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La naturaleza criminal de la mafia terrorista anticubana radicada en Miami y su complicidad con las autoridades norteamericanas, fueron denunciadas este lunes en la Mesa Redonda Informativa.
La necesidad de defensa del pueblo cubano ante tales hechos, como demuestra el caso de los Cinco, fue argumentada por los panelistas, quienes enfocaron en su debate la denuncia por estafa presentada en Miami por el mafioso José Antonio Llama —alias Toñín—, contra un grupo de sus propios socios.
Colaborador del fallecido millonario Jorge Mas Canosa, ex presidente de la llamada Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), Llama reconoció ante varios medios de difusión que él y otros miembros de esa organización crearon en 1993 un grupo paramilitar para hacer sabotajes en nuestro país y asesinar al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Un helicóptero de carga, aviones, embarcaciones y explosivos fueron adquiridos por los terroristas, millonario préstamo mediante, para sus acciones, y varios miles fueron entregados, según Llama, a José Pepe Hernández, funcionario de alto rango en la FNCA.
El dinero sería reintegrado al banco mediante contribuciones de miembros de la FNCA, pero estos incumplieron ese compromiso. Como Llama no pudo devolver el préstamo y se declaró en bancarrota, presentó una demanda contra sus socios.
Entre los integrantes del citado grupo paramilitar se hallan terroristas que hoy son procesados por tenencia ilegal de armas, entre ellos Santiago Álvarez Fernández-Magriñá y Osvaldo Mitat. Otros participantes en esos hechos son Pepe Hernández, Luis Zúñiga y Ninoska Pérez.
Los panelistas también brindaron amplia información de las actividades de la FNCA y sus dirigentes, sistemáticamente denunciadas por las autoridades y medios de prensa cubanos.
Prueba inequívoca del manto protector que el Gobierno norteamericano tiende sobre los contrarrevolucionarios fue lo afirmado por Eduardo Soto, abogado del terrorista Luis Posada Carriles. En moción presentada en El Paso, Texas, donde se sigue juicio a su defendido por entrada ilegal en EE.UU., Soto afirmó que las actividades criminales de este eran de amplio conocimiento de las autoridades estadounidenses.
Esa «dejar hacer» contrasta con la persecución de esas mismas autoridades contra toda persona que viaje a Cuba. Por ello los panelistas examinaron varias disposiciones estatales y federales anticubanas, dictadas en aquel país, entre ellas la prohibición a profesores universitarios de la Florida para viajar y relacionarse con sus pares de Cuba, los cuales han protestado y reclaman ante las cortes su derecho constitucional al intercambio académico. (AIN)
