La armonía entre intereses públicos y privados debe colocarse en los marcos de la economía, la política y el Derecho Autor: Calixto N. Llanes Publicado: 21/09/2017 | 06:16 pm
Se le adivina inteligente e inquieto y una no se equivoca. No para de hablar aunque se detiene a escuchar si el debate se vuelve intenso. Conduce la atención hasta que llega a él, que como joven Doctor en Ciencias Jurídicas, se diría que tiene para aportar en diversos temas.
Yuri Pérez Martínez es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Ha impartido clases en la Escuela de Superación de Cuadros del Estado y el Gobierno y fungió como supervisor del proceso electoral. La Unión Nacional de Juristas lo reconoció con la distinción José Garcelán Vall Vera 2014, que se otorga al Mejor Jurista Joven de Cuba y ha llevado la impronta jurídica cubana a otros países.
Pero estos detalles biográficos se complementan con la realidad de que su intelecto no se está quieto; sale de los libros y va a pensar sobre el proceso de actualización del modelo económico y social que vive el país.
Así lo hizo saber en la dedicatoria de su Tesis de Doctorado: «A Cuba por su inspiración». El estudio estaba dirigido a la armonización de intereses privados y públicos, desde los saberes jurídicos, específicamente en el área del turismo cubano. Y desde este particular, eleva el tópico a lo más general para pensar el nuevo contexto.
«En torno al proceso de transformaciones que vive el país, existen interrogantes que se conectan con la relación individuo-sociedad y se revelan como retos o desafíos: ¿Cómo incorporar más la ciudadanía en la construcción de su realidad social? ¿Cómo conjugar las actividades privadas con los intereses públicos?, entre otras.
«Despejar estas variables constituye un ejercicio complejo, en el que es imprescindible la búsqueda de respuestas en función del socialismo cubano, sobre la base de nuestras condiciones históricas. Por ello, cualquier elaboración teórica o práctica en esta dirección, con miradas fragmentadas, encerradas en imitaciones y reglas exactas, está destinada al fracaso», considera el profesor.
Valora que, desde esta perspectiva, reconocer y promover formas no estatales en la gestión económica constituye un cambio de paradigma en la concepción sistémica socialista, pues exterioriza la necesidad de articular, componer y encauzar a sujetos con intereses diversos.
«En las actuales condiciones de desarrollo, la voluntad política de alcanzar un socialismo próspero y sostenible implica considerar las vías para lograr que los nuevos agentes privados colaboren en la socialización de la economía y en alcanzar los intereses públicos», opina.
Define entonces como sector privado a la esfera de realización individual que participa de forma complementaria en el sistema económico, desde una posición teórica e ideológica que capta a lo público y privado como dimensiones sociales en dependencia y de nexos complejos.
«Estoy convencido de que la actualización del modelo implica un enfoque multidimensional de variables económicas, políticas, jurídicas, culturales y sociales; es una lógica material que debe tener expresión formal», dice.
El derecho no es aburrido
Por supuesto que el rol del Derecho es vital en este panorama de cambios. El novel académico remarca su importancia en la reestructuración y organización de las relaciones sociales, aunque considera que aún en círculos académicos y espacios de decisión, se entiende como freno al desarrollo o como «aburrido andamiaje de normas que mandan, prohíben o permiten». Así olvidan el papel del Derecho en la transformación social, dice.
«Es cierto que el Derecho limita y debe hacerlo siempre que se intenten vulnerar los valores que subyacen en las normas jurídicas y que constituyen expresión de intereses. Mas cuando esos intereses brotan de la participación ciudadana y el consenso social, no debe existir fuerza extraña al poder popular que viole los principios políticos, sociales o económicos que encuentran concreción, generalidad y obligatoriedad en el Derecho. El Derecho debe ser cauce para las reformas en cualquier ámbito».
Yuri Pérez Martínez analiza el entorno jurídico del país. Foto Calixto N. Llanes
En materia de su tesis, el académico trata el papel del Estado en el proceso de actualización.
«Resulta ineludible hacer confluir en algunos elementos los intereses de los disímiles sujetos que producen y se apropian en el régimen socioeconómico. Para ello, es vital que la finalidad perseguida por los actores privados que actúan sobre la economía, se conecte con el interés general, a partir del carácter socialista que debe prevalecer en la producción-apropiación.
«Esto enmarca la acción del Estado en el ámbito económico y permite valorar la extensión, conveniencia, grado e intensidad de la intervención estatal en las relaciones privadas. La cuestión también estriba en cuáles deben ser los límites a esa intervención, ya que la Administración Pública siempre debe actuar bajo la observancia de la legalidad, proporcionalidad, igualdad y responsabilidad. Su actividad no debe desconfigurar valores del ordenamiento jurídico, ni trasvasar los ámbitos de su competencia.
