La aplanadora azul

GUANTÁNAMO.— Batalla de muchos años y problema nuestro que sigue siendo de cada día, el enfrentamiento a los precios abusivos en la comercialización de productos tiene ahora mismo en Guantánamo un distintivo que apunta a una práctica que debe acentuarse y quedar para siempre, pues refuerza la voluntad del Gobierno de mejorar la capacidad adquisitiva del pueblo trabajador, jubilados y pensionados.

Me refiero a la venta forzosa según el nuevo listado de precios aprobado por los consejos de la administración municipales, medida que se aplica a vendedores que no respetan dicha lista. En el argot de los casi 200 supervisores integrales que accionan en esta provincia (en medio de una compleja situación epidemiológica causada por la COVID-19), le llaman Subsanación de violaciones. Acabar con el relajo, dice la gente.

No es nada fácil enfrentar lo que casi se ha convertido en costumbre, un medio de vida arduo, pero mucho más cómodo que doblar la espalda frente al surco o salir a luchar la comida después de la jornada laboral y encontrarte la libra de malanga o tres ramitas de cebollino en 25 pesos.

Matando y salando

El hombre y su carretón repleto de viandas no tienen alrededor cliente alguno. «Viene uno y compra. Al rato otro también coge algo… y termino vendiéndolo todo», responde cuando inquiero por la poca concurrencia. Lo mismo pregunta uno de los integrantes de la joven cuadrilla de inspectores con quienes, por eso de vivir para contar, ando desde el amanecer en un pequeño bus del Gobierno provincial, al que ya muchos en la ciudad identifican como la aplanadora azul.

«Hoy me tocó perder otra vez, porque me sorprendieron», se queja el vendedor. «Amigo, muéstreme los documentos que lo amparan como vendedor ambulante», le solicita uno de los supervisores. Y no los muestra. Porque no los tiene.

«Pero vendo en precio», se defiende el carretonero, quien me había acabado de ofrecer calabaza, boniato y yuca a más del triple de su costo oficial.

«¿Ah sí? Pues verás como ahora mismo se le llena esto: A ver vecinos, calabaza, yuca y boniato a buen precio», pregona en las cuatro esquinas de la calle 10 Norte y Santa Rita, Yoandris Wilson Belgrove, uno de los supervisores.

Al instante se hace la cola: «Que me perdone él, porque de más de un apuro nos ha sacado, pero el relajo se tiene que acabar. Soy jubilada y no puedo comprar la calabaza a diez pesos la libra, como la tenía, o el boniato y la yuca a seis», dice la anciana Paula Barrientos Berdecía, de las primeras en adquirir productos gracias a esa venta forzosa.

«Eso está buenísimo. ¡Por cuanto en la vida con 26 pesos me iba a llevar mi jaba casi llena! Y eso que el Estado subió un poco los precios», manifiesta Lorenza Nápoles Bos, también retirada del trabajo activo.

«Si no es así, de nada vale el aumento que nos acaba de hacer el Gobierno a los pensionados», opina María Margot Estévez Velázquez, satisfecha por el accionar de los supervisores. «Lo que hace falta es que lo hagan siempre, no ahora, y dentro de un tiempo volver a lo mismo», manifiestan casi a coro otras voces desde la cola.

El revendedor, preocupado, expresa su punto de vista: «Ya pagué los otros días una multa de 500, ahora de mil… Si siguen subiendo voy a tener que dejar esto, porque con otro planazo así no me va a dar la cuenta. También han montado tremenda cacería a los suministradores, así que imagínese, con todo esto y el coronavirus complicando el movimiento, lo que encontremos va a ser más caro», especula.

Matices

La vivencia fue muy similar en una decena de puntos de venta donde la alteración de precios y la ilegalidad del ejercicio de vendedor ambulante eran denominador común. También se escrudiña la venta dentro de viviendas, artimaña que impide el enfrentamiento de los supervisores, pero no de los agentes policiales que los acompañan.

«Si son sorprendidos in fraganti podemos actuar. De lo contrario hay que tramitar una orden de registro a la jefatura, por eso muchas veces no es posible neutralizarlos al momento», comenta Antonio Tillán Romero, el joven 1rer. teniente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que forma parte de este equipo de enfrentamiento.

