Acuse de recibo
Hay historias urgentes aquí que, en medio de una pandemia como el coronavirus, merecen respuestas y atenciones también urgentes, como la de Alexis Pérez Bayans, que con esta de hoy, lleva tres capítulos y aún no se ha resuelto.
La primera vez fue el 25 de junio pasado, cuando Alexis contaba que es discapacitado físico y vive con su mamá de 81 años en la ciudad de Cienfuegos, y estaba pasando mucho trabajo para gestionar los alimentos de la casa.
Refería que en unidades comerciales se identificaba ante el oficial que protege el orden de la cola, y le daban prioridad. Pero un buen día le dijeron que tenía que hacer la cola, ¡como son esas colas!, a un hombre que le cuesta trabajo estar de pie tanto rato.
«Si hay disposiciones que me protegen como discapacitado, dice, ¿por qué no se cumplen? ¿Quién las cambió? Necesito una explicación y ayuda. Mi mamá no puede salir a hacer colas, yo tampoco», afirmaba Alexis.
Ya el 25 de junio respondía aquí Miriam Lau Valdés, directora de Relaciones Internacionales y Comunicación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que, según lo dispuesto, los trabajadores sociales deben atender a los adultos mayores y personas en condiciones de vulnerabilidad que vivan solos; pero también tienen indicación de dar atención diferenciada a los núcleos familiares más vulnerables, evaluar sus problemas y tramitar ante la autoridad que corresponda.
Y añadía que el trabajador social que atiende a esa familia debe coordinar con los factores de la comunidad y buscar una solución al respecto. Y comunica que se envió el caso a la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cienfuegos, para su evaluación y solución. Y aseguraba que darían seguimiento al caso para que Alexis reciba una respuesta y la atención consecuente.
Me acaba de llegar una segunda carta de Alexis con lo ocurrido allí en Cienfuegos, a raíz de la publicación de su queja: una trabajadora social le visitó y tomo sus datos. Y después de publicada la respuesta del MTSS fue otra trabajadora social, quien tomó sus datos (nuevamente) y le dijo que todo iba a ser entregado a la Directora municipal de Trabajo y Seguridad Social.
«Ya han pasado varios días, afirma, y todo continúa igual. No he ido más a comprar a las tiendas donde haya colas. Me cansé de recibir la misma respuesta. Me siento como don Quijote luchando contra los molinos de vientos.
«Soy una persona vulnerable y está el deber de atenderme, ayudarme y respetar mi derechos como discapacitado, que es lo único que pido porque es mi derecho que está en la Constitución. ¿Puede alguien estar por arriba de la Ley de leyes y violarla?, se pregunta Alexis.
Desde el reparto Sosa, en la ciudad de Las Tunas, Miriam Llerena Rosales relata una extraña historia que, a todas luces, parece ser un pase de cuentas o represalia.
Cuenta que el pasado 4 de julio su esposo no pudo adquirir los mandados de la canasta básica del mes de la bodega El Progreso, porque la Oficoda del reparto Casa Piedra, adonde pertenecen como consumidores, se los había negado.
Le prohibieron venderle a ese núcleo familiar los mandados del mes, sencillamente porque un integrante de esa familia se había quejado anteriormente, a consecuencia de que no le habían vendido parte del aseo personal.
«Eso no es cierto, aclara Miriam, pues mi esposo había comprado el primer módulo de aseo completo. Quedé atónita, no podía creerlo. Era sábado por la tarde y al otro día domingo. Pensé: ¿y ahora qué comemos? Es una falta de respeto y de ética que un trabajador de la Oficoda se tome la atribución de decidir sobre la alimentación de un núcleo familiar de personas trabajadoras. Yo creo qué eso empaña el esfuerzo que realiza nuestro país para que todos nosotros tengamos esos alimentos subsidiados por el Estado en tiempos tan difíciles», concluye.
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