Acuse de recibo
Roberto Hernández Frías (calle 31 No. 3, reparto Flores, Cruce de los Baños, provincia de Santiago de Cuba) confiesa que lleva años esperando porque en su localidad se haga cumplir lo legislado en cuanto a los ruidos excesivos.
El remitente, con 71 años y jubilado, manifiesta que son muchas las quejas de la población al respecto, y es obligación de la Policía Nacional Revolucionaria hacer cumplir lo legislado en función de lograr la tranquilidad ciudadana en tal sentido.
«La situación que me aqueja es reiterativa, afirma, y acudo a ustedes como último recurso. El 21 de octubre la Fiscalía remitió al jefe del Minint del municipio de Tercer Frente un informe detallado por la
indisciplina social provocada por varios vecinos en la cuadra, en relación con la música excesivamente alta y las continuas reuniones para fiestas y juegos prohibidos, como peleas de perros».
Detalla cómo allí no hay respeto en estos tiempos de pandemia: «En esas viviendas se violan las medidas de protección que se orientan por Salud Pública, estando frente al policlínico. Los CVP llaman a la PNR y no actúan. Esas viviendas permanecen, preferiblemente los sábados y domingos, con aglomeración de personas, tanto mayores como niños.
«El volumen de los equipos de audio con sus altos decibeles perturba la tranquilidad del barrio, y son sesiones desenfrenadas de 14 horas. Prácticamente un carnaval. Las consultas en el policlínico apenas se pueden realizar.
«Soy vecino de una de esas viviendas, con una anciana postrada de 102 años y mi esposa de 70 con varias enfermedades al igual que yo, presión arterial, insuficiencia renal, cardiopatía y más. Somos personas que necesitamos tranquilidad y no se nos permite dormir de noche ni de día».
Refiere que esas personas indolentes no controlan la agresión auditiva. Y tanto el Gobierno municipal, la PNR y demás autoridades conocen de esa situación, que se agrava cada día más, como un acoso.
Roberto ha tratado de establecer una demanda judicial mediante el bufete colectivo, y el abogado que le atendió sencillamente desconoce en qué legislación debe apoyarse para el proceso. «Son mi última esperanza, ya que estoy a punto de tomar la ley por mis manos», concluye el veterano.
El ingeniero informático Yankiel Fundora Quintana denuncia que en la comunidad rural Ategorrieta donde reside, en el municipio matancero de Martí, hace aproximadamente un año hay serias dificultades con el agua potable.
Tal problema, dice, se lo han planteado al delegado del Poder Popular de la circunscripción, quien además es el Intendente del municipio; al delegado municipal de la Agricultura y a la directora municipal de Recursos Hidráulicos en reiteradas ocasiones, quien afirma que conoce que algunas personas utilizan y desvían el preciado líquido para regar sus siembras, pero ella no puede hacer nada al respecto (¡…!).
Cuenta Yankiel que el 12 de abril, después de ocho días sin agua, se presentó en el Comité Municipal del Partido, como militante que es, y comunicó el grave asunto.
«Es bochornoso que existan personas inescrupulosas que utilicen para fines personales un recurso tan preciado como el agua, que está contemplado como estratégico en la Política Económica y Social. Y a la vista de varios dirigentes, que tienen que velar porque esto no ocurra y que se le de el uso racional del que tanto se habla por todos los medios de comunicación masiva de nuestro país», concluye.
En ambas historias hay un nudo común: las autoridades locales, que no enfrentan con la manga al codo problemas que aquejan a los ciudadanos. Pensar y actuar como municipio para pensar y actuar como país. Eso falta allí.
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