La culpa… ¿no la tiene nadie?

Asegura un refrán popular que es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Pero en el azaroso y polémico caso de los artesanos del Paseo Marítimo 1ra y 70, en el municipio capitalino de Playa, no se cumplió, al parecer, ni lo uno ni completamente lo otro. Sendas cartas enviadas a la sección Acuse de Recibo, de este diario, por Javier Castillo (publicada el 26 noviembre de 2020) y Laura Beatriz Vives Pérez (publicada el 7 de septiembre de 2021) relatan las desventuras vividas por 35 trabajadores por cuenta propia durante más de 12 meses.

Laura Beatriz explica en su misiva que todo comenzó en octubre de 2020, cuando fueron informados por Manuel Valle Laborde, director del proyecto, que debían retirar del lugar los quioscos donde ofertaban sus productos, pues el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), el Instituto de Planificación Física (actual Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo) y el Gobierno iban a hacer una reestructuración del lugar.

En ese momento, les aseguraron que no se preocuparan, pues retornarían al sitio inicial con nuevos quioscos. Más de un año después, la insatisfacción y la sensación de irrespeto y engaño persiste. A Juventud Rebelde tampoco llegó nunca una respuesta de las entidades e instituciones implicadas en el asunto.

Experiencias para pensar y reaccionar

Javier es el autor de la primera de las cartas que reseña el problema. Él cuenta que, en marzo de 2020, decidió invertir todos sus ahorros en un proyecto familiar cuya titular es su madre, Layla Ortiz Breña. En ese propio mes se le aprobó, y en medio del aislamiento por la COVID-19, que comenzaba entonces, emprendió la construcción del quiosco con sus recursos. Como la situación de la pandemia se agudizó, la ejecución se paralizó hasta junio, cuando retomó su construcción.

Tres meses después, a través de una llamada telefónica desde el Paseo Marítimo, se le informó que contaba con 72 horas para transportar el establecimiento hacia la plaza central del proyecto, por orden de Planificación Física. Asegura Javier que, ante su reclamo, la administración del Paseo Marítimo le respondió que ese lugar era objeto de una gran remodelación. Él explicó entonces que no poseía herramientas ni contaba con el capital para tal maniobra; y solicitó garantías legales, además de un proyecto que mostrara dónde sería reubicado.

«Nada de lo solicitado fue dado —afirma en su carta—. Me comentaron que los demás trabajadores por cuenta propia estaban alquilando un pequeño vehículo “sacado” de la obra colindante. Me cobraban 40 CUC por la gestión, una solución desde la ilegalidad. Y no contaba con ese capital». El 10 de octubre, explica, se le informó a través de WhatsApp que los quioscos habían sido movidos hacia un almacén de Servicios Comunales.

Ante los acontecimientos descritos, que involucran a una treintena de trabajadores por cuenta propia, descontentos y sin garantías de ubicación para desempeñar su labor a pesar del contrato establecido, este equipo de prensa contactó, hace aproximadamente un mes, con un grupo de afectados, entre quienes se encontraba Javier. El 3 de noviembre último, el joven contó:

«Me pareció muy sospechoso amontonar todos los quioscos en un lugar sin tener nada definido, por eso me negué a mover el mío. Como medida de castigo, decidieron demolerlo ahí mismo, sin avisarme. Cuando fui, me dijeron que tenía 24 horas para recoger los escombros. Dije que no porque no estaba de acuerdo con lo que habían hecho. No sé qué va a pasar: si me van a indemnizar o a reubicar».

Olga Mercedes Stable Castañeda decidió no retirar casi nada de lo que tenía dentro del quiosco, y perdió lo que dejó: el asiento, ropa, la bisutería que había hecho… «Dijeron que solo era moverlo, así que lo dejé todo, y se llevaron también el yale, los cables para la electricidad. Todo se lo robaron estando en Comunales. Perdí la inversión que hice».

Otra de las afectadas, Loyda Torres Delgado, indica que firmó el contrato por dos años exentos de pago, inicialmente, con Comunales. «La primera violación ocurrió cuando nos pasaron a Recreatur», dice, y Olga Mercedes lo confirma: «No reunieron a ningún artesano para decir: “dejan de tener el contrato con Comunales y ahora son de Recreatur”».