Un punto en el que hasta los propios revendedores multados o advertidos coinciden es en la transparencia de la supervisión y venta forzosa: «Cuando decomisan, a uno le entra la duda de si los llevan a no a un mercado, si le llegarán a la población… De esta manera, aunque no ganamos lo mismo, uno ve que la gente los compra. Es más efectivo así: matando y salando», dice un vendedor de carne de cerdo que de 60 pesos la libra, tuvo que ofertarla a 20.

Ya me lo habían advertido los del grupo de la Dirección Integral de Supervisión (DIS): no siempre las ventas forzosas transcurren así de organizadas, ni los violadores reaccionan de la misma manera. Fue como un presagio, a partir de experiencias ya vividas, en camino a otra zona del barrio Norte que es una ya famosa candonga urbana.

Una llamada telefónica al agente de policía nos hace cambiar de planes: «Nos vamos para el 7 Oeste otra vez, señores; llamó una ciudadana que han vuelto a salir para los portales con precios por el cielo», informa al equipo.

«Eso es candela, periodista, ahí la gente se envalentona, pero allá vamos. Ahí también hemos hecho ya varias ventas forzosas», aseguran los supervisores, y en efecto: La indisciplina daba al cuello, tanto como la agresividad. La actuación mesurada, pero enérgica, del equipo de enfrentamiento, liderado por el imberbe 1er. Teniente, terminó imponiendo orden. Aunque nos llevó como testigos a la estación centro de la PNR, para radicar las denuncias por alteración del orden y amenazas por parte de revendedores y sus familiares.

Y no solo se puso orden: la visita sirvió para que la población informara en directo, y luego telefónicamente, sobre otros puntos encubiertos de venta de todo un poco: «Si no colaboramos con las autoridades es difícil frenar la indisciplina, las violaciones y precios abusivos», comenta a los periodistas un muchacho del barrio, quien afirma que como él, varios apoyan el trabajo estatal, pues «lo que hacen es poner las cosas en su lugar».

Mejor acompañados que solos

El director provincial de la DIS, Joel Márquez Castillo, abunda: «La mayoría de las más de 600 multas aplicadas en los últimos meses por el Decreto-Ley 357 se relacionan con contravenciones de cuentapropistas, alteraciones de precios y vender sin licencia. Ya cerramos 18 puntos de la agricultura urbana que se negaron a vender por los precios establecidos, y se han detectado varias casas-almacenes».

Los equipos de supervisores accionan más allá del horario laboral, porque las violaciones se han «mudado» para después de las seis de la tarde: «Reforzamos la práctica de actuar como clientes, porque uno es conocido, y cuando pasa por los puntos tienen los precios topados, pero cuando otra persona se acerca le dicen que ese listado es para los inspectores, que el precio real es muy superior. Por ello organizamos cruzadas de supervisores entre los municipios».

Tal y como estos reporteros pudimos confirmar durante una larga jornada junto al más joven equipo de supervisores, Márquez Castillo informa que la población ha reaccionado muy bien: «Recibimos un promedio de diez llamadas al día. La gente detecta la violación, avisa y nos espera a veces en el mismo punto. El viernes último propiciamos, en apenas media jornada, la venta a precios justos de unas 150 libras de carne de cerdo y más de 200 de malanga», ejemplifica.

«Estamos convencidos de la importancia del apoyo popular en la detección de violaciones, porque el supervisor pasa un día un momento, pero la población está todo el tiempo, y sabe que la tarea es responsabilidad nuestra, pero si estamos solos es menos efectivo, menos constante el accionar en todas partes.

«Tenemos que trabajar sistemáticamente y aplicar variantes sobre todo lo que sobrepase los precios topados. La carne de cerdo, que debe ofertarse a 20 pesos, y hoy se cotiza hasta en 60; el frijol no lo encuentras a menos de 25, el ají, que debía costar cuatro, anda por los 20. Y podría seguir: hablar de la pizza, de alimentos elaborados… Esos son precios abusivos, que van contra la voluntad estatal de impedir que la especulación se trague los nuevos salarios y el pueblo no perciba el beneficio, como está sucediendo en algunos lugares», acotó.

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana