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El mercado de Belascoaín y San José. Autor: Roberto Suárez Publicado: 21/09/2017 | 05:42 pm
Manuel Ramos sabe muy bien lo que es perder una parte de la cosecha porque Acopio no fue a recogerla. Todos los años le pasa lo mismo. Le duele tener que dejar que quintales de viandas y frutas se le pudran en el campo. No porque pierda dinero —son producciones contratadas y pagadas—, sino por la gente.
«Yo no tengo graves afectaciones económicas. Quien se perjudica es el pueblo. Bueno, también uno. A ningún guajiro le gusta que se le eche a perder lo que logró con tanto sacrificio y a lo que el Estado dedicó recursos porque Acopio no tenía transporte o envases o estaba lleno de mercancías».
Manuel es el propietario de la finca La Estrella, de Rancho Recreo, un caserío a la salida del poblado de Bejucal, rumbo a Quivicán. Es también uno de los mejores productores de la cooperativa de crédito y servicios (CCS) Niceto Pérez.
Su propia CCS enfrentó en octubre el riesgo de dejar a la suerte una hectárea de boniato. «No teníamos dónde colocar los 240 quintales que allí se recogieron», comenta a JR Eberto Encinosa, vicepresidente de la entidad bejucaleña.
Las cosas pudieran cambiar ahora, con el inicio, el 1ro. de diciembre, de la venta directa de productos agropecuarios por parte del sector cooperativo y campesino en mercados y puntos de venta de las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque.
Las CCS y las CPA son pioneras de una iniciativa que incluye al resto de las bases productivas: las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC), las empresas estatales, las granjas estatales con personalidad jurídica, las empresas y unidades presupuestadas que produzcan excedentes en sus áreas para el autoabastecimiento, y los agricultores pequeños que de forma individual tengan condiciones para acudir al mercado.
Desde este mes, en los territorios donde tiene lugar la experiencia las producciones que no sean contratadas —y la política del Gobierno es reducir estos convenios al mínimo posible— tendrán que comercializarse directamente por las bases productivas.
Deberán ahora vender en los mercados minoristas o mayoristas y pactar «cara a cara» y con precios por acuerdo con empresas, entidades del consumo social y otros sujetos económicos.
Los campesinos se muestran optimistas ante la puesta en marcha de esta fase del experimento sobre nuevas fórmulas de comercialización para el agro, aunque saben que no todo será «color de rosa».
De guajiros y bandidos
A primera vista, la experiencia favorecerá a los dos extremos del complejo sistema que es la producción agropecuaria. Uno, el trabajador del campo y su base productiva; otro, el consumidor final, el pueblo. No obstante, la iniciativa es transversal a todo el proceso agrícola, pecuario y forestal.
Con la medida, los productores verán incrementados sus réditos, a partir de mejores precios para buena parte de sus cosechas. Los consumidores, en tanto, disminuirán sus gastos, por una pronosticable caída paulatina de los precios del mercado.
No obstante, no será «de primera y pata». La tan traída y llevada «mesa del cubano» no se repletará de pronto. Tampoco será más barata de la noche a la mañana. Se sabe. Llevará tiempo. Los precios no se bajan por decreto. Su caída solo tiene una receta: más y mejores cosechas.
Los productores tampoco se llenarán los bolsillos de «ahora para ahorita». Aunque bueno, tampoco esa es la «idea», al menos en el sentido peyorativo de la frase: ganar «a costa del cubano»; lo cual —debemos aclarar— nunca ha estado ni en el sentimiento ni en la acción de ellos. El campesinado cubano no es bobo ni analfabeto —al contrario—, pero tampoco abusador.
Los «Bandidos de Río Frío» —como en los años 80 del pasado siglo llamábamos a los concurrentes a los mercados agropecuarios de oferta y demanda que entonces surgieron— nunca han sido, precisamente, los que trabajan duro la tierra. Hay que caminar los campos de Cuba y hablar con los guajiros para conocer de su naturaleza sencilla, desinteresada y dadivosa.
El único que perderá con este ensayo sobre nuevas fórmulas de comercialización agrícola en La Habana, Artemisa y Mayabeque —iniciativa que tras ser probada, corregida y perfeccionada deberá extenderse a todo el país— es el especulador de productos agropecuarios, el «intermediario».
Entrecomillo el apelativo porque —quiérase o no— la mercancía, sea cual sea, se realiza como tal al adquirirse en el mercado, y el comercio —quiérase o no— es un escenario que necesita de la intermediación entre el productor y el consumidor.
El intermediario es una figura imprescindible para la dinámica económica. Ahora bien, el especulador es una lacra en cualquier sociedad. Vive de forma parásita. Es de la misma calaña de los usureros, los agiotistas, los garroteros... De esos intermediarios es de los que hablamos aquí.
Uno quema’o
Las trabas y limitaciones estructurales a la comercialización agropecuaria en el país —muchas resultado de situaciones históricas que no podían eludirse, so pena de conflictos mayores— han sido caldo de cultivo para los intermediarios.
Unos campesinos eluden el tema; otros, lo aceptan. Manuel Ramos no tiene pelos en la lengua. Respeta los compromisos contractuales con Acopio, pero siempre sus producciones han estado muy por encima de esos convenios y demás compromisos.
Cuando no ha podido sacar sus «excedentes» por la «canalita normal», les ha vendido a los intermediarios. «Eso es mejor que dejar que las cosechas se te pudran en el campo», explica.
—¿A cuánto le vende usted sus productos al intermediario? ¿Se los da a precio de «boniato pica’o»?
—Yo no regalo cosechas. Acopio me ha contratado unos 30 quintales de frutabomba, pero produzco unos 200 quintales. La cooperativa me pagará la libra a un peso, y si lo que tengo no tuviera salida y viene un intermediario, se las vendo.
«Eso es mejor que perderlas. Pero sería a un peso por libra también. Solo que la cooperativa venderá mis frutabombas con un margen de ganancia del 30 por ciento, y el intermediario pondrá en La Habana el precio que le dé la gana, a cuatro o cinco pesos la libra».
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Al norte de la provincia de Mayabeque, en Madruga, converso sobre el mismo tema con el presidente y varios miembros de la CCS Nelson Fernández. Tampoco se la callan.
«Por aquí —dicen— se vende el aguacate al mayoreo a dos pesos cada uno, y deja una buena ganancia. El camionero se lo lleva y lo vende a tres pesos, y también gana bastante, porque puede cargar entre 2 000 y 3 000 aguacates por viaje, y de aquí al mercado informal de la avenida 114, en La Habana, hay unos 70 kilómetros. Pero en La Habana los intermediarios siguen cobrando entre diez y 15 pesos por aguacate.
«Dicen que el campesino es un “bandido”, y no es verdad. Dicen que el camionero es un “bandido”, y no es verdad. En el mercado de 114, en Marianao, el intermediario puede comprar 200 aguacates a tres o cuatro pesos, y no le va importar que se le pudran cien y los tenga que botar. Él obtiene tremenda ganancia. Nunca va a bajar los precios. Los mantendrá igual, nunca va a perder. A ellos no les importa la gente. Eso es lo que pasa. Esa es la verdad de esos intermediarios».
Ciclo cerrado
Aunque es transparente respecto a los intermediarios, para Manuel Ramos la cooperativa siempre estará primero, por el compromiso moral y legal que se tiene hacia ella, «y más ahora, que se ganará bien, hay respaldo y el campesino se siente atendido».
El boniato es un ejemplo. Si Acopio pagaba la libra a 60 centavos, la CCS Niceto Pérez lo hará a 80 centavos, precio al que le aplicará un margen por encima del 30 por ciento, incluyendo los gastos de estiba, transportación y venta, explica Eberto Encinosa, vicepresidente de la cooperativa.
«Como ve, con esta nueva experiencia ganamos todos, el campesino, la cooperativa y el pueblo», agrega Manuel Ramos.
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Paulo Antonio Pereira es el propietario de la finca Aserradero, de Melena del Sur. Tiene 36 años de edad y es miembro de la CCS Raúl Gómez García. Cultiva tomate, ajo, frijol, boniato y otros productos. Siempre le ha vendido a Acopio y a la cooperativa. No quiere saber de intermediarios.
Coincide con su compañero de Bejucal. «Hasta “ayer”, en la comercialización había dos factores afectados, el productor y la población. Hoy, si se cumple el compromiso y se me compra al precio pactado, yo saldré mejor, y si la cooperativa cumple con el ajuste de solo aplicarle al precio negociado conmigo un 30 por ciento de ganancia, saldrá bien la población».
Pereira ha perdido en ocasiones entre ocho y diez toneladas de tomate por falta de envases. Con el Decreto 318, Reglamento sobre la comercialización de productos agropecuarios en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, que dio vía libre al experimento, parece que las cosas van para mejor.
El día de visita de JR, sus empleados estaban sacando tomates sin nerviosismo: las cajas estaban disponibles para la recolecta a la orilla del surco. Pereira respiraba tranquilo.
En su capítulo VIII, el Decreto 318 es explícito y firme en cuanto a la venta, uso y cuidado de los envases por parte de los sujetos que intervienen en la cadena de comercialización.
Ha sido un elemento negativo que ha arrastrado la agricultura a lo largo de los años. Igual ocurre con la transportación, conflicto que deberá ser resuelto con la apertura al arrendamiento de camiones por parte de las unidades productivas. Se hará, además, a un precio llevadero y rentable para todos.
Los grupos empresariales de la Agricultura de Artemisa y Mayabeque están encargados de suministrar los equipos, y todos quedarán obligados a cumplir una serie de principios para garantizar que el transporte cumpla con lo que debe.
Según se ha informado, además de los medios propios que poseen las cooperativas, en una primera etapa se arrendarán 80 camiones a estas formas productivas. Veinticinco ya están en sus manos. El propósito es que el resto llegue pronto.
El Decreto 318 del Consejo de Ministros es complementado, a su vez, por la Resolución 673 de 2013, del Ministro de la Agricultura, la que actualizó y amplió el objeto social de las cooperativas agropecuarias.
Las CPA, las CCS y las UBPC ahora podrán, entre otras atribuciones, vender insumos productivos para las producciones agrícolas, ganaderas, forestales y cañeras a sus miembros y a los usufructuarios de tierra vinculados a ellas.
Además de su primera misión —que es producir y comercializar las producciones agrícolas, ganaderas, forestales, cañeras y otras—, las cooperativas también podrán comercializar rubros de otras formas productivas y de agricultores pequeños, entre otras prerrogativas que ahora se les dio.
Las cooperativas podrán cerrar el ciclo completo de la producción, desde la preparación de la tierra, la siembra y el cultivo, hasta la cosecha y la comercialización a la población. «La gente está contenta y esperanzada», dice Uriano Pérez, presidente de la CCS Raúl Gómez García, de Melena del Sur.
Con las decisiones recientemente adoptadas, se están desatando aun más las fuerzas productivas en el agro cubano, favorecido por otras importantes medidas estructurales emitidas durante los últimos años. Lograr este despegue dependerá mucho, también, de la sabiduría, consagración y sagacidad de los campesinos y las juntas directivas de las cooperativas.
No será fácil, pero independientemente de los obstáculos que de seguro van a aparecer, y que no serán ni pocos ni sencillos, lo lógico es que crezcan la producción y la productividad y, por tanto, se reduzcan los costos y aumenten las ganancias.
Nudo gordiano
Luego de recorrer cooperativas, fincas y mercados de Mayabeque y La Habana, creo que el nudo gordiano estará fuera del campo. La etapa crítica se ubicará ahora en los eslabones de transportación por carretera y la venta, especialmente en esta última: en mercados, placitas y puntos de comercialización.
Según informó días atrás la viceministra de Comercio Interior, Bárbara Acosta Machín, solo en la capital hay más de 1 500 establecimientos disponibles para ese propósito.
A la altura del 1ro. de diciembre —inicio del ensayo— las CPA y las CCS habían solicitado arrendar 434 instalaciones, las que serán gestionadas por 162 cooperativas. Para esa fecha, 130 bases productivas ya habían establecido contratos de arrendamiento en 326 establecimientos.
La política para el experimento de comercialización directa en estas tres provincias centrooccidentales es que los trabajadores que allí laboran permanezcan, siempre y cuando así lo deseen, y logren el beneplácito de la asamblea general de la cooperativa que gestionará el lugar.
Los empleados de los mercados, que antes estaban vinculados a empresas de Comercio, ahora se convertirán en trabajadores de las cooperativas agropecuarias, con todos los derechos y deberes que esto supone. Parece sencillo. No lo es.
Tendrán que enfrentarse a dos escenarios totalmente distintos; uno, en el plano de las relaciones laborales; otro, en las maneras de hacer acumuladas en los mercados, muchos —seamos sinceros— oscuros; y a veces, fuera de la ley.
Sobre el primero, no es lo mismo ser plantilla de un centro comercial, con su psicología urbana, que convertirse en trabajador de una cooperativa agropecuaria, la que puede estar a unos cien kilómetros de la venduta.
Tampoco están esos sujetos acostumbrados a lidiar con una jerarquía distinta y extraña para ellos, como son las asambleas generales de miembros, las que, por cierto, tienen amplias prerrogativas. No están situadas por encima de las legislaciones laborales, pero por lo general en las CCS y las CPA, al menos en las buenas, son muy exigentes y conscientes de su poder.
Sin embargo, este es «dilema menor». Aprenderán. Tampoco es el fin del mundo. Quizá hasta les «cuadre» más. La cuestión principal es la segunda: las maneras de hacer no transparentes que han caracterizado a lo largo de los años los lugares de venta de productos agropecuarios en poblados y ciudades.
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El mercado de Belascoaín y San José fue arrendado por la CCS René O’ Reiné, de Melena del Sur. Sus siete trabajadores se mantuvieron en sus puestos, incluido el administrador, Pedro Montenegro, quien se desempeña en el cargo desde hace una década. Hasta ahora, era un mercado topado.
La entrada de la cooperativa no bajó los precios, al contrario, denuncia Delia Gómez: «El boniato antes valía 80 centavos y ahora está a 1,20 pesos, y la yuca subió de 1,50 a 2,00 pesos. Eso sí, ahora hay mucha más variedad, calidad y frescura de los productos. Hay que decir lo que hay decir y hay que reconocer lo que hay que reconocer, ¿no?».
Montenegro y los directivos de la cooperativa lo aceptan. Era lógico que eso ocurriera, pero poco a poco, según los ciclos productivos, las cosas mejorarán. «Debemos tener paciencia», me dicen.
Por lo céntrico del lugar y su densidad poblacional, Belascoaín y San José tiene mucha clientela. En octubre, sin la nueva experiencia, las ventas ascendieron a 50 000 pesos; en diciembre, ya con la cooperativa allí y en fin de año, habrá que ver. No sería extraño que las ventas se dupliquen, o más.
—Montenegro, puedo ir por el camino largo y estar dos horas aquí tanteándote para que me respondas una pregunta, pero seré directo, para ahorrarnos tiempo —le digo.
—Sí, dale, qué quieres —me responde inmutable.
—La población tiene muchas quejas de los tarimeros, por dondequiera te pueden timar, desde la pesa hasta en el precio.
—Sí, así ocurre.
—¿Aquí no?
