Acuse de recibo
Esta columna «con todos y para el bien de todos» una vez más rinde cuentas a la ciudadanía de su gestión mediadora con las instituciones del país, ante las quejas y peticiones de las personas publicadas en este democrático escarceo.
Algo sui generis en el último período analizado (primer semestre de 2025), es que se modificó el rasero para medir el cumplimiento en tiempo de las respuestas a lo publicado aquí. Hasta el 12 de marzo pasado, se establecía un plazo de 60 días para responder. Y desde el 13 de marzo comenzó a regir la Ley 167 del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas, que acorta la respuesta a 30 días como máximo, y con mayor exigencia y rigor.
Y comparando en materia de respeto y obligación de responder este primer semestre de 2025 con igual período de 2024, al menos nos alienta entre muchas insatisfacciones que haya crecido el por ciento de respuestas a las quejas publicadas, de un 46 a un 61. ¿Nos reconforta? No. Eso quiere decir que aún en este primer semestre de 2025, no se sintieron aludidos o hicieron oídos sordos los responsables en un 39 por ciento de los planteamientos e inconformidades aquí.
Lo preocupante es que en medio de tantos problemas y carencias que experimenta la sociedad, haya entidades, instituciones y directivos que se permitan ignorar sus obligaciones con el pueblo, y se alejen de la ética de atender y servir al soberano.
Lo otro es la disciplina de responder a tiempo. Así como ante las quejas publicadas hasta el 12 de marzo hubo morosos que enviaron su respuesta fuera de aquellos 60 días establecidos, también con el nuevo plazo a partir del 13 de marzo, hay incumplidores que se sobrepasaron de los 30 días, o no han respondido.
Es elocuente que el 48,8 por ciento de las respuestas recibidas en el período muestren la solución inmediata de los problemas planteados, precisamente compulsada por la mera revelación pública en esta sección. Son problemas de mucho tiempo, ante los cuales los ciudadanos se han desgastado en gestiones a diferentes instancias y niveles, y que se solucionan de súbito. ¿Por qué no antes?
El 68,3 por ciento de las respuestas señala las razones por las cuales anteriormente la queja no había sido atendida o solucionada. Pero, no siempre los argumentos son transparentes. Invocan carencia de recursos, pero también hay muchas condicionantes en lo subjetivo, insuficiencias en algo tan sagrado hoy como la atención a los ciudadanos, ausencia de control interno y de riendas sobre la gestión cotidiana de la entidad. Eso, para no hablar del 31,7 por ciento de quienes ni siquiera se dignan en buscar una excusa públicamente para su desatención.
Una muestra palpable de impunidad y de falta de transparencia es que solo el 4,9 por ciento de las respuestas indica las medidas adoptadas para sancionar a los responsables de negligencias, entuertos y violaciones revelados en toda su gravedad, ya fueran de jefes o de subordinados. Y en tal asunto, lo que predomina son las amonestaciones cuales regañitos de papá.
Igualmente, están quienes, a más de prometer la no repetición futura de tales dislates en una arremetida consignista, no revelan un profundo y convencido sentido autocrítico, con la larga mirada estratégica de qué lección pueden extraer en materia de técnicas de dirección, liderazgos y controles internos. Hay respuestas elusivas, al paso y formales: sin profundizar en las raíces del problema.
Llevamos años en esta columna señalando, en las quejas de los ciudadanos, y en las respuestas sesgadas y por cumplir en una estadística, los polvos que traen estos lodos. Y martianamente hablando, son escasos como los montes los esclarecimientos integrales y de profundo calado.
Pero, los servidores públicos que responden con rigor, respeto y sensibilidad nos sirven de inspiración para seguir batallando en el compromiso estricto con la ciudadanía que anima a esta esquina de la reivindicación humana.
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