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«Será la presión pública, junto con las obligaciones legales que le corresponden a EE.UU., las que eventualmente forzarán a la Casa Blanca a encausar a Posada Carriles por terrorismo y asesinato», dijo a Cubadebate el abogado José Pertierra, quien representa a Venezuela en el caso de extradición del terrorista, liberado ayer de todos los cargos que pesaban sobre él ante el tribunal federal de El Paso, Texas.
Contactado vía telefónica, Pertierra aseguró que «Venezuela está indignada», más que con la decisión de la jueza Katlheen Cardone que se dio a conocer en la tarde de ayer, con «el hecho vergonzoso de que Estados Unidos no le ha dado curso a la solicitud de extradición, ni ha encausado a Posada Carriles como el asesino confeso que es, ni lo ha certificado como terrorista».
En opinión del abogado, a la jueza Cardone le correspondía analizar las declaraciones que dio Posada Carriles a las autoridades de inmigración, en el curso de su solicitud de naturalización y al hacerlo, se dio perfecta cuenta de la trampa de la fiscalía.
«Concluyó algo que era previsible: que Posada Carriles, acusado de haberle mentido a las autoridades, había sido engañado a su vez por los mismos oficiales de inmigración a los cuales él intentaba engañar. Parece un trabalenguas, pero lo que ocurrió en esa entrevista para la naturalización fue una cínica competencia de mentirosos», añadió Pertierra.
«Lo que tácitamente dice la jueza es que los funcionarios gubernamentales le mintieron a Posada Carriles para acorralarlo como mentiroso, y no como terrorista», aseguró.
Según Pertierra, el gobierno sabía que él intentaría proteger a sus cómplices, Santiago Álvarez Fernández-Magriñat y Osvaldo Mitat, para que no fueran encausados por ayudar a un terrorista a ingresar ilegalmente en territorio estadounidense. En la orden de 38 páginas divulgada ayer, la Jueza consideró la actitud gubernamental como «impropia e ilegal», y aseveró que el gobierno cometió «fraude, engaño e hizo trampa» y que estas tácticas son «groseramente chocantes y tan indignantes que violan el sentido universal de la justicia, por eso el tribunal no tiene otra opción que desestimar las causas».
Cardone reconoció en su decisión que «la determinación de certificar o no a un individuo como terrorista está dentro de la potestad del Ejecutivo (Casa Blanca), no con este tribunal». Y añadió: «Este tribunal no va a hacerse de la vista gorda con la mala conducta del gobierno, simplemente porque el acusado es una papa caliente política. A esta Corte le incumbe, no la política, sino la preservación de la justicia penal.»
Pertierra afirmó que sigue en manos de la Casa Blanca la posibilidad de evitar la impunidad para el terrorista. «Si la Corte hubiera absuelto a Posada, ya habría terminado el proceso judicial en El Paso. Pero la Corte no ha emitido un veredicto de culpabilidad o no, sino que ha desestimado los cargos a raíz de una moción presentada por la defensa. La decisión sobre esa moción se puede apelar.»
El gobierno también puede -y debe- certificarlo como terrorista. «Si hace eso, Posada va preso nuevamente.» Dijo Pertierra que el gobierno «puede, además, darle curso a la solicitud de extradición presentada por Venezuela, y puede y debe encausarlo en Estados Unidos por 73 cargos de homicidio en primer grado por los hechos del 6 de octubre de 1976, como obligan varios acuerdos internacionales de los cuales EE.UU. es signatario. Podría, si quiere, encausarlo por homicidio y terrorismo, en relación con el asesinato de Fabio Di Celmo y las bombas en La Habana, en 1997.»
A juicio del abogado, «el manejo de este caso, primero como un simple trámite inmigratorio, y después como un proceso penal por infracciones leves de inmigración, está diseñado para evitar que Posada Carriles hable de su larga trayectoria en la CIA mientras cometía actos terroristas».