—Eso que me estás diciendo se lo he dicho a ellos. Lo hablamos y lo seguiremos hablando. Nadie aquí va a lograr nada robando por la pesa. Así lo que pasa es que se pierde. Los dependientes ahora tendrán su salario básico, más las utilidades de fin de año, más un mecanismo de estimulación sobre las ventas que van a analizar la junta directiva y la asamblea de la cooperativa.
—En no pocos centros de comercio del país se entra mercancía por «la izquierda». Administras este mercado, pero la dirección de la cooperativa está a más de 50 kilómetros. ¿No te ha pasado por la cabeza entrar cosas por la izquierda, irte para 114 y comprar quintales de vianda...?
—Para qué voy a hacer eso, si la cooperativa me lo puede traer todo; tienen tierras, le pueden comprar a otras cooperativas, tienen camiones que pueden ir a dondequiera y llegar hasta aquí. ¿Para qué me voy a enredar en ese problema? Piénsalo bien, qué voy a ganar. No sea mal pensado, compadre.
Días de mercado
El experimento de nuevas fórmulas de comercialización de productos agropecuarios en La Habana, Artemisa y Mayabeque comenzó de manera oficial el pasado domingo 1ro. de diciembre. No obstante, desde inicio de la semana que le antecedió, ya había mercados, placitas y puntos de venta aplicando la iniciativa.
No fue llegar y plantar, al menos en algunos lugares. En uno de estos —que no voy a referir—, ocurrió lo siguiente:
El presidente de la CCS llega para revisar el espacio y hacer un dictamen a golpe de vista de las condiciones físicas del punto de venta que ocupará. Se presenta.
—Buenas, soy el presidente de la cooperativa que vendrá para aquí; quisiera ver el lugar para saber lo que hace falta.
—Si pasa esa línea —le dice una vendedora señalando el límite entre el portal y el pequeño espacio— te voy arriba o llamo a la policía.
—Está bien, está bien —le contesta el presidente de la CCS echándose para atrás—, de todas formas aquí no hay mucho que mirar; ya vi lo que tenía que ver. Y se marchó.
Cuando el presidente de la CCS llegó para preparar definitivamente el punto de venta y comenzar la gestión de comercio, el lugar estaba vacío. Antes del altercado, su propósito era mantener a los dependientes que estaban, pero ellos mismos se decantaron. Ahora tiene allí a su propia gente.
De que no será fácil, no lo será. Para muestra, este botón.
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Directivos de las CCS Niceto Pérez, de Bejucal, Raúl Gómez García y René O’ Reiné, de Melena del Sur, y Nelson Fernández, de Madruga, no quieren hacer una evaluación prematura de este sistema de comercialización. «Hay que esperar», dicen.
Al parecer la iniciativa pinta bien, pero han tenido otros tropiezos. Eluden los detalles. Sin embargo, Modesto Abreu, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en Mayabeque, no se anda por las ramas.
Consciente de su autoridad, y responsabilizándose con sus palabras, señala: «Lo que nos preocupa es la “represión”».
—¿Cómo dijo?
—Ya hay inspectores en los mercados presionando a las cooperativas con una serie de datos y trámites que son absurdos; incluso con muchos que ya fueron eliminados, que ya no se llevan.
—...
—También nos están afectando determinados controles en la carretera. Paran el camión y le dan vueltas y vueltas... Y ni esos inspectores ni esos controles en la carretera son para hacer cumplir la ley, están esperando otra cosa...
—¿Usted va a mantener esas palabras?
—Soy responsable de lo que le estoy diciendo. Además, nosotros le pedimos a la población que denuncie cualquier mercado, placita o punto de venta arrendado por una cooperativa donde se estén poniendo precios altos, porque este experimento es para bajar los precios a la población, entre otros propósitos.
El desarrollo experimental en estas tres provincias de nuevas fórmulas en la comercialización de productos agropecuarios es prometedor. La «criatura» tiene que nacer bien. Pero eso no depende solo del Gobierno, ni de los campesinos y demás bases productivas que participarán de la iniciativa. Es responsabilidad de todos nosotros.
