Acuse de recibo
Preocupado por el alto contagio de COVID-19 en La Habana, Brígido Julián Santiago Montes de Oca, residente en el edificio C-26, apto. 1, zona 6, en el reparto Alamar, La Habana del Este, piensa que el necesario distanciamiento, si bien es deber de cada ciudadano, también constituye una responsabilidad estatal y gubernamental. Y al menos para las autoridades de la capital del país él tiene varias sugerencias:
Sobre las colas en tiendas, mercados y quioscos, podría rehabilitarse lo hecho en el período especial, cuando se organizó la venta por circunscripciones en los consejos populares. Y ejemplifica con la positiva experiencia del municipio de La Habana del Este en septiembre de 2020 en plena pandemia: venta de alimentos liberados en CUP vinculando las libretas de abastecimiento a las tiendas y quioscos, lo que permitió una más equitativa distribución, y se eliminaron las colas, los coleros y revendedores.
Recuerda también que en el período especial, para atenuar las colas en las panaderías, se organizaron paneras
y puntos de venta de pan en los barrios y circunscripciones. Ahora podrían incrementarse más para evitar aglomeraciones.
En cuanto al no menos complicado asunto de las colas en las farmacias, considera que debe instrumentarse en ellas un sistema de mensajeros para los medicamentos con tarjetón y recetas, y a la vez restablecer los grupos de control popular que se crearon durante el período especial para el control de los medicamentos.
Sobre el transporte público, propone revitalizar las medidas implantadas en septiembre de 2020: transporte solo para los centros de producción y servicios, y, además, solo las gacelas y ruteros de cinco pesos. El resto de los equipos hay que paralizarlos, para ahorrar combustible.
«No se trata de paralizar La Habana, dice, sino de cumplir con el distanciamiento social para evitar que siga aumentando el contagio y, en consecuencia, los fallecidos. Esperamos oídos receptivos de quienes tienen que tomar estas decisiones», concluye.
Luis Nel Mata López (Juan Moreno, No. 62, entre Julio Quevedo y calle 13, Reparto Sanfield, Holguín) cuenta que se graduó de ingeniero químico en la Universidad de Oriente en julio de 2020 y se incorporó al servicio social en la fábrica Moa Nickel S.A. (Pedro Sotto Alba), pues entonces residía en Moa.
A los diez meses se mudó para la ciudad de Holguín y buscó una entidad donde pudiera completar su adiestramiento. Holagua lo aceptaba, pero el procedimiento para el cambio debe hacerse entre los organismos superiores correspondientes.
«Ellos emitieron la solicitud a la OSDE, y de la OSDE al Ministerio, refiere. Entonces en Moa Nickel me dan una licencia sin sueldo por 60 días, para ver si en ese tiempo llegaban los papeles confirmándome el cambio de boleta, y continuar mi servicio social en Holguín.
«En fin, la licencia culminaba el 8 de agosto y no han llegado los papeles de aceptación del traslado de la boleta. Mi
preocupación es que, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, dijeron que se iba a evitar la tramitación y todo este tema burocrático del que estoy siendo víctima.
«Y si no me incorporo en Moa, donde ya no tengo dónde vivir, tienen autoridad en la empresa para invalidar mi título. Mi interés es continuar mi servicio social aquí en Holguín, donde vivo actualmente, ya sea en Holagua o en cualquier otra empresa que necesite mi perfil.
«También me gustaría que tuvieran en cuenta la situación que vive el país. Estoy sin trabajar, y, por ende, sin salario. Mi caso lo conocen en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, así como en la Municipal. También he escrito al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
«Quiero empezar a trabajar y no puedo. Incluso me advirtieron que no puedo ejercer ningún contrato en cualquier otra entidad, aunque no esté relacionado con mi profesión, mientras espere esos papeles porque sería ilegal, ya que tengo un servicio social abierto», concluye.
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