«Evitar la aparición, consolidación y preeminencia de la propiedad privada capitalista, sin que provoque la anulación del espacio vital para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales, de la propiedad privada necesaria para la realización del individuo en la sociedad, es la cruzada del Estado socialista.
«El Estado debe retener los medios de producción que posibiliten realizar fines definidos constitucionalmente. Para garantizar estos fines —que son expresión del poder popular— debe actuar en función de componer intereses, en aras de alcanzar la esencia del sistema: la dignidad plena del hombre. Debe sostenerse como un Estado organizado con todos y para el bien de todos para el disfrute del bienestar individual y colectivo, tal como establece la Constitución de la República.
«Pueden coexistir, al amparo del socialismo, diferentes formas de propiedad, sin estigmas, y el Estado tiene la responsabilidad del control, supervisión y fiscalización de los agentes no estatales que despliegan su actividad en la sociedad. Es necesaria la intervención estatal para ordenar las relaciones sociales y evitar ceder espacio a tendencias neoliberales que promueven liberalización o privatización solapada de la economía».
Privado y público en armonía
Cuando hablamos del ámbito privado, lo principal es encauzar jurídicamente la relación entre el sector público y el no estatal. Pero ¿cómo armonizar intereses diversos?
«El cuentapropismo constituye el molde institucional del sector privado que emerge en el país y que participa en la economía nacional.
«Si se analiza la evolución del régimen jurídico de las actividades por cuenta propia en Cuba, presenta un curso zigzagueante que incide en la constancia del principio de complementariedad entre el sector público y la esfera privada, en la coherencia, jerarquía y unidad interna del marco normativo, así como en las competencias para ordenar los diferentes espacios del conocido cuentapropismo.
«La armonía entre intereses públicos y privados escapa a toda espontaneidad. Debe colocarse en los marcos de la economía, la política y el Derecho. La responsabilidad en este empeño es compartida entre Estado, sociedad y ciudadanía, que se mueven en la lógica de acercamientos, confluencias, reacciones, oposiciones y primacías.
«En la actualización del modelo cubano de desarrollo socioeconómico es importante comprender que una sociedad socialista que abre espacios a sectores privados, debe apuntar a la búsqueda de mecanismos institucionales que impidan la aparición de elementos enajenantes».
Reflexiona entonces Yuri sobre el modo de conjugar las actividades privadas con los intereses públicos en los marcos del socialismo, tal como se viene gestando en la actualización del país. Lo esencial en esta unión, señala, es que la esfera privada —a partir de la intervención estatal— se integre más en la construcción de la realidad social, de tal modo que la actividad privada se razone como forma de desarrollar capacidades humanas individuales y sociales.
«Es importante para el futuro de la sociedad cubana el diseño de un mecanismo que potencie —en las nuevas condiciones de producción-apropiación— más participación ciudadana, con estructuras políticas que impliquen contribuir a socializar parte del producto de las actividades económicas privadas en el campo asociativo o individual, en realidades concretas, bajo fórmulas de gestión ordenadas jurídicamente. Lo anterior implica para el Estado socialista una permanente transformación», apunta el joven jurista.
Refiere entonces que para alcanzar esos propósitos y en función de posibilitar mejor armonización de lo público y lo privado, son necesarias instituciones abiertas que faciliten mayor práctica participativa, con la corresponsabilidad como vehículo para encauzar la relación individuo-sociedad-Estado.
Aborda el novel catedrático esta realidad pensando en un mecanismo político-jurídico que facilite profundizar la relación público-privado: la prestación social. Esta figura estaría sustentada en la participación ciudadana, la descentralización y la intervención administrativa.
«La figura de la prestación social se entiende más allá de un concepto puramente económico. Se concreta por una actividad en los marcos de la esfera privada, controlada por el sector público, que implica una cooperación planificada en pos de la autogestión comunitaria», explica el teórico y pensamos como ejemplo en el trabajador por cuenta propia de la esquina aportando a su ambiente más cercano desde la actividad que desarrolla.
Los sujetos privados pueden convertirse en arquitectos directos de sus entornos inmediatos, precisa Yuri, y se evidencia en la capacidad del sistema político cubano de ayudar a solventar los problemas socioeconómicos con una orientación participativa y descentralizada.
«La brújula del socialismo indica que nuestro norte se localiza en un Estado exponente del poder popular. Una de las claves del éxito estará en la capacidad de concebir formas de socialización donde los nuevos actores no estatales participen activamente en la consecución de los fines públicos», concluye.