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fue presidida por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz Autor: Estudios Revolución Publicado: 25/10/2022 | 04:51 pm
Aunque los montos empleados en la capitalización empresarial han experimentado un crecimiento, a partir de las utilidades destinadas a incremento de capital de trabajo, amortización de deudas y créditos bancarios, e inversiones con recursos propios, todavía distan de lo que requieren las entidades para ampliar sus niveles de actividad.
Al análisis de este proceso de creación de reservas voluntarias, en función de las ganancias retenidas después de impuesto por las empresas estatales, al cierre de 2021; así como a la distribución anticipada de utilidades a los trabajadores hasta el segundo trimestre de 2022, estuvo dedicada la más reciente reunión de la dirección del país con representantes del sistema empresarial estatal que, en esta oportunidad, fue presidida por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz.
Desde el Palacio de la Revolución, la titular de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, explicó que, respecto a periodos anteriores, se aprecia un avance en la estructura de distribución de las reservas voluntarias, sobre todo en destinos que tributan al progreso de las empresas, dígase, capacitación, desarrollo e investigaciones, unido a partidas de más reciente creación como el fondo para la adquisición, reparación y construcción de viviendas.
Foto: Estudios Revolución
En cuanto a la distribución de utilidades a los trabajadores, destino que tradicionalmente ha concentrado los mayores montos, -incluso la totalidad en algunos casos, en detrimento de la propia reproducción de la actividad empresarial- las cifras ascendieron a 13 563 millones de pesos, el 32 % del total de las reservas constituidas.
Con estos recursos, aseguró la ministra, se beneficiaron 1 205 empresas y 759 142 trabajadores, que representan el 55.6 % del total de la fuerza laboral del sistema empresarial en 2021. En ese sentido, llamó la atención sobre las 298 entidades que destinaron el 70 % y más de las utilidades retenidas a la distribución a los trabajadores.
A partir de este comportamiento, Bolaños Weiss insistió en la necesidad de que las administraciones y las Juntas de Gobierno profundicen en las decisiones sobre la creación de reservas, especialmente en aquellos centros que distribuyen utilidades y reciben financiamientos presupuestarios.
En su opinión, hay que seguir examinando dónde se pueden bajar tarifas, y ayudar a la financiación, sin afectar la distribución de los trabajadores. Si el dinero se queda en la empresa, hay que ayudar al Presupuesto, agregó el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.
«No puede ser que el dinero se quede allí y después pidamos financiamiento presupuestario. Eso implica un impacto negativo sobre el Presupuesto, y ese no es un impacto etéreo, es sobre el pueblo, porque el Presupuesto constituye recurso público», aseveró.
Una medida que todavía no prende como necesita el país
Respecto a la distribución anticipada de utilidades a los trabajadores, al cierre del segundo trimestre de 2022, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, señaló que solo 923 empresas, el 47% del universo captado, logra repartir ganancias, lo que equivale a 538 132 personas beneficiadas.
De las 1 039 empresas que no distribuyen utilidades, el 80 % pertenece a los sistemas empresariales de la agricultura, la industria, la industria alimentaria, Azcuba, y los Órganos Locales del Poder Popular, fundamentalmente; 430 tienen pérdidas y 372 presentan bajos niveles de utilidad o liquidez.
La medida, consideró, «no ha desempeñado en toda su magnitud el papel que le corresponde como elemento que estimule la obtención de mayores resultados productivos y de eficiencia». En ello ha influido el déficit de recursos, la situación económica financiera actual, el número de entidades en pérdida, así como la no concreción de estrategias internas para revertir o atenuar dicho escenario.
En efecto, instó Gil Fernández, «con la aplicación de esta medida tenemos que lograr más impacto, más desenvolvimiento, productividad y eficiencia».
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El vice primer ministro repasó los antecedentes de la distribución de utilidades a los trabajadores, nacida con límites y condicionamientos a indicadores directivos, que ya no están hoy, aunque no acaba de prender -como necesita el país- en el complejo camino de fortalecer y dotar de mayor autonomía a la empresa estatal.
Tomando como base las cifras del año de anterior, motivó a una reflexión: «Se inyectaron en la circulación más 13 000 millones de pesos, y ese dinero hay que extraerlo. Si tuviéramos la seguridad de que ese monto fue repartido contra una riqueza real, o sea, por un incremento de la producción de bienes y servicios, no habría problemas macroeconómicamente; pero no en todos los casos existe la certeza.
«A veces responde a problemas de precios, a desviaciones… Y hoy, uno de los principales elementos que está incidiendo sobre la inflación es el exceso de circulante sin respaldo de ofertas».
En total concordancia, subrayó el Primer Ministro, la base de la distribución de utilidades tiene que ser la eficiencia del sistema empresarial, la búsqueda de alternativas, el esfuerzo de los colectivos, y no siempre sucede así.
«Nosotros, dijo, no podemos permitir unos precios abusivos en una empresa, producto de los cuales se esté beneficiando una minoría».
Al valorar el comportamiento de los indicadores, coincidió en la importancia de crecer en el número de entidades que, a partir de sus resultados, pueden pagar utilidades.
Foto: Estudios Revolución
En palabras del jefe de Gobierno, las empresas están en la obligación, dentro de sus posibilidades, de aprovechar toda la inteligencia colectiva en aras de producir más para el país, que es decir el pueblo y, sobre todo, para que se beneficien sus trabajadores.
De la jornada, que contó con la participación, mediante videoconferencia, de empresarios del país, unido a ministros de varias carteras y otras autoridades gubernamentales, trascendió la experiencia que aplica BioCubaFarma, organización superior de dirección empresarial que ha creado reservas para el desarrollo de la responsabilidad social.
Eso se traduce, comentó su presidente, Eduardo Martínez Díaz, en trabajo en las comunidades, sobre todo donde radican sus trabajadores; de ese modo se han reparado farmacias, bodegas y otras instalaciones de interés común.
En contraste, también se expusieron prácticas como las de las empresas Alimentos y Bebidas La Estancia y Heber Biotec S.A., que destinaron el 92 % y 96 % de sus utilidades, respectivamente, a la distribución a los trabajadores.
No tuvieron, por ahora, necesidad de crear otras reservas, alegaron sus directivos, a pesar de conocer, con lujo de detalles, el contexto de restricción financiera que vive la nación, los déficits con los cuales opera el Presupuesto del Estado, e incluso, que la cantidad de utilidades a retener, después de impuesto, es hasta el 50 %, no necesariamente el 50 %. Pero las decisiones, siempre, están mediadas por el compromiso social de quienes las toman y por su visión de país.
