Acuse de recibo
Según Yarina Morales Morejón, una de las residentes en el edificio multifamiliar sito en calle 32, No. 754, entre avenida Kohly y 41, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución; todo comenzó en julio de 2020, cuando dicho inmueble sufrió la caída de un balcón.
Pocos días después, señala, fue presentada por las autoridades del Gobierno y de la Dirección de la Vivienda (DMV) en ese municipio una brigada que le haría una reparación capital.
Pero la brigada de marras, afirma, lo que hizo fue debilitar en extremo la estructura del edificio, a la espera de unos materiales para concluir las obras, que nunca llegaron. Y en consecuencia, la DMV les informó en diciembre de 2021 que el edificio debía ser demolido y reconstruido. Y fueron innumerables las fechas y variantes de solución, ninguna llevadas a cabo, e informadas tanto por la Vivienda como por el Gobierno de Plaza.
Lo peor es que actualmente, y después de un cambio de dirección en la DMV, les comunican a los vecinos que no consta expediente alguno de ese. Y que de ninguna manera se puede ni demoler ni reconstruir el edificio.
«Es importante llamar la atención, afirma Yarina, que se trata de un inmueble que nunca ha sido ni siquiera apuntalado; por lo que el riesgo de que se desplome y se pierdan vidas humanas es inminente.
«Este es solo uno de los miles de intentos realizados para llamar la atención de las autoridades con el objeto de que se responsabilicen por su actuar y ofrezcan una solución.
«Estas viviendas no se cayeron. Fueron destruidas ante la vista y bajo la autorización de la Vivienda y el Gobierno de Plaza, por una brigada calificada por ambos como la mejor del municipio. Y con la promesa de ambas autoridades de que los materiales para las obras estaban garantizados», concluye Yarina.
«¿Hasta cuándo lo de la música alta en todo el país, afectando la tranquilidad de los vecinos?», cuestiona Caridad Torres Domínguez desde Máximo Gómez 43, en la localidad holguinera de Mayarí.
Refiere la lectora que en esta columna se ha denunciado reiteradamente la contaminación sonora y no se ve una solución a ese mal generalizado.
Y manifiesta: «Yo quiero que la máxima dirección del país me diga quiénes son los Gobiernos municipales, la Policía, Salud y Medio Ambiente para vulnerar nuestros derechos, el de los niños, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas, cuando autorizan y permiten la música a todo volumen hasta altas horas de la noche?
«¿Quiénes son ellos para regular mi horario de sueño, y decir que yo me tengo que dormir después de las 12 de la noche, y los sábados después de las dos de la madrugada?».
Encabezados por Mercedes Ramos, vecinos del Edificio 621 de la Zona 16 del reparto Alamar, en la capital; denuncian la grave situación que enfrentan hace más de un año: Las tuberías de la fecal que pasan por detrás del inmueble están colapsadas por tupición, y las aguas albañales ya inundan toda esa área, a menos de un metro de distancia de la cisterna que suministra el agua para esos 35 apartamentos.
Refieren que se han hecho múltiples gestiones infructuosas. En marzo de 2023 el presidente de la Junta de Vecinos informó del problema al Gobierno municipal y se hizo reporte para que se enviara el carro para la destupición. Y nada. El 14 de abril de 2023 se volvió a reportar la tupición, y tampoco hubo respuesta.
Lo que sí ha habido son pretextos, dicen. Que si se estaban atendiendo casos reportados en mayo de 2022. Que se estaban priorizando los casos de Salud Pública y Educación. Una vez fue un inspector y dijo que retornaría a tomar fotos para presentar evidencias. Y todavía lo están esperando.
«Ya las aguas albañales amenazan peligrosamente la cisterna. ¿Qué pasará si se contamina el agua del edificio? ¿Cuántos vecinos enfermarán, e incluso, podrían fallecer?», concluyen.
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