Acuse de recibo
Ismael Hernández de la Oliva (calle 78, No. 4909, entre 49 y 51, Marianao, La Habana) denuncia aquí las afectaciones de larga data en el tiempo que provocan en el vecindario la actividad del taller de la Empresa de Proyectos e Investigaciones (EMPI), que ocupa la mayor parte de esa manzana.
Refiere que en un estudio ambiental realizado en 2002 por una institución del Citma se notificaba a la EMPI, «con afectaciones locales por ruidos debido a la ubicación incorrecta de talleres, así como la emisión de humos y olores que provocan daños a la salud de la población circundante, provocados por el mal funcionamiento del incinerador…».
Y en otro párrafo del documento, añade, se señalaba que «debe seguirse muy de cerca por la importancia de las sustancias contaminantes que se manejan».
Plantea Ismael que la situación de ese taller es conocida por el gobierno municipal, la presidenta del consejo popular y todos los delegados de la circunscripción que se han sucedido en estos años.
Pero lejos de resolverse, apunta, se ha incrementado, fundamentalmente lo relacionado con el ruido intenso debido a golpes metálicos, así como humos y olores desagradables, a los que se suman vertidos ocasionales de combustibles, todos ellos contaminantes, que provocan afectaciones a los habitantes de esas viviendas.
«Estas afectaciones, afirma, ocurren con frecuencias e intensidades variables, lo que dificulta su detección por parte de las autoridades. Al mismo tiempo, sacan de su carpintería un equipo que sitúan a escasos dos metros del pasillo que separa la entidad de las viviendas, y provocan ruidos ensordecedores.
«A lo anterior se suman escándalos frecuentes por discusiones entre los trabajadores, ocasionalmente acompañadas de malas palabras, sin tener en consideración la presencia de mujeres y niños en las viviendas», concluye.
Luis García González (Edificio 20, apto. 2B, calle 78 entre 5ta. A y 5ta. C, Villa Panamericana, La Habana) relata que el inmueble donde reside está situado exactamente frente al Paseo Central de esa urbanización, donde diariamente se reúnen personas de cualquier edad y sexo a conversar en voz alta, cantar, poner música alta y tomar bebidas alcohólicas a cualquier hora, preferiblemente por las noches hasta avanzada la madrugada.
«Pero lo más alarmante, expresa, ocurre las noches de los viernes y sábados, cuando se reúnen decenas de jóvenes, que en oportunidades pueden contarse por centenares, a realizar lo mismo. Pero por el número, obstruyen el tráfico y la bulla es ensordecedora, que no permite conciliar el sueño a los vecinos de los edificios circundantes».
En numerosas oportunidades, dice, los vecinos han llamado a la Policía por el 106. Y ocurren dos cosas: o no viene la patrulla, o cuando viene no toman ninguna medida. Y cuando se va vuelven a poner la música, burlándose así de las autoridades. Nunca se garantiza que termine la actividad y los vecinos puedan descansar. Y una buena parte de esos jóvenes no tienen nasobuco o los usan como corbata, lo que puede dar lugar a una seria transmisión de la COVID-19.
«¿A quién responsabilizamos si hay una trasmisión?, pregunta. ¿Al gobierno municipal o a la Policía? Porque cuando en una casa se da una fiesta y se produce un foco o evento de transmisión, se sanciona al organizador de la fiesta y a los participantes ¿A quién se debe sancionar en este caso?
«Estos escándalos en el Paseo Central de la Villa no son nuevos. Hace años que se vienen produciendo y son tema obligado en las rendiciones de cuenta de todos los delegados que hemos tenido. Y nunca se han resuelto», termina.
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