El intendente del municipio de Playa, Raúl Macías Sánchez, explicó que «se decidió entregarlo a la empresa Recreatur porque el Paseo Marítimo está rodeado de hoteles y había que buscar una representación administrativa».

Pero Olga Mercedes tampoco comprende por qué, si la reestructuración del Paseo Marítimo era general, en la reunión realizada luego de las indicaciones de la comisión que la determinó, no citaron a los artesanos como sí lo hicieron, por ejemplo, con los dueños de los restaurantes, para intercambiar opiniones y razones cara a cara.

Yudenis Guillén Marín, artesana talabartera, sí pudo recoger todo lo suyo antes del traslado, aunque, subraya, que el quiosco de su hijo, otro de los afectados, desapareció al segundo día de haberlo dejado en Comunales.

«Nos enseñaron diseños de lo que se esperaba que fuera la remodelación de los quioscos y nosotros creímos que no era necesario formar un drama —afirma Yudenis—. Confiamos en lo que nos decían. Un día me llamó Manuel Valle Laborde, director de la UEB Paseo Marítimo 1ra. y 70 y me dijo que lo estaban presionando en el Gobierno y necesitaba que todo estuviera bien claro.

«También se me apareció el director de Recreatur a mi casa y dijo que mantenía su palabra de darnos el contrato por diez años. Yo firmé el papel que me dieron, pero les dije que no tenían razón, que me parecía que se habían violado las leyes», precisa Guillén Marín.

El Gobierno al que se refirieron los directivos en su diálogo con Yudenis es al del municipio de Playa, y el papel mencionado por la artesana corresponde a la respuesta de Recreatur a la queja formulada por los afectados, el 1ro de enero de 2021, a la Asamblea Municipal del Poder Popular de esa demarcación capitalina. Con fecha el 1ro. de marzo de 2021, y bajo la firma de Yosniel Roche Carrillo, director de Recreatur, se lee:

«[…]nosotros no tenemos ningún problema con la contratación de los artesanos. Hoy ese Paseo está sujeto a una revisión y transformación que está dirigida por el Consejo de Ministros, donde se decidió momentáneamente el retiro del lugar. Estamos a la espera de la decisión final de esta comisión referente a los artesanos. La empresa está en toda disposición de mantener el compromiso de contrato de arrendamiento por diez años en el lugar y/o en otro que decida la comisión gubernamental».

La respuesta no satisfizo ni a Yudenis Guillén ni a sus compañeros. Lo ocurrido no fue responsabilidad de ninguno de ellos; además, mediaba un contrato legal por diez años que no fue respetado, y a esto se añade la afectación económica que significó para ellos la inversión inicial (los gastos para conformar sus quioscos ascienden, como promedio, a alrededor de 2000 CUC), y los más de 12 meses sin trabajar y sin tener garantías de retorno al lugar acordado.

El «Yo no tengo que ver» de todo el mundo

«Hay un lugar donde las cosas de ahí no fluyen», advirtió una artesana. En el intento por desenredar la madeja, durante más de un mes y en reiteradas ocasiones, acudimos a las entidades implicadas en el asunto.

Manuel Valle Laborde, explicó a Juventud Rebelde que, al comienzo del proyecto de desarrollo local, en el primer trimestre de 2019, el Gobierno municipal de Playa decidió convocar a un grupo de artesanos para que comercializaran sus productos en el Paseo Marítimo, ya que en el territorio no había ningún espacio donde se vendiera artesanías. Y como el Gobierno local no contaba con presupuesto para asumir la construcción de los quioscos con una estética uniforme, se pidió a los artesanos que los pagaran con su dinero.

No obstante, el intendente de ese territorio señala que la presencia de los artesanos en el proyecto no se debió a la gestión del Gobierno local: «Los artesanos mencionan mi nombre y al Gobierno, pero ellos hicieron un contrato con la administración, no conmigo. Yo, como Gobierno, lo que hice fue dar financiamiento de 750 000 pesos de la contribución territorial para hacer las áreas exteriores, pero ya eso tiene una administración que responde por el tema».

Eso explica por qué el intendente, aunque dice estar al tanto de las cartas que se publicaron en este diario, nunca las contestó: «Eso no le corresponde al Gobierno, sino a la administración».

Macías Sánchez entiende que la administración que debe responder no es Manuel Valle Laborde, como director de la UEB, sino Recreatur. Pero esta última entidad, como ya hemos visto, aseguró, en documento escrito y firmado por su director, que no son ellos los autores de tal decisión. No obstante, cuando le preguntamos a Yosniel Roche Carrillo, al frente de esa empresa, si el contrato aún existe, respondió:

—Está vigente.

—Por diez años, ¿no? —insistimos.

—Está vigente —volvió a decir.

Según Ihosvany Martel Herrera, asesor jurídico de Recreatur, el contrato tiene cláusulas que lo eximen de continuidad, como no pagar lo pactado y otras causas de fuerza mayor. Estas, según el documento, serían las que surgieran luego de firmado el contrato e impidieran su cumplimiento debido a acontecimientos imprevisibles e inevitables por las partes. Se previó que fueran: inundaciones por lluvias, o incendio por causas ajenas a la responsabilidad de arrendador o arrendatario. Nunca se precisó que finalizaría por errores de la administración (o de otras instancias implicadas), de los cuales no tuvieran responsabilidad los artesanos.

Aun así, Martel Herrera opina que la determinación de la comisión gubernamental de que los artesanos no pueden continuar en el espacio de 1ra y 70 es ajena a Recreatur, e insiste en «la disposición de continuar trabajando con ellos, pues es un beneficio económico que recibimos».

De cualquier modo, la decisión parece ser definitiva. Y el intendente de Playa lo afirma: «las regulaciones urbanísticas del Citma no lo permiten».

Cuándo terminó el ¿Compromiso?

La caja de Pandora parece haberse abierto a raíz de la construcción de un muro en los perímetros del Paseo, que desató una polémica en las redes sociales. Así lo sugiere el director de la UEB, quien asegura que una comisión gubernamental inició una visita de trabajo para evaluar el proyecto luego de que se conociera el tema.

«Estuvo integrada por directivos del Citma, Planificación Física, la Maqueta de La Habana y otras entidades», señala Valle Laborde y explica que, por razones ambientales o urbanísticas, la comisión determinó que los quioscos no podían ubicarse en la línea más cercana al mar, sino que debían reacomodarse.

«Me comuniqué con los artesanos con 72 horas de antelación al movimiento. Hubo personas que recogieron sus pertenencias y hasta se llevaron el quiosco; otras dejaron solo las instalaciones eléctricas y de seguridad; y algunas, también mercancías. Solo una persona decidió no retirar su puesto, el cual fue demolido posteriormente. Sus cosas se guardaron durante cinco días, pero tampoco se presentó a recogerlas», dijo Valle Laborde, refiriéndose, evidentemente, al caso expuesto por Javier Castillo.

Igualmente, detalló que la comisión dictaminó hacer otras transformaciones que incluían la no presencia de puestos de artesanía en el Paseo. Por tanto, debían retirar los quioscos lo antes posible.

Ninguna de las entidades consultadas se hacen responsables del estado actual de los quioscos, pues afirman que esto es deber de los titulares. Foto: Cortesía de los entrevistados

«Nosotros, como administración, ya no teníamos compromiso con los quioscos. Ellos sabían que tenían que ser desmontables para casos de emergencia. El Gobierno provincial tuvo que poner una grúa y un local en Comunales para guardar los quioscos que los titulares no recogieron, pero eso no figuraba en el contrato ni nosotros debíamos hacernos responsables por ello», afirmó el directivo.

El cese oficial del compromiso enunciado por Valle Laborde no tiene fecha conocida. Los artesanos niegan que esa información les haya sido trasmitida con claridad, e incluso el 17 de noviembre de 2020, a raíz de la reapertura de instalaciones del comercio y la gastronomía en la capital, el propio Valle Laborde declaró a Tribuna de La Habana que en esa etapa los artesanos no estarían «porque el espacio a ellos destinado está en proceso de consulta y remodelación para que los kioscos armonicen mejor con todo el complejo».

