Acuse de recibo
Raúl Báez Bello (calle F. Figueredo No. 321, Ciego de Ávila) cuenta que un amigo residente en el exterior le quiso enviar un multímetro, instrumento de medición para uso en electricidad y electrónica que le sería muy útil en casa. Y él decidió previamente consultarlo mediante correo electrónico con la Aduana General de la República (AGR), la entidad que controla lo que entra y sale del país, y vela así por la seguridad y protección de la sociedad y de la economía nacional.
Se remitió al correo de Atención al Público de la Aduana, y preguntó si estaba autorizada la entrada del equipo, adjuntando una foto del multímetro. Y aclaró que era para uso doméstico, no para negocio ni venta.
Le respondió la asesora jurídica que sí, que incluso por su valor, si no viniera con otro artículo o producto en el envío, se consideraría exento de pago de aranceles. Pero le aclaró que si se determinara que es de uso profesional, podría ser decomisado.
«Todo multímetro —manifiesta Raúl— es para uso profesional, aunque sea para usarlo en casa. Yo pregunté que cuáles eran los parámetros que determinan uno de uso doméstico de uno de uso profesional, y la respuesta que recibí es que los funcionarios de la Aduana están capacitados para determinar uno u otro y para decidir un decomiso». El lector pide «una respuesta bien clara y explicativa sobre algo que suele afectarnos».
«Espero que si se hace pública esta queja, la Aduana se digne en darme una explicación detallada. No creo que con respuestas como la recibida pueda yo poner en riesgo el dinero invertido desde el exterior, más los gastos de envío, en manos de un funcionario que decida.
«Debe aclararse detalladamente qué parámetros debe tener para que pueda pasar bien, sin riesgos de decomiso. Estoy pasando un curso on line de electrónica y necesito ese aparato que, por demás, en nuestras tiendas no se vende», concluye Raúl.
Porque pudiera ser la historia de muchas familias es que reproduzco la inquietud de Martha Antonia Crespo Suárez, quien reside en calle Martí No. 160, entre Donato Mármol y Quintín Bandera, en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba.
Cuenta la remitente que tiene 69 años y es jubilada, luego de que laborara atendiendo los planteamientos de la población en la Asamblea Municipal del Poder Popular en Palma Soriano. Ahora merece que se atienda con esmero su preocupación.
Refiere que en su casa hay contrato de gas licuado desde hace 60 años, de cuando los cilindros eran de cien libras. Pero ahora tiene derecho a dos balitas de diez kilogramos al año, en la condición de reserva. Y su municipio hace tiempo no contempla la venta de gas liberado.
Todo se agrava porque no tiene hornilla eléctrica. La olla arrocera y la olla reina, de aquel proyecto de la Revolución Energética en la segunda mitad de la primera década de este siglo, ya están desechas de tanto uso. Y en el taller fueron descartadas: sin solución.
«Busco una respuesta con sensibilidad —dice—, de corazón, como lo ha dicho nuestro Presidente Díaz-Canel. Necesitamos cuadros capaces de dar una respuesta a la población, con el corazón en la mano y mirándose al espejo. Espero una respuesta aun cuando no hubiera solución», termina Martha Antonia.
No podrá ser de inmediato, pero la recuperación de algunas facilidades de los programas de la Revolución Energética es una asignatura pendiente, que no puede pasarse por alto, mucho más cuando la economía cubana transita por una nueva estrategia de desarrollo, hacia un modelo de sostenibilidad.
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