Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 18 de abril, desde Avenida Independencia Este (Corral Falso) 402, entre Pasaje Hernández y Lobatón, La Hata, Guanabacoa, La Habana, Raidel San Martín Lozano denunció reiteradas violaciones del centro cultural La Padova y varios negocios privados de la zona: música a excesivo volumen y escándalos públicos a cualquier hora, sin el más elemental respeto a las leyes vigentes.

En la carta, suscrita por varios vecinos, Raidel contó que su hijo de seis años presenta trastornos en el espectro autista, y es muy sensible a esa contaminación sonora, que lo despierta a altas horas de la madrugada, le imposibilita su descanso, además de dañar aún más su salud.

Varias veces, añadía, hablaron con la Delegada del Poder Popular. Se quejaron con la Directora del centro cultural. Hicieron múltiples llamadas a la Policía, que en algunas ocasiones se presentó allí y llamó la atención a los propietarios. Pero al siguiente día todo seguía igual.

Hubo vecinos que el 6 de abril presentaron queja ante la PNR y el Partido municipal. Después enviaron cartas, vía email, al Partido en el municipio y a la provincia, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y a los ministerios de Justicia y de Cultura, entre otros.

Refería que esos excesos ocurren hace más de un año, con la reapertura del centro La Padova, que ha improvisado una discoteca. «Ese local, decía, no está acondicionado para tales efectos. No cuenta con la debida insonorización, y su música en excesivo volumen y de muy mal gusto inunda todo el vecindario. A ello se suma la apertura de negocios privados que abren 24 horas vendiendo bebidas alcohólicas, y donde se aglomeran decenas de autos y motos que a cualquier hora atormentan a los vecinos con su música y ruidos elevados. Y han atraído elementos delictivos.

«Estamos viendo con mucho temor, decía, que nuestro barrio se está convirtiendo en un infierno, donde se violan constantemente nuestros derechos a una vida tranquila… Somos defensores de la iniciativa privada (yo mismo soy arrendatario), pero creemos que todos, estatales y privados, debemos respetar el derecho a una vida en paz. A poder sentarme en la sala de mi casa a ver mi TV sin interferencias… A que nadie me obligue a escuchar su ruido de mal gusto o me despierte en medio de la madrugada. A que mi hijo no tenga que ver el mal ejemplo de personas bebiendo alcohol en plena calle, o a esconderse cuando empieza una riña por esos excesos», concluía.

Raidel volvió a escribirme para contar que semanas después de lo publicado, lo visitaron funcionarios de la Intendencia municipal. Y tras una investigación se acordaron por el Consejo de la Administración Municipal medidas que trajeron un poco de paz al barrio: reducir el tiempo de servicio de esos centros, no contaminar el ambiente sonoro (sobre todo de noche) y controlar el consumo de bebidas alcohólicas.

«Pero, añade, al parecer el decreto del CAM era solo provisional. Hemos recibido con sorpresa un email de uno de los propietarios de negocios de la zona informándonos que el próximo viernes ¡volverán a trabajar las 24 horas!

«Le hemos escrito a la Intendente municipal y nos hemos quedado muy sorprendidos. Primero nos dice que ellos no han autorizado tal cosa, pero que tal vez cuando llegue “el nuevo proyecto” se autorice. También indica que yo he sido muy injusto en quejarme tanto, que hay otros lugares en el municipio que trabajan las 24 horas y no causan inconvenientes. Que no cree que esos negocios afecten mi privacidad (eso es llamarnos mentirosos). Y dice que los vecinos no somos los que condicionamos los horarios de tales centros.

«Los hechos están claros: hubo una denuncia formal avalada y testificada por varios vecinos (con pruebas de videos y testimonios). Hubo investigación y un dictamen redactado por una comisión. Todo se intenta convertir en letra muerta. Repito, están atentando contra la salud de un pequeño que padece una condición especial, y en consecuencia contra la de mi esposa y al menos un par de vecinos más. Pero, y si fuese solo la de mi bebé, ese es motivo suficiente para exigir enérgicamente que el Gobierno cumpla con su función y al menos que respete sus promesas».