurtan sus animales con la consiguiente afectación personal, familiar y social. «Hay campesinos que nos dijeron: cuando a mí me roban un buey o una yunta me quitaron los dos brazos», ilustró.
Como se afirmó en la reunión, en toda esta batalla hay que tener en cuenta, en primer lugar, a los campesinos y demás propietarios de ganado, sus opiniones y preocupaciones, amén de lograr comprometerlos y motivarlos a superar las deficiencias y a un mayor enfrentamiento al fenómeno. Se imponen medidas más enérgicas, de acuerdo con la legislación, trabajar con inteligencia y efectividad tal cual piden muchos de ellos.
Entre actores estatales y no estatales
En el encuentro, Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales, se refirió a violaciones de la legislación vigente y tendencia negativas en materia de contratación económica. Insistió en el deber de cuadros y directivos en la preservación del patrimonio de la empresa estatal o unidad presupuestada, cuyos bienes o servicios hayan sido objeto de licitación.
En tal sentido, dijo que se visitaron por el Instituto y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba 50 mipymes para revisar la calidad de la contracción y la elaboración de las fichas de costo y precios, en particular aquellas asociadas a encadenamientos productivos con entidades estatales.
«La información nos ofrece importantes elementos para el análisis del comportamiento de las relaciones entre ambos actores económicos y definir acciones que aseguren una correcta contratación, desarrollo y control para obtener mejores resultados», reconoció López Acea, quien significó que no siempre está constituido el comité de contratación.
No en todos los casos, apuntó, se realiza un proceso de licitación y faltan evidencias de que se haya realizado un pliego de concurrencia que contenga, como mínimo, tres ofertas para determinar, analizar y seleccionar cuál es la más ventajosa en cuanto a calidad, precios, condiciones de pago, plazos de entrega y garantías que ofrecen los suministradores.
Los participantes coincidieron que en ese reordenamiento es vital el asesoramiento jurídico para que dichas relaciones se caractericen por la legalidad y la transparencia. Al referirse a este asunto, Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia, señaló que se trata de «escenarios económicos, contables, financieros, de dirección, de seguimiento, de responsabilidad de todos ante el contrato.
«La fórmula es la que nos enseña la Revolución: la unidad entre todas esas estructuras en función de que el contrato, siendo legal, sea la hoja de ruta, el camino del negocio, de la actividad económica, y no un mero documento —como a veces nos pasa— para tener en una carpeta y que justifique formalmente la relación económica», señaló.
Por eso, en la jornada se coincidió en que los encadenamientos productivos y producciones cooperadas pueden contribuir a una mejor inserción de las nuevas formas de gestión en el plan de la economía y las estrategias de desarrollo territorial. De ahí que el perfeccionamiento de las relaciones entre el sector estatal y no estatal resulte decisivo para aumentar la oferta de bienes y servicios a la población, en medio del complejo escenario que vivimos