Permisos mal permitidos

Raúl Macías Sánchez acepta que la ejecución del proyecto del Paseo Marítimo se realizó «sin consultar mucho al Instituto de Planificación Física Nacional (actual Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo). Se fueron dando permisos por Planificación Física Municipal y Provincial».

Nuestro equipo comprobó que el contrato firmado inicialmente con la Dirección municipal de Comunales de Playa llevaba la autorización del entonces director de Planificación Física de ese territorio, Miguel López Hernández. Este pautaba que los 25 quioscos iniciales debían ajustarse a las regulaciones establecidas.

Sobre lo que puede haberse infringido a nivel regulatorio en el Paseo Marítimo no fue posible ahondar con esta entidad, pues su directora actual se negó a brindar información a Juventud Rebelde alegando desconocer el tema, y afirmó que nadie allí sabe los detalles.

Como en la Dirección Provincial de Planificación Física tampoco pudimos hallar la respuesta, acudimos al Instituto de Planificación Física (IPF). La Doctora Ibis Menéndez-Cuesta González, subdirectora general de Ordenamiento territorial y urbanismo, explicó que allí se definen técnicamente las normas y políticas a seguir para la realización de los planes de ordenamiento.

En Playa no había, según fuentes consultadas, otro espacio como este dedicado a la venta de artesanías. Foto: Joyme Cuan/ Tribuna de La Habana

«Nosotros brindamos las metodologías y cada territorio decide cómo hacer en cada lugar —señaló—, siempre partiendo de diagnósticos y propuestas que deben velar por la conservación del patrimonio y el cumplimiento de las regulaciones. En el caso de los proyectos de desarrollo local, son convocados a través del intendente y en ellos participan varios sectores, que luego son aprobados por la Asamblea Municipal del Poder Popular».

Sobre los casos en los que exista incumplimiento de lo establecido, la directiva puntualizó que, según plantea el decreto No. 272 De las contravenciones en materia de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del año 2001, lo que se construyó sin la documentación técnica establecida deberá ser desmontado o demolido, y reestablecerlo al estado original. También puede suceder de este modo cuando se siguen las normas, pero se realizan usos indebidos, se violentan los espacios o son producto de errores humanos.

Historia sin fin

Es posible que en la información brindada por el IPF esté la explicación de todo lo que desencadenó la situación actual de los artesanos de 1ra y 70. Lo que no puede comprenderse es que, de haber sido así, se aprobara un proyecto liderado por un Gobierno territorial en cuya concepción no se respetara, punto por punto, lo establecido en las normas.

Aunque el intendente del municipio de Playa asegura que en la concepción del proyecto inicial no estaban incluidos los artesanos, el resto de las fuentes sí reconocen la participación de esos trabajadores antes de su apertura.

Al día siguiente de las entrevistas realizadas por Juventud Rebelde, los artesanos fueron citados a través de WhatsApp para que se presentaran en 1ra. y 70. El objetivo era explicarles lo sucedido (un año después), y asegurarles que, por la situación epidemiológica, no había sido posible reubicarlos, pero a raíz de la apertura de instalaciones, tenían derecho a montar su puesto en otras locaciones de la empresa, teniendo en cuenta la cercanía a sus domicilios. Las opciones fueron: Parque José Martí (Alamar), Parque Forestal (Plaza de la Revolución) y Coney Island (Playa).

Algunos de los que asistieron aceptaron la propuesta; y otros insisten en no estar de acuerdo con la medida, ni con los argumentos esbozados hasta hoy. Subrayan, asimismo, que nadie ha sido capaz de asumir la responsabilidad de la decisión tomada, ni del daño de los quioscos, ni de la inversión de cada uno de ellos echada por tierra.

Falta de sensibilidad y empatía, incapacidad de previsión y diálogo, desinformación, incoherencias entre los argumentos de los decisores implicados en el asunto… no deben caer en saco roto cuando se trata de la actividad económica de las personas, y de su sustento familiar y personal. En tiempos en que el desarrollo territorial está llamado a ser uno de los pilares de la economía cubana, resulta inadmisible que se apruebe un proyecto, se convoque a los actores sociales, se firmen contratos y luego estos se irrespeten, como si todo no fuese más que el simple acto de poner y quitar piezas en un tablero de ajedrez.

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana