Acuse de recibo
Frank Ernesto Delgado Echemendía (Mirto No. 186, entre Madrigal y Cabrera, reparto Escribano, ciudad de Sancti Spíritus) narra un gran drama familiar: Tiene un hijo de 30 años que, al nacer, presentó una hipoxia, y ello le provocó retardo mental y discapacidad para hablar y comunicarse. Es, al decir del padre, como un niño de diez años. Y la esposa de Frank, madre al fin, tuvo que dejar su trabajo para atenderlo.
Nunca pidieron ayuda, pues Frank siempre trabajó para sostener la familia. Pero hoy él está muy preocupado y con cierta incertidumbre, pues padece un síndrome nefrótico crónico. Hubo tiempos de estar ingresado un mes, y nunca solicitaban ayuda.
«Mi temor ahora, dice, es que mi enfermedad al final termine en una insuficiencia renal. ¿Qué será de la vida de mi hijo? Mi esposa es diabética e hipertensa y padece de la enfermedad de la gota. Yo en estos momentos trabajo como agente de seguridad y protección en una agencia del Ministerio de la Construcción, pero según mi nefrólogo mi enfermedad avanza con el tiempo».
Ahora, con los cambios que se registran en el país, se acrecienta esa preocupación. Y su esposa fue a entrevistarse con los trabajadores sociales y a pedir ayuda.
«La respuesta, afirma, fue de ofensa y maltrato: Que no tenía derecho a nada. Que mi hijo no tiene nada, y mi esposa lo que no quería era trabajar. Que se pusieran ambos a trabajar, que yo trabajaba y con mi salario alcanzaba».
Pregunta Frank si con el salario que percibe, 2 660 pesos, puede mantener a su esposa, el muchacho y la otra hija, con los precios que se han elevado para todo.
«¿Que sensibilidad y valores humanos tienen (esos trabajadores sociales) para tratarnos así?, cuestiona. ¿Qué culpa tiene mi hijo? A mí me duele verlo metido las 24 horas en la casa, porque no le gusta el roce social. Se altera. Yo sufro en silencio. Que se ponga en mi lugar cualquier persona. Nosotros estamos luchando por una ayuda por discapacidad para que el día que yo o su mamá no estemos, tenga algo para poder mantenerse».
Comprende Frank que Cuba en este nuevo proceso esté reordenándose, y que debe resolver el problema de muchas personas que, estando aptas, quieren vivir sin trabajar. Pero ese no es el caso de su hijo, y de esa familia.
«Tenemos los papeles para demostrar todo. Se los presentamos a los trabajadores sociales y ni los miraron. Nos dolió la forma en que trataron a mi hijo, a quien solo hay que verlo y tratar de conversar con él para darse cuenta de todo», concluye el afligido padre.
La queja de este padre acerca del tratamiento dado por esos trabajadores sociales merece una investigación rigurosa, y una respuesta transparente en consecuencia; mucho más cuando el país está defendiendo, y demostrando en la práctica, la necesidad de proteger a los vulnerables.
Jaime Rousbel Sánchez Román (Avenida 164, No. 371, entre 3ra. y 3ra. J, Zona 1, Alamar, La Habana) felicita, en medio de tantas dificultades, al colectivo de trabajadores de la farmacia 270, conocida como «la de la Curva», en la Zona 25 de ese reparto; y especialmente al joven administrador de la misma, Osvaldo Leyva.
«Cada vez que voy a comprar los medicamentos de mi suegra, afirma, me llevo la mejor impresión de este joven, por su buen trato, la rápida atención a los clientes, el respeto con que atiende a quien le necesita, su manera tan sencilla de llegar al corazón de los usuarios que esperan poder comprar sus medicamentos y llevarse la más grata atención además.
«Ese joven, hasta donde sé, es el administrador de la unidad, pero a la vez se desempeña en el mostrador con una agilidad increíble en aras de no crear molestias a la población por demora o por falta de dependientes. Es uno más a la hora de crear todas las condiciones para agilizar que la cola no se extienda demasiado. Mi más sincero respeto para alguien así, servicial y cariñoso, al punto de considerarle un amigo más», termina Jaime.
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