Acuse de recibo
El 9 de noviembre de 2020, desde la CPA Delfín Luis Paz, en Tamarindo, municipio avileño de Florencia, Anabel Sanabria Pérez denunció aquí que su hijo de 14 años, postrado y ciego, sufría los excesos sonoros de unos vecinos que ponían la música a altos niveles.
Anabel les rogaba que regularan el volumen para lograr la estabilidad del niño. Y tuvo que llamar a la Policía, lo cual trajo deterioro en las relaciones con esos vecinos y más música alta. Le decían que se mudara, pues tenían derecho a oír la música como a ellos les gusta.
Ella pidió ayuda a la PNR, conversó con el jefe de la Policía y la Fiscal del municipio, mostró un resumen de historia clínica del hijo, que evidencia que ese tipo de niños (PCI, ciego, con alto riesgo de morbilidad y cuadriplejia espástica) necesita un ambiente tranquilo. Y todo seguía igual.
El 17 de noviembre de 2020, ocho días después, respondía aquí un especialista de Atención a la Población del Gobierno municipal que ¡ni siquiera dio su nombre!
Refería que constató el estado de salud del muchacho, y que sufría por los excesos sonoros. Bajo esos estados emocionales se ponía muy irritable y agresivo, llegando a cambios de coloración y a autoagredirse.
Decía que «teniendo en cuenta los criterios especializados de los profesionales de la Salud, se procedió al intercambio con los vecinos que, irrespetando el derecho a la tranquilidad y la paz de la convivencia, ponen música a altos niveles y provocan tales reacciones». Y agrega que, en alusión a la Constitución de la República, se aclararon los deberes y derechos de cada ciudadano de respetar los derechos de los demás.
No obstante, añadía, también en el intercambio se le esclareció a Anabel que tiene que llegar a consenso con los vecinos y respetar sus viviendas, pues ella había irrumpido en estas solicitando en forma inadecuada que se cumplan sus exigencias de no poner música, lo que llegó a provocar un mal ambiente entre los vecinos del barrio.
Como resultado de la visita, concluía, se convenció a los jóvenes responsables de los altos decibeles para que escuchen música a volúmenes adecuadamente establecidos por la legislación ambiental, y colaborar con la salud y la tranquilidad del niño y con las nuevas normas de convivencia social.
Y este redactor añadía: «Ojalá que se logre zanjar definitivamente el problema y las autoridades correspondientes le den ahora el seguimiento que no le prodigaron antes de publicarse la queja».
A casi cuatro años de dicha respuesta, vuelve Anabel para aclarar. «No soy esa persona falta de respeto que mostró el Gobierno de mi municipio cuando respondió que yo invadía las casas de mis vecinos para quitarles la música. Nunca he penetrado ningún hogar ni me he dirigido a ellos con falta de respeto».
Y reafirma que sigue la música de los vecinos irrumpiendo la paz y la tranquilidad de su hijo. Que ha ido a quejarse al Gobierno Provincial, la ANCI Provincial, la Fiscalía Municipal y al Bufete Colectivo Municipal, luego de que el Gobierno Municipal le dijera que no podía hacer más nada por ella.
Además, se ha quejado muchas veces, infructuosamente, en la Policía de su comunidad y la del municipio. La salud de su hijo se ha complicado, ha tenido nuevas crisis convulsivas y ha perdido su tranquilidad.
Y finalmente solicita ayuda de instituciones que se involucren para resolver definitivamente tan prolongada situación, y no se rindan en el primer paso.
¿Será posible que el hijo de Anabel viva en esa desprotección, sufriendo a expensas de los excesos ajenos?